La caracterización económica real de nuestra población es un problema grave por solucionar.

Socios, abogados asociados, abogados junior, asistentes legales, practicantes legales y el personal administrativo participaron en la celebración de los 10 años de fundación de Víctor Mosquera Marín Abogados.

La Corte ha reconocido la indexación de la primera mesada en pensiones legales y también en las pensiones convencionales.

La competencia para la elección de su representante legal, en este caso bajo la denominación de gerente, corresponde a la junta directiva de la entidad.

Es deber del funcionario judicial que realiza el control sobre la restricción de ponderar los derechos fundamentales que se encuentran en tensión.

Ninguna disposición vigente impide impulsar una impugnación de la maternidad o de la paternidad extramatrimonial o extramarital amparándose en la regla del artículo 219 del Código Civil.

La accionante solicitó el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social y la aplicación de la norma más favorable en materia pensional.

Según el artículo 247 del Código General de Proceso, la simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos.

En el ámbito penal, el populismo punitivo es una expansión irracional del derecho penal en términos de delitos y penas, realizada por agentes políticos para obtener ganancias electorales.

Estos instrumentos son de gran interés para las entidades gubernamentales por permitir la realización de sus objetivos o la ejecución de acciones acordes con sus planes de desarrollo.

El libro ofrece un análisis crítico de concepciones pluralistas, epistémicas y lotocráticas de la democracia.

Según Gardbaum y Melero, el control débil incrementa el potencial dialógico y colaborativo entre los poderes estatales, porque establece, como regla general, que los derechos solo están sujetos a restricciones razonables.

Parece que la norma se contradice cuando en uno de sus apartados obliga a las EPS e IPS a la interoperabilidad, es decir, a compartir entre ellas la historia clínica de los pacientes.

Durante su camino a la Presidencia, la dupla Petro-Márquez exacerbó las expectativas de gran parte de la población que se siente ajena a los beneficios económicos de la sociedad y la cobertura del Estado.

En primer lugar, debe realizar la licitación pública o, en segundo término, observar el deber de escogencia del contratista de manera objetiva.

Aunque el accionante indicaba que no se había emitido la póliza de seguro de vida en su favor por padecer VIH, la aseguradora logró demostrar lo contrario.

La presencialidad permite que los juicios se nutran de alegaciones persuasivas, confrontaciones dialécticas, debates probatorios, interrogatorios cruzados y oraciones forenses.

No hemos vuelto a la época de la penitencia pública, por cuanto, en verdad, nunca la hemos abandonado. Sin embargo, los ambientes virtuales demandan nuevas aproximaciones jurídicas.

Pese a los ajustes, transición seguirá siendo considerado como el primer grado obligatorio de la educación formal.

Cuando el POT sea expedido por decreto, no puede incorporar la delimitación territorial de las localidades del Distrito Capital de Bogotá.

No tomar posesión del cargo dentro de los tres días siguientes a la instalación del concejo municipal es una conducta constitutiva de desinvestidura.

Esta es la primera hoja de ruta que el Gobierno saliente deja al presidente electo Gustavo Petro.

No arrancó bien el Congreso este año. Se instaló de manera irregular, presidido por dos particulares que habían dejado de ser congresistas a las 12 de la noche del 19 de julio.

La naturaleza del cargo implica funciones de confianza, por lo que su nombramiento es discrecional.

La Corte Constitucional hace llamado a una entidad bancaria para que proteja los derechos de las personas con discapacidad.

La autoridad competente para investigar la ocurrencia de este delito es la Fiscalía General de la Nación.

En virtud del principio de corresponsabilidad, se recomienda el acompañamiento de padres o cuidadores.

Los indicadores de goce efectivo de derechos (IGED) son mediciones que permiten calcular el porcentaje de población desplazada que efectivamente cuenta con sus derechos fundamentales.

Se presentan cuatro cargos, como el supuesto desconocimiento de la obligación constitucional de cumplimento del Acuerdo Final de Paz.

Se reguló la conformación de las comisiones con vigencia hasta el 2030.

La sala de casación solo tendría un término de hasta cinco años contados desde la notificación de la sentencia de segunda instancia para resolver el recurso.

La decisión surge por la posible comisión de prácticas restrictivas de la competencia, en el marco del comercio extranjero.

Corte Constitucional niega tutela de Gobernador de La Guajira y deja en firme el fallo que declaró la nulidad de su elección por doble militancia.

Es el propio Estado colombiano el que viene invocando ante la Corte IDH la aplicación del principio de complementariedad, con particular énfasis en el rol de los órganos del SIVJRNR.

El Presidente del Senado instaló las tres comisiones legales para el periodo constitucional 2022 – 2026.

Tanto el Gobierno como el nuevo Congreso electos tendrán la tarea apremiante de expedir una nueva ley de seguridad social que afectará al grueso de los contribuyentes del sistema de seguridad social.

De acuerdo con el demandante, se estaría privando a la Rama Judicial de las competencias para el cobro de las multas que se declaran a su favor.

Explican que la representación de la víctima en los delitos contra la administración pública corresponde a la Fiscalía General De La Nación.

El demandante afirma que los beneficios en pensión a veteranos de la fuerza pública vulneran el artículo 13 de la Constitución, esto es, la igualdad.

Si al 20 de junio del 2023 el Congreso no expide la legislación, se exhorta al Gobierno para que regule la materia.

Basta con manifestar el deseo de no querer recibir la cátedra para que pueda acceder al programa alternativo que debe estar previsto en el PEI.

No existe inhabilidad para que quien suscribió y finalizó un contrato estatal se vincule como empleado público.

Una de las pretensiones de la demanda es que se exhorte al Congreso y al Gobierno Nacional a adelantar la consulta previa respectiva para expedir la regulación orgánica.

La Corte Constitucional advirtió que el derecho a la libre expresión artística de los niños y adolescentes es fundamental para el desarrollo de su personalidad.

La norma estaría creando una discriminación injustificada para los usuarios de la justicia.

Cuando un bien se encuentra en disposición de una entidad con base en una actuación judicial debe brindar información detallada sobre su paradero.

Además de este proyecto, también se aprobó en la plenaria el Acuerdo Escazú y se instalaron formalmente las siete comisiones permanentes.

La Corte Constitucional ordenó la rectificación de algunas declaraciones que Daniel Mendoza hizo contra Álvaro Uribe Vélez.

En todo caso, deben tener en cuenta que la salud de los menores de edad es un derecho fundamental en cabeza del Estado y la sociedad.

El mandatario electo nombró a su nuevo Comisionado para la paz.

Se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la defensa del acusado.

No está claro si el camino correcto sea optar por el modelo parlamentario, pero una cosa es cierta: el hiperpresidencialismo sin controles es una seria amenaza.

De acuerdo con los demandantes, el Acto Legislativo 03 del 2002 no admite excepciones en razón de la persona para la aplicación del sistema penal acusatorio.

Antes de proceder con la provisión de la vacante, sí se deberá informar a la Comisión Nacional del Servicio Civil.

Los autores principales provienen de los partidos de gobierno, mientras que la oposición solo ha presentado uno.

De acuerdo con el actor, la norma acusada vulnera el derecho de acceso a la administración de justicia.

De acuerdo con el demandante, la norma quebranta el principio de presunción de inocencia.

El Ministerio Público solicitó declarar exequible el artículo 2 de la Ley 2161/21.

De acuerdo con el demandante, el Congreso no puede delegar funciones extraordinarias de regulación al jefe de Estado.

Conductas que podrían afectar la convivencia escolar deben estar previstas en el manual de convivencia.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que en determinados eventos en los que existe el conocimiento público de un riesgo que se puede concretar en la comisión de diferentes ilícitos, marca un deber afianzado de protección por parte del Estado.

Si realmente se quiere combatir la corrupción y la ineficacia, es urgente el fortalecimiento de esta figura.

Se deberán tomar medidas para la comprensión clara y uniforme acerca de las diferencias existentes entre el acta de sometimiento y el acta de compromiso en la jurisdicción especial para la paz.

Confiamos en que el salto al futuro sea integral y no aparente, que no demore 50 años para armonizarlo.

DIAN no estaba habilitada para restringir el derecho de disposición de los bienes inmuebles que se encuentran en una zona franca.

Organizaciones defensoras de derechos humanos deben recibir una especial protección constitucional y la vulneración de sus derechos fundamentales es un asunto que debe ser resuelto por el juez constitucional.

De acuerdo con los demandantes, no hay unidad de materia y la norma trasgrede las competencias del concejo y la administración distrital.

Tiene ocho días para asegurar el cumplimiento de las órdenes proferidas en el marco del seguimiento al ECI.

A la luz de la Ley 2195 del 2022, se estableció un plazo para la publicación de los documentos relacionados con la actividad contractual de estas entidades.

Omisión de los funcionarios afectó a un colectivo de personas que pretendían participar en la contienda electoral del 13 de marzo del 2022.

Cargos directivos de los partidos o movimientos políticos no son empleos públicos o privados, sino cargos políticos.

Se establecerá dentro de Colombia una representación regional del Banco Europeo de Inversiones para asegurar la realización de sus actividades en el país.

La Ley 1757 del 2015 prevé cinco etapas por medio de las cuales se lleva a cabo el proceso de revocatoria del mandato.

La funcionaria invita a que se haga una discusión jurídica sobre la controversia que ha generado la intención de eliminar el Ministerio Público.

Según Jorge Iván Rincón Córdoba, experto en Derecho Administrativo Laboral, es indispensable revisar, en el ordenamiento jurídico, cuál es el techo que tiene un empleado que ha ingresado bajo una fórmula meritocrática.

Ante un escenario poco alentador, es hora de evidenciar este tema, de pensar posibles soluciones o mecanismos que permitan mitigar sus efectos devastadores.

Siempre habrá quien, desde la administración de justicia o el litigio, ponga en tela de juicio la narrativa de quien interviene en el proceso sobre la base exclusiva del prejuicio.

El vocablo corresponde a un término acuñado en el Siglo XIX, presente desde las primeras codificaciones civiles, época en que la mujer era vista y valorada de forma exclusiva por su rol en la procreación.

Ojalá la Corte Constitucional, libre y soberanamente, desoiga a algunos de sus colegas de otras cortes, y comprenda la trascendencia del asunto que están por revisar.

Es indispensable, entonces, una reestructuración profunda del sistema, al menos en renta, para que se pueda hablar de verdadera progresividad en la tributación.

Este fallo será utilizado políticamente por quienes se han opuesto, desde siempre, a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, a la liberalización del aborto y a la maternidad deseada.

Esta obra aborda el estudio de aspectos fundamentales del derecho notarial y disciplinas anexas, con un cuidadoso y elevado rigor jurídico.

Lo que era claro puede pasar a ser oscuro. Lo que era oscuro puede pasar a ser claro. Realmente no importa lo que está escrito, sino lo que interpreten los jueces. ¿A eso hemos llegado?

Se debe determinar el acto documental gravado relacionado con licores, vinos, aperitivos y similares, en cuya expedición interviniera un funcionario de la entidad territorial.

Los apartes del artículo 142 de la Ley 2010 no fueron revisados por ineptitud sustantiva de la demanda y carencia actual de objeto.

Su creación estará a cargo del Ministerio de Salud y Protección Social a través del Instituto Nacional en Salud.

Cuando el proceso está en curso, tutela no puede usarse como mecanismo paralelo o adicional de defensa.

De acuerdo con los demandantes, se trasgrede el derecho fundamental al debido proceso por desconocimiento del principio de legalidad de la sanción.

Por medio de decreto deberá aprobar el Plan Nacional de Seguridad Vial para los años 2022 al 2031.

En distintos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha dicho que la edad de retiro forzoso no se aplica en forma automática, pues se deben verificar unas condiciones previas.

El cargo de inconstitucionalidad planteado no cumple con las exigencias mínimas de claridad, certeza, especificidad y suficiencia.

De acuerdo con la demandante, las expresiones acusadas vulneran el principio de autonomía territorial y son contrarias a la Constitución por asignar competencias hechas por una ley orgánica.

No se le puede atribuir a la presencia de símbolos religiosos una preferencia de las autoridades estatales por una religión o un credo particular.

Dentro de la convención colectiva se fijan las condiciones que rigen los contratos de trabajo y los preceptos de seguridad social.

El hallazgo se determinó luego de solicitar a la Registraduría Distrital verificar las bases de datos de defunciones.

Estado Contigo trabajará para prevenir la desnutrición, las distintas formas de violencia, las adicciones, la deserción escolar y el abandono de los menores de edad en condición de vulnerabilidad.

Los efectos de la inconstitucionalidad del artículo 11 de la Ley 2161 del 2021 se difieren hasta el 20 de junio del 2023.

La Corte Constitucional analizará el expediente en el que se pretende la inexequibilidad de un aparte del artículo 219 del Código Civil, modificado por el artículo 7 de la Ley 1060 del 2006.

La diferenciación para aplicar el aporte a la cotización mensual en salud al régimen contributivo a cargo de los pensionados partiendo de la base de su nivel de ingresos sería inconstitucional.

Las decisiones de las autoridades deben incorporar la perspectiva de género y un enfoque para la protección de la mujer frente a este tipo de violencia.

De acuerdo con los demandantes, la expresión demandada amplía la competencia de la Contraloría General de la República y de las contralorías territoriales.

Se admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, relacionada con la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política, por desconocimiento del principio de identidad flexible.

Si bien el concejo municipal tiene la autonomía para la fijación de los salarios, esta se encuentra limitada al máximo fijado por el Gobierno y por las finanzas y el presupuesto.

El reconocimiento de los honorarios de los concejales es la asistencia a las sesiones plenarias, de modo que la entrega de ese dinero cuenta con una finalidad legal.

Está prohibido de forma categórica cualquier beneficio a quien es investigado por delitos sexuales en contra de menores de edad.

Desplazamiento, salud, cárceles, seguridad de excombatientes y derechos de la niñez Wayuu son los temas que sigue la Corte Constitucional.

La declaración de una mujer que alega ser víctima de violencia de género se erige como única prueba en algunos escenarios.

Los jueces, al igual que todas las autoridades públicas, están llamados a eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer.

Se precisa la importancia del reconocimiento de la calidad de víctima para beneficios especiales previstos en la Ley 1448 del 2011.

Las fuerzas militares, en virtud de la invocación excepcional de la medida de asistencia militar, pueden apoyar las actividades de policía en pro de la restitución de la convivencia y, por ende, del orden constitucional.

Las autoridades públicas no pueden consagrar el país a determinado credo o figura religiosa mediante ningún tipo de acto.

Declaración de parte del investigado no es una prueba procedente para comprobar ofrecimiento de dinero o dádiva.

El empleador no tiene injerencia y no puede interferir en la vida personal del trabajador ni, mucho menos, puede coaccionarlo o sancionarlo por sus preferencias políticas o electorales.

Teniendo en cuenta la condición periódica del derecho pensional los aportes para pensión son imprescriptibles en contratos realidad de entidad estatal.

Recorte de vacaciones, sesiones paralelas de las comisiones y plenarias simultáneas, entre las medidas que se usarían.

El profesional que retiene dinero de manera injustificada de su cliente puede ser investigado disciplinaria y penalmente.

En casos de violencia intrafamiliar resultan aplicables las mismas pautas generales que se emplearían para cualquier otro conflicto donde opere la responsabilidad civil extracontractual.

Es a través del recurso extraordinario de revisión que se revisan las providencias judiciales a través de las cuales se han reconocido pensiones con abuso del derecho.

Un derecho laboral que no se compagina con la realidad de su pueblo es un salto al vacío, es un saludo a la bandera y, peor aún, no es un derecho.

Corte protege derechos de ciudadanos ante la falta de acción de las autoridades responsables de solucionar los problemas de alcantarillado en sus viviendas.

Frente a las declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre la eliminación de la Procuraduría encontramos diferentes posiciones.

Las normas satisfacen las exigencias jurídicas del principio de precaución.

Explican cómo opera la financiación de medicamentos ordenados a pacientes diagnosticados con enfermedades huérfanas.

No se incurre en el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia cuando la entidad realiza actividades en desarrollo de la obligación legal y constitucional para la que fue creada.

Se negó una acción de tutela que buscaba se reconociera como víctima a una persona dentro de un proceso penal, al no acreditar tal calidad.

Los menores de edad tienen derecho a la identidad de género, lo cual comprende el derecho a acceder a los tratamientos médicos de afirmación de género.

Se configura una violación al régimen de conflicto de intereses cuando un concejal vota por la persona que dirigiría al ente de control disciplinario que lo investiga.

Qué dice la sentencia sobre el aborto, a raíz del comentario del presidente Duque en la conmemoración de la libertad religiosa y de culto en Colombia.

La abogada Paula Robledo Silva habla sobre la decisión adoptada por la Corte Suprema de Estados Unidos, en la que revocó el histórico fallo de Roe vs Wade, y su posible impacto en Colombia.

La Corte Constitucional admitió demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4, 12, 50 y 52 de la Ley 2197 de 2022 los cuales modifican la Ley 599 del 2000 y la Ley 1708 del 2014.

El artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé la caducidad de la facultad sancionatoria.

Cuánto desearía para mi país que un día pudiéramos llevar juntos las cenizas de estos dos hombres a un cementerio común –quizás imaginario–, y que allí sus hijos y familias pudieran acompañarse mutuamente.

Con buena suerte, este tipo de movimientos pueden constituir un impulso para desarrollos territoriales menos espectaculares, pero más elaborados.

En Colombia, varios abogados que representan víctimas de graves violaciones a los derechos humanos son amenazados, tienen medidas de protección o han tenido que salir al exilio.

Los egresados desarrollan una alta capacidad de análisis crítico sobre las diferentes problemáticas de la tributación en el país, sus implicaciones en la economía nacional y en la cultura tributaria.

En síntesis, esta es una mirada integral, resultante de la experiencia profesional del autor durante 48 años como abogado litigante y académico, defensor de los trabajadores y de los derechos laborales.

Son muchos los desafíos que se avecinan para el ejercicio del Derecho, los cuales se deben superar de manera estratégica, planificada y con la colaboración de todo el gremio.

Hay que volver a otorgar el incentivo económico en las acciones populares, pero focalizado en cuanto al beneficiario y su finalidad.

A través de cuatro acuerdos, el Consejo Superior de la Judicatura creó cargos permanentes en la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judicial del país.

El Estado existe según los fines racionales que concretizan la idea de lo público y su origen contractual complementa esta afirmación.

Varios han sido los gobiernos de izquierda, distintos del que se inicia el 7 de agosto. Entre izquierda y derecha, ha habido siempre un mano a mano.

Para el actor, el numeral 12 del artículo 1068 del Código Civil es inconstitucional porque viola el principio de igualdad y realiza una omisión legislativa relativa.

La empresa debe realizar todas las gestiones que tiene a su alcance para proteger los derechos de la comunidad, como evaluar los impactos del proyecto y consultarles sobre las obras

El autor propone una obra que contenga, de manera explícita y concreta, las definiciones, los planteamientos y las advertencias con relación a esta institución.

La historia de este instrumento ha demostrado la casi inutilidad de esta figura.

En conversación con ÁMBITO JURÍDICO, Ramsés López Santamaría, vicerrector de Investigaciones de la Universidad Autónoma del Cauca, analiza cuáles son los desafíos a los que se enfrentan los estudiantes de Derecho de la región.

La Corte Constitucional estudió una demanda que se presentó contra el Decreto 403 del 2020, que regulaba los sistemas de control fiscal.

Se carece de un marco jurídico internacional de carácter regional que impida que la irrupción de los populismos socave la democracia y los derechos humanos.

Se debe reconocer la pensión con las semanas cotizadas hasta el momento en que se presente el reconocimiento pensional.

La conmemoración al Día del campesino y la creación del Fondo de estabilización de precios de la panela y mieles, entre las nuevas leyes sancionadas.

Teniendo en cuenta que los recursos de los cargos transitorios se incorporan para financiar la creación de cargos permanentes en las altas cortes, se dan por terminadas su creación.

La acción de tutela es improcedente para controvertir asuntos de evidente complejidad técnica y legal y estos establecen otros mecanismos para su solución.

Con la ley se crea el fondo Prevenir es vivir, con el que se garantiza la financiación de planes y programas de prevención que busquen sensibilizar a toda la población sobre el peligro del uso, fabricación, manipulación, compra, venta y expendio de pólvora.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a Colombia a investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia basada en género ocurridos durante el conflicto e insta a la JEP a abrir el macrocaso.

Explican la procedencia de la acción para proteger el derecho a la salud de las personas de la tercera edad.

En el caso de vías nacionales que atraviesan el perímetro urbano los municipios deben asegurar su debido funcionamiento, y el INVIAS encargarse del mantenimiento o la señalización.

Fue presidenta de la corporación y de las salas especiales de seguimiento a los derechos de las personas víctimas de desplazamiento forzado y de los privados de la libertad.

La Corte Constitucional precisó si la sustitución pensional reclamada por un hijo en situación de invalidez únicamente aplica cuando la PCL superior al 50 % acontece con anterioridad al deceso del pensionado.

Al adelantar trámite de cobro coactivo sin mediar debida notificación del mandamiento de pago se impide el ejercicio del derecho de defensa.

Con la finalización de esta declaratoria se retoman algunas medidas en varios sectores.

Durante el primer día, los sectores Transporte; Comercio, Industria y Turismo; Función Pública; Interior; Justicia; Trabajo y Hacienda entregaron su primer balance general.

La bonificación por compensación para magistrados de tribunal y equivalentes no podrá superar en ningún caso el 80 % de lo que por todo concepto devenguen anualmente los magistrados de alta corte.

Aunque el disciplinado actualizó la información al conocer de la compulsa de copias, esto no lo libra de responsabilidad disciplinaria.

El carácter residual de la tutela impone al interesado desplegar todos los recursos de defensa ofrecidos por el ordenamiento jurídico.

Declaran constitucional este acuerdo para eliminar la doble tributación con respecto al impuestos sobre la renta y la prevención de la evasión y elusión tributarias.

La educación media constituye, precisamente, la culminación o consolidación de la educación formal.

No todos los regímenes de responsabilidad patrimonial del Estado requieren la prueba de todos los elementos: daño, imputación, falla, riesgo, etc.

Explican cómo la falta de diligencia del municipio como explotador del aeródromo generó la suspensión de operaciones, afectando derechos colectivos de la comunidad.

¿Quiénes son sujetos de protección y quién estarán a cargo de la misma? entre las adiciones que realizó la entidad.

Conservar la información laboral permite al trabajador ejercer sus derechos y a los sindicatos ejercer sus funciones.

Pretenden la nulidad de una norma proferida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada sobre contribución de funcionamiento e inversión vigencia 2017.

La Corte Constitucional precisa los requisitos para la procedencia de la acción de tutela en el marco de la Sentencia T-361 del 2017.

Si bien las inhabilidades como las incompatibilidades son prohibiciones, tienen finalidades y propósitos distintos.

De acuerdo con los accionantes, la norma demandada viola el derecho a la salud.

Admiten una demanda por posible omisión legislativa relativa, pues se vulnera el derecho a la igualdad.

Corte Suprema recuerda la función del juez desde una perspectiva de género, apreciar la situación de la mujer víctima de la violencia.

Siendo una acción pública, todas las personas pueden ejercerla, la persona privada de la libertad o terceros en su nombre sin necesidad de postulación o mandato alguno.

La realización de corralejas es una de las practicas exceptuadas de la especial protección contra el sufrimiento y el dolor que contempla el Estatuto Nacional de Protección Animal.

Un área que no cumpla con la exigencia de deterioro no podrá ser intervenida ni los costos del lavado trasladados al suscriptor y/o usuario.

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad condicionada del artículo 224 de la Ley 599 de 2000.

Es susceptible de ciertas restricciones y está sujeto a garantías constitucionales.

Para la efectiva anulación se requiere que alguna de las partes pida que la nulidad se declare antes de que se emita la sentencia respectiva.

La Corte Suprema de Justicia acaba de modificar un precedente histórico en su jurisprudencia, la conocida sentencia del caso Roe vs. Wade, que en 1973 garantizó el derecho al aborto en EE UU.

Este es el escrito que descorre el traslado de las solicitudes de nulidad formuladas contra la Sentencia C-055/22.

Las expresiones establecidas en el contenido de la sentencia de divorcio desconocían los principios de igualdad, dignidad, acceso a la justicia y a la reparación.

La base gravable es el avalúo catastral o el autoavalúo cuando se establezca declaración anual del impuesto predial unificado.

Corte Constitucional, Consejo Superior de la Judicatura y Comisión Nacional de Disciplina Judicial hacen llamado a operadores jurídicos a cumplir términos de remisión de expedientes.

Al ser la consulta un derecho fundamental y el consentimiento libre, previo e informado una norma de derechos humanos, en su garantía se deben considerar los principios de progresividad y prohibición de regresividad.

Corte Constitucional dejó en firme la sentencia que declaró la nulidad de la elección de un alcalde por violar la prohibición de doble militancia.

Juliana González, una abogada experta en propiedad intelectual, se ha valido de sus conocimientos legales para materializar su proyecto de vida.

La ley es el activo más valioso de la sociedad democrática y su devaluación implica la pérdida relativa de la legitimidad de las instituciones y de la capacidad de los gobiernos para poder gobernar.

Esta realidad no nubla la esperanza de volver a un orden mundial que garantice la paz, con la primacía del derecho sobre la fuerza.

Al igual que el ‘DJ’ empieza su función con un ‘intro’ que impacta, y finaliza con un tema apoteósico, el abogado defensor, en su alegato de cierre, comienza con un planteamiento cautivador y remata con una conclusión poderosa.

El demandante busca que se declare la exequibilidad condicional del literal I) del artículo 2 de la Ley 797 del 2003.

Las entidades prestadoras de servicios de salud tienen la obligación de garantizar el derecho a la salud de menores de edad en permanencia irregular dentro del país.

Consejo de Estado aclara competencia para elegir al Contralor General de la República y a los contralores del orden territorial.

La entidad actualizó medidas sobre el manejo de recursos de regalías y compensaciones a las que se refiere el artículo 360 de la Constitución Política.

Según el demandante, la norma acusada desconoce el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y los artículos 29 y 93 de la Constitución.

¿Veremos en el futuro la creación de una causal de disolución de la sociedad conyugal por vía jurisprudencial a través de la doctrina probable?

La justicia penal, muy a pesar del conato inexplicable ocurrido en la Cámara de Representantes para privarla de los beneficios de la virtualidad, continuará funcionando de esta manera.