La derogación de la decisión ‘Roe vs. Wade’: hay que mirar al Sur

Ana Cristina González Vélez
Pionera del Movimiento Causa Justa
Médica y doctora en Bioética

Por estos días, ronda con preocupación la pregunta sobre los efectos que tendrá, en los marcos legales o en los servicios de aborto en América Latina y a nivel global, la derogación de la decisión Roe vs. Wade por parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, proferida en días pasados.

Este cuestionamiento refleja, por un lado, la obvia preocupación por la manipulación y el uso político que los grupos antiderechos que se oponen a la libertad reproductiva de las mujeres ya empezaron a hacer, advirtiendo que, si en EE UU no existe un derecho al aborto, no hay lugar para que exista en otras partes del mundo. Además, han señalado que esa es una decisión correcta, porque expresa la protección de la vida que merece el feto por encima de la mujer. Y otras cosas más, como, por ejemplo, volver noticia un concepto viejo del Ministerio de Justicia y del Derecho que ya se había enviado para expresar la posición de este Gobierno frente a las solicitudes de nulidad que le llegaron a la Corte Constitucional en días pasados en contra del fallo que despenalizó el aborto hasta la semana 24 en Colombia, la Sentencia C-055 del 2022: la “Sentencia Causa Justa”.

Y refleja, por otro lado, la mirada imperialista con la que se observa todo desde el Norte y, en particular, desde la potencia que ha sido EE UU.

Consecuencias

Sobre lo primero, no tengo duda, como ya lo señalé, de que este hecho será utilizado políticamente por quienes se han opuesto, desde siempre, a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos y, con especial furia, a la liberalización del aborto y a la maternidad deseada, sin importarles ni la vida, ni la dignidad ni la libertad de las mujeres. Ni mucho menos su estatus de ciudadanas plenas, que gozan de un trato igualitario en la sociedad, que merecen respeto por sus decisiones y sus proyectos de vida.

Esta decisión es profundamente equivocada, anacrónica y dañina. Es un fallo que impactará, como han dicho tantas expertas, la salud, la vida y el futuro de millones de mujeres en EE UU y, sobre todo, de las más vulnerables –mujeres negras o que viven en zonas rurales, jóvenes o indocumentadas–.

Del mismo modo, afectará a las que viven en algunos estados, profundizando las brechas y las desigualdades entre las ciudadanas estadounidenses. Las mismas a quienes no solo les han arrancado un derecho del que fueron titulares por medio siglo, sino quienes ahora se exponen a mayores barreras para acceder a servicios de aborto, a los riesgos de los abortos inseguros que crecen con la clandestinidad o a las que viven en la mitad de los estados de ese país que pondrán en marcha prohibiciones de corte medieval y oscurantista que obligarán a millones de mujeres, de adolescentes y de niñas a llevar adelante embarazos que no desean y a ser madres.

Avances en la región

Dicho lo anterior, es importante dar la vuelta a la pregunta y mirar la preocupación que reina sobre los efectos de esta decisión frente a las conquistas que hemos alcanzado en esta materia, por ejemplo, en Colombia. Es fundamental entender que la única arista de esta decisión no es la de sus efectos nefastos sobre la región latinoamericana y que, por el contrario, estamos frente a una oportunidad para que EE UU mire al Sur, desde donde hemos contribuido sustantivamente con la garantía del derecho al aborto. Que conozca cómo logramos los enormes avances que hemos visto en la última década en Uruguay, México, Argentina y, más recientemente, en Colombia, y que nos afirman en la idea de que EE UU puede aprender mucho de estos procesos.

Aprender, por ejemplo, de los argumentos que hemos desarrollado en Colombia, en donde tenemos una jurisprudencia enraizada en la protección de derechos fundamentales más allá del derecho a la privacidad. Una jurisprudencia que reconoce que el uso del derecho penal para regular el aborto constituye una vulneración del derecho a la salud, en tanto crea barreras que impiden el acceso a los servicios de salud; o que este delito es responsable de barreras para la protección del derecho a la igualdad, porque afecta, especialmente, a los grupos de mujeres más vulnerables y desprotegidos, y, más aún, porque impide el ejercicio de la libertad de conciencia, pues termina desplazando la de las propias mujeres por la de terceros, lo que termina en una intromisión inadmisible sobre una decisión tan personal, intransferible e íntima, como la de abortar.

Uso del derecho penal

En suma, esta jurisprudencia refleja que hemos instalado una crítica al uso del derecho penal para regular un servicio de salud como el del aborto, mostrando que es ineficiente, contraproducente, injusto y discriminatorio. Y sobre eso podría aprender EE UU.

También podría aprender sobre las estrategias, múltiples y simultáneas, que venimos poniendo en marcha, con más fuerza, en la última década y media, y que nos han permitido avanzar en los marcos legales –liberalizándolos bajo distintos modelos–, o en la jurisprudencia constitucional e, incluso, a nivel sanitario, creando regulaciones que den certidumbre a los profesionales de la salud o que creen las condiciones para incluir las prestaciones de aborto en el marco de nuestros sistemas de salud.

Hay mucho para aprender de todo lo que venimos haciendo en Colombia desde el Movimiento Causa Justa y desde las organizaciones que acompañamos hace más de 15 años la implementación de los marcos normativos y los servicios.

Y también pueden mirar al Sur y a sus movimientos. En América Latina, tenemos un movimiento organizado, fuerte, que está en las calles y en los escenarios de disputa política y técnica. Que no se ha quedado en silencio nunca, porque sabe que esta es una agenda en disputa, que puede cambiar por el capricho de alguno, que requiere que crezca tanto la conciencia de derechos entre las mujeres que ningún marco legal pueda apagarla, aunque la golpee. Además, que trabaja para crear entornos de legitimidad que permitan que las decisiones de las mujeres, las de cada una, sean respetadas y les permitan a todas vivir maternidades deseadas, cuando lo elijan. Un movimiento que está desde hace décadas, imparable, enfrentando la batalla cultural de este siglo: la libertad reproductiva de las mujeres.

A esos que no se han conmovido suficientemente con este tipo de retrocesos, piensen si, un día cercano, a sus hijas les prohibieran educarse, o piensen en lo que pasaría si a alguien se le ocurriera proponer la esclavitud a través de un referendo, o prohibir la presencia de las mujeres en lo público. No exagero, esas personas promueven este tipo de oscuridad.