Como es un derecho fundamental, el derecho de petición debe regularse a través de una ley estatutaria. Por esa razón, la Procuraduría General de la Nación le pidió a la Corte Constitucional declarar inexequibles los artículos 13 al 33 del nuevo Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 del 2011), que entrará en vigencia el próximo año. Previendo las consecuencias de la inexequibilidad, la Procuraduría le pidió a la Corte modular los efectos de su decisión en el tiempo y exhortar al Congreso a expedir una ley estatutaria que regule el tema.