Si no se ha incurrido en dolo o culpa, se podría disponer de un término de tres meses para poner fin a la situación.

Así lo hizo la Sala Civil del alto tribunal luego de negar una acción de tutela a un juez en contra de la decisión de la Sala Penal de la misma Corporación que lo condenó por prevaricato.

El descanso busca la recuperación de la madre y la atención del recién nacido, lo cual incide en su desarrollo armónico e integral.

La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, negó una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado proferido en 2018 que ordenó la restitución de un inmueble al municipio de Valledupar.

Así lo señaló la Corte Constitucional al inhibirse de pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta en contra las normas que regulan la figura de la entrega vigilada y el agente encubierto, por considerar que en estas se configuraba una omisión legislativa relativa.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y los literales (a) y (b) (parciales) del artículo 2º de la Ley 2089 del 2021.

Durante la interrupción cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y del empleador de cancelar salarios.

Decretar y practicar pruebas de oficio puede, en determinados casos, pasar de ser una facultad a ser un imperativo para el juez.

Según la Corte Constitucional, la Corte Suprema desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal (a) del artículo 47 de la Ley 100.

El Consejo de Estado anuló una expresión de una circular expedida por el director de una cárcel de Caldas que limitaba el número de personas sin primer grado de consanguinidad con los reclusos que podían ingresar a visitarlos dentro del establecimiento carcelario.

En este caso no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática, que obliga a la separación inmediata del cargo.

No es la primera vez que se pone a consideración de esta corporación un caso en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate homicidios de población civil.

Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.

Continua el debate en torno al regreso a las sedes judiciales, quienes están en contra de este modelo destacan las ventajas que ha demostrado la virtualidad durante la pandemia.

El aparte demandado persigue finalidades que no están prohibidas constitucionalmente, explicó el alto tribunal.

Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar el acceso físico o electrónico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales.

Los desplazamientos que adelanten dichos funcionarios a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.

Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de confirmar una sentencia que absolvió a la Fiscalía General de indemnizar a un militar que fue detenido preventivamente dentro de una investigación por falsos positivos.

El Consejo de Estado adoptó dicha decisión al resolver una demanda de nulidad electoral presentada en contra de dicha elección. Aprovechó para unificar la jurisprudencia respecto al alcance de una expresión del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.

Al casar la sentencia absolutoria de segunda instancia, la Corte reiteró la necesidad de aplicar el enfoque de género a este tipo de casos. Se recordó que no puede exigirse un comportamiento determinado por parte de la víctima como presupuesto para sancionar la conducta.

La causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de tiene su razón de ser en el compromiso que adquiere el elegido con sus electores.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del inciso 2º y el inciso 3º del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1421 del 2010.

Según el decreto, Mininterior está habilitado para ejercer las funciones constitucionales como ministro delegatario durante la ausencia del mandatario.

La Corte Constitucional dio a conocer el fallo que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 7 del artículo 211 del Código Penal. A través del condicionamiento se clarifica que la discapacidad no hace automáticamente a una persona incapaz de resistir un acto sexual.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, no es posible analizar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada y declarada inexequible.

Iniciativa popular es el mecanismo contemplado por el constituyente para que la sociedad se pronuncie y alce su voz en el marco de la creación normativa.

La Comisión de Disciplina Judicial revocó un fallo que declaró responsable disciplinariamente a una fiscal por su inasistencia a unas audiencias. La Sala tuvo en cuenta la elevada carga laboral de la mujer, así como el hecho de que presentaba un embarazo de alto riesgo.

La solicitud que efectúe un contribuyente para la devolución se regirá por el procedimiento general vigente aplicable.

Así lo dio a conocer el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus redes sociales. Para acceder a la vacuna se habilitó un formulario para diligenciamiento de datos y la jornada se adelantará en el Palacio de Justicia.

Bajo el marco de un auto proferido el 26 de junio del 2019 por la Sala Plena del Consejo de Estado se consideró como criterio jurisprudencial las dos las decisiones susceptibles de este recurso.

El primer fundamento de la trasgresión es que esta ley fue aprobada como ley ordinaria y no como estatutaria.

No puede haber cruce de horario y el tiempo total de las vinculaciones con el Estado no debe sobrepasar de 12 horas diarias y 66 a la semana.

Uno de los criterios básicos que deben ser observados sobre la posibilidad de modificar las inscripciones de los candidatos es el respeto a la titularidad de los postulantes.

Sala Penal precisó que no basta con que en la acusación y en la sentencia se indique con precisión el fundamento normativo de la circunstancia de agravación.

El decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene el Presidente de la República, argumentó el mandatario.

De acuerdo con el comunicado del alto tribunal, dicho decreto amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que perturbarían el orden público tienen que ver con funciones que están a cargo de la Policía Nacional, no de las fuerzas militares.

Es necesario que tanto el suscriptor potencial como el inmueble cumplan con las condiciones que señale el prestador.

La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 1 (parcial) y 24 (parcial) del Decreto 588 del 2017.

La Sala declaró la nulidad de la expresión “libre nombramiento y remoción” del artículo 1 del Decreto 4353 del 2005, el cual modificó la nomenclatura y clasificación de empleos de la Aerocivil, por violar el artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 del 2004.

La Sala Penal de la Corte revocó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó el reconocimiento como víctima a Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro del proceso en contra del expresidente Uribe.

Fueron demandadas expresiones del artículo 1 de la Ley 61 de 1993, así como los artículos 76 y 77 del Decreto ley 356 de 1994. Las normas son acusadas, entre otros cargos, de violar el principio de legalidad y la reserva de ley establecida por la Constitución.

Las características de dicha situación administrativa son conocidas previamente por la persona que es nombrada.

El juez de primera instancia evidenció que solo se había entregado un 28 % de las ayudas programadas para los grupos indígenas.

La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció una nueva decisión sobre la eutanasia en la que amplió la condicionalidad de la exequibilidad del tipo penal del homicidio por piedad a enfermos no terminales.

La decisión la tomó el Consejo de Estado luego de negar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María del Pilar Hurtado en contra de la decisión de la Procuraduría que la destituyó en 2010 por su participación en las chuzadas del DAS.

Deberán observar aspectos fundamentales como su naturaleza y los regímenes jurídico, tributario y laboral aplicables.

El Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.

Declaran inexequible la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, establecido en el PND 2018-2022

Al resolver una tutela interpuesta por el padre de crianza de la menor, el alto tribunal protegió el interés superior de esta y explicó que, en reconocimiento de las diferentes formas de familia existentes, tenía que protegerse tanto el vínculo sanguíneo como el de crianza.

Los reparos se centran en los artículos 2°, 4° y 7° y en la expresión “mujeres”.

El artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 precisa que las entidades públicas deben dar prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años.

La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que la pérdida de derechos políticos debe ocurrir como consecuencia de una condena de naturaleza penal.

Es competencia de la respectiva entidad determinar si en el caso concreto este llamado de atención está tipificado.

Así lo recordó el Consejo de Estado luego de dejar sin efectos una sentencia proferida por un juzgado administrativo en la que ordenaba indemnizar a un recluso del INPEC, pese a que ya había una orden judicial preexistente que lo reparaba por los mismos hechos.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que el parágrafo 1º del artículo 1° de la Ley 860 del 2003 fue condicionado por la Corte Constitucional.

El objetivo de la Ley 2104 es fortalecer las relaciones del país con la Unión Europea y ampliar la oferta financiera.

Pese al amplio margen de interpretación de los jueces, no pueden, ante las diversas interpretaciones de una norma, elegir la desfavorable al trabajador.

Además de la suspensión del plan de vacunación y otras pretensiones, la tutela buscaba que se convocara a una consulta popular para que la gente decidiera sobre la llegada de vacunas al país.

La Corte Constitucional explicó que este debido proceso no es un concepto absoluto, sino que presupone distinciones ordenadas por la propia Carta Política y por la ley.

La demanda había sido interpuesta en contra del inciso que le otorgó facultades extraordinarias al Presidente para ampliar y modificar la planta de personal de la Contraloría General.

Al estudiar una tutela, un Juzgado Civil del Circuito de Cartagena le ordenó al Minsalud y a una EPS garantizar dicha aplicación al tutelante en las condiciones indicadas.

Reflexiones sobre las implicaciones de la pandemia de covid-19 y las medidas de las autoridades para controlarla en los contratos de crédito celebrados entre las instituciones financieras y sus clientes deudores.

El error de hecho se refiere a equivocaciones del juzgador en relación con la materialidad de las pruebas, en cuanto las ignora o las supone, o en cuanto cercena o adiciona su contenido.

Hoy, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005 a 15 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón de Artillería La Popa.

Precisó que las zonas francas son un espacio del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales o comerciales, bajo una normativa especial.

Esto dijo la Corte Constitucional al resolver una tutela contra Colpensiones. Aunque confirmó la procedencia del amparo, revocó la condena en abstracto que le había impuesto el juez de instancia a la entidad por daño emergente y otros conceptos.

El alto tribunal concedió una tutela en contra de una decisión de segunda instancia que había revocado el fallo condenatorio. Para la Sala, dicha decisión incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración del material probatorio.

El alto tribunal revocó un fallo que rechazó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por presuntamente haber operado la caducidad. La Sala encontró que la demanda fue presentada a tiempo dada la suspensión de términos decretada por la pandemia.

La Corte concedió una tutela a un hombre a quien su EPS le condicionaba la entrega de algunos de sus medicamentos a que se trasladase a un municipio distinto al de su domicilio, pese a ser un paciente de alto riesgo.

Las redes sociales son un medio idóneo de carácter electrónico para el ejercicio del derecho de petición.

Trato diferenciado a personas desarraigadas no traduce en que promotores de agencia incumplan requisitos para ejercerla.

La Corte negó, en sede de revisión, una acción de tutela a una mujer que pretendía la reliquidación de su pensión gracia de docente ya que no era liquidada con el salario de su último año laborado.

La respuesta no favorable al accionante de un derecho de petición no significa que se esté incumpliendo la orden de emitir pronunciamiento de fondo.

El proyecto se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso. Según indicó el ministro, con el articulado no se toca el IVA, las pensiones y tampoco la base gravable de renta para personas naturales.

La Corte Constitucional concedió una acción de tutela a 107 personas del departamento de Bolívar en contra de la ANT, con el fin de que la entidad adelantara los trámites administrativos correspondientes dentro procesos de acceso a tierras.

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia que negó el amparo en contra del ente acusador por no encontrar derechos fundamentales vulnerados o amenazados.

Según el Consejo de Estado, el alcance y aplicación de los preceptos controlados se sujeta a los condicionamientos dispuestos por la Corte Constitucional.

Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de la JEP al negar una medida cautelar solicitada por un grupo de víctimas consistente en la restricción de la libertad de los comparecientes dentro del caso sobre secuestro.

Se debe valorar la historia clínica y los conceptos médicos que obren en el proceso, a efectos de determinar las primeras manifestaciones del padecimiento.

Cuando no sea posible dar respuesta a esta petición durante el término legal, la autoridad o el particular deberán señalar el término en el cual se dará la contestación.

La Sala Penal enfatizó la posibilidad de incorporar como prueba sus declaraciones anteriores, así el niño comparezca al juicio oral.

Corte Constitucional precisa las características y alcance del recurso extraordinario de anulación.

La Corte Constitucional concedió una tutela a un trabajador diagnosticado con una enfermedad degenerativa, que fue despedido de la empresa en la que trabajaba sin contar con la autorización respectiva por parte del Ministerio del Trabajo.

El alto tribunal transicional indicó que las organizaciones de víctimas tendrán hasta el 22 de marzo del 2022 para entregar sus informes a la entidad. La pandemia, entre las razones, explica la decisión.

Así lo explicó el Consejo de Estado a través de un concepto de su Sala de Consulta. De la misma manera explicó cómo deberán fijarse los detalles concernientes a la liquidación de la entidad una vez termine su mandato.

La Corte Suprema negó una tutela en contra de una multa impuesta por la SIC a Avianca luego de que la aerolínea incumpliera el deber de información a una pasajera ante el cambio del avión que operaría el trayecto en el que viajaría.

Las expresiones “de catorce años,”, “de catorce,” y “de aquella edad”, presuntamente establecen una limitación inconstitucional al alcance de la nulidad del inciso segundo del artículo 140 del Código Civil.

La naturaleza de la relación depende de las necesidades y circunstancias específicas de cada sociedad.

La Sección Primera del Consejo de Estado precisó que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente fijado en la Sentencia SU-427.

El Consejo de Estado confirmó una decisión de tutela en la que ordenó a la Dirección General del INPEC verificar dentro de una cárcel el cumplimiento de los requisitos del Decreto 546 de 2020, expedido con ocasión de la pandemia.

La Sala Plena del Consejo de Estado eligió a Fredy Ibarra, Ana María Charry y Pedro Pablo Vanegas como nuevos consejeros de las secciones Tercera y Quinta, así como de la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal.

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 8º al 39, 41 al 50 y 53 de la Ley 1996 del 2019.

Las actividades y fechas relacionadas con los temas referentes al censo electoral, jurados de votación y escrutinios son las establecidas en la Resolución 2098 del 2021.

Estos intereses deben ser impuestos siempre que haya retardo en el pago de las mesadas pensionales, independientemente de la buena o mala fe del deudor o circunstancias particulares.

Confirman suspensión de jueza que afectó deberes como funcionaria pública sin justificación alguna.

La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 78 (numeral 10), 85 (numeral 1) y 173 del Código General del Proceso.

El alto tribunal se inhibió frente a una demanda presentada en contra de expresiones del artículo 136 del Código, referente a la reducción de las multas, por no encontrar satisfechos los requisitos para emitir pronunciamiento de fondo al respecto.

Así lo señaló la Corte Constitucional luego de resolver una tutela interpuesta en contra de la Registraduría por su negativa a inscribir en el registro civil a una menor hija de padres venezolanos y nacida en dicho país.

Monasterio de Cali debe respetar derecho al mínimo vital, a la salud y al debido proceso de una de sus religiosas.

El Consejo de Estado decretó una medida cautelar mediante la cual suspendió un artículo del código de ética de una universidad pública que consagra una inhabilidad para inscribir candidatos a la rectoría o al consejo superior de la institución.

La Comisión anunció la instalación de un mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos, planteamiento rechazado por el Ejecutivo.

A propósito de los 30 años de la Constitución de 1991, en ÁMBITO JURÍDICO invitamos a diferentes expertos para que nos hablen sobre la importancia de nuestra Carta Política, así como de su impacto en el andamiaje institucional.

La Corte Constitucional estudió una demanda de inconstitucionalidad en contra del parágrafo 7º del artículo 92 de la Ley 2010 del 2019.

Un ciudadano demandó ante la Corte Constitucional una palabra del artículo 1076 del Código Civil, el cual establece que las personas con discapacidad visual solo pueden testar de forma pública ante el notario y los testigos.

El Consejo de Estado declaró la nulidad del acto administrativo que negó la remisión de la iniciativa legislativa.

Además de los magistrados de la Corte, 19 invitados especiales participarán en el evento. Intervendrán en el foro exconstituyentes, líderes de la Séptima Papeleta, el expresidente Gaviria y académicos.

La Sala Laboral regló la aplicación del principio de la condición más beneficiosa cuando la estructuración de la invalidez del afiliado ha sucedido al amparo de la Ley 860.

El Consejo de Estado permitió que una mujer pensionada por una entidad pública siguiera percibiendo la sustitución pensional de la que era beneficiaria por parte de otra entidad.

Según el demandante, esta disposición no constituye un incentivo económico, ni un subsidio, un auxilio o subvención con fines de retorno social y tampoco una financiación o un crédito estatal.

Cuando la solicitud sea electrónica, se enviará al interesado un mensaje con la fecha de recibo y el radicado asignado.

La Corte Constitucional declaró exequibles varias expresiones de los artículos 2º y 7º de la Ley 1270 del 2009

La Corte Constitucional declaró la exequibilidad del inciso del artículo 125 del Plan Nacional de Desarrollo de 2011, que fija los aportes mínimos para financiar los subsidios para los servicios públicos de los que trata la Ley 632 del 2000.

Acusan a la condición que establece el artículo 33 de la Ley 100 para la procedencia en determinados casos del cómputo de semanas para la pensión de vejez de vulnerar los principios de legalidad y certeza tributaria, así como de incurrir en una omisión legislativa.

Según la jurisprudencia, por regla general la tutela no es procedente para reclamar las diferencias contractuales que surjan en razón de una póliza.

Los dos amparos tienen en común que operan en favor de los trabajadores que están a tres años o menos de pensionarse.

Para lograr un derecho constitucional que nos incluya, no podemos esperar que la Corte Constitucional lo construya sola, así esta sea paritaria.

A pesar de las modificaciones incorporadas, conceptos inspiradores como el pluralismo, la tolerancia y el respeto al amplio catálogo de derechos siguen intactos.

Durante estas tres décadas, el alto tribunal se ganó un prestigio interno y externo que avala el rol que le corresponde ejercer dentro de nuestro Estado social y democrático de derecho.

La justicia y su administración serán ejes centrales de la estructura del Estado constitucional, pero también de los ciudadanos, a quienes alberga.

La Carta Política consagró varias modificaciones a la administración de justicia que obtuvieron logros, pero hoy también se evidencian algunos desafíos y problemas pendientes.

El presidente de Colombia simboliza la unidad nacional. Es jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Antonio Navarro Wolff, el único sobreviviente de los tres presidentes de la Asamblea Nacional Constituyente que finalmente dio origen a la Constitución Política en 1991, para conocer su balance de las tres décadas que pasaron desde ese entonces.

Para el alto tribunal, dicha reglamentación tiene reserva de ley, por lo que el Gobierno no podía ser facultado ordinariamente para llevarla a cabo.

Estos exámenes deben realizarse con respeto a los derechos a la autonomía, a la intimidad y a la información de los trabajadores.

Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de los efectos jurídicos de los numerales 3 y 4 del artículo 1º del Acuerdo PSAA 12-9338 del 2012.

Así lo habría decidido hoy la Corte Constitucional luego de estudiar la tutela interpuesta en contra de la decisión proferida en 2019 por la Sección Quinta del Consejo de Estado en la que anuló la curul de Robledo por doble militancia.

El Consejo de Estado consideró que la solicitud no contenía argumentos jurídicos que explicaran la razón de la medida.

La persona afectada puede acudir a la acción de tutela, con el fin de que se le amparen sus derechos fundamentales.

La Comisión de Disciplina Judicial indicó que esta conducta supone un desconocimiento del deber de atender con diligencia los encargos profesionales. También explicó los alcances del grado jurisdiccional de consulta dentro de las decisiones de la Corporación.

Corte Constitucional condicionó el numeral 6 del artículo 52 de la Ley 1709 del 2014, que modificó el artículo 74 de la Ley 65 de 1993.

Solo existe inhabilidad si está basada en una sentencia judicial ejecutoriada o en un fallo administrativo en firme.

Según un demandante, la norma no es indispensable en nuestro ordenamiento jurídico.

El instrumento, que fue adoptado el 27 de junio del 2013, forma parte de un cuerpo de tratados internacionales sobre derecho de autor administrados por la OMPI.

Así lo consideró la Corte Constitucional al concederle una acción de tutela a la entidad en contra del fallo de un tribunal que le ordenó pagar una millonaria suma por concepto de intereses moratorios dentro de un proceso de sustitución pensional.

Es improcedente la prelación de fallo de sustitución pensional cuando no se acredita la afectación del mínimo vital y del estado de salud.

El artículo 37A condicionado modificaba el artículo 85A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Según la Sala Penal, las ayudas brindadas por los abuelos contribuyen a aminorar el impacto negativo sobre el desarrollo del menor, pero no sustituyen el deber del padre.

Si bien no cuentan con personería jurídica, son entidades con autonomía administrativa y presupuestal.

La Comisión de Disciplina Judicial encontró responsable disciplinariamente a un abogado de falta a la lealtad y honradez con los colegas, consagrada en el artículo 36 de la Ley 1123 de 2007.

La entrevista, como factor accesorio y secundario de la selección, no tiene carácter eliminatorio, sino clasificatorio.

En sentencia dada a conocer recientemente, el alto tribunal explicó que el acto de nombramiento de Claudia Blum como canciller no había sido proferido con “desviación de poder” por parte del Presidente de la República.

Procede cuando los ingresos hayan disminuido en atención a la implementación de alguna alternativa laboral.

La Corte Constitucional concedió una tutela a un recluso y ordenó que le fuera garantizada al menos una visita virtual al mes con su cónyuge y su hijo, quienes están recluidos en otras cárceles del país.

Este evento tuvo una excelente acogida en las diferentes redes sociales de los miembros del comité organizador.

El accionante acusó a la frase de vulnerar el artículo 13 de la Constitución, al generar un supuesto trato discriminatorio entre las diferentes personas que podrían ocupar una notaría vacante.

El amparo fue interpuesto debido a que la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares, pese a haber reconocido la sustitución pensional a la que tenía derecho.

En las cuentas de Facebook y Twitter, la Vicepresidenta de la República publicó un mensaje en el cual consagraba al país a la Virgen de Fátima con el objetivo de mitigar los efectos negativos ocasionados por la pandemia del coronavirus (covid-19).

Cabe precisar que esta disposición establece que “en todos los casos en que el profesional instructor o el profesional acusado lo consideren indispensable o conveniente podrán asesorarse de abogados titulados”.

La Corte Constitucional reiteró varias reglas jurisprudenciales sobre el derecho a la salud.

Si bien las agrupaciones privadas, en virtud del derecho de asociación, pueden libremente estipular las reglas que las rigen (conjuntos residenciales), no pueden desconocer las garantías fundamentales de las personas.

El Consejo de Estado negó las pretensiones de un hombre que pretendía ser indemnizado por la Fiscalía al considerar que por haber sido absuelto dentro de un proceso penal que se adelantó en su contra su privación de la libertad había sido injusta.

En ambas cámaras fueron aprobados varios informes de conciliación y proyectos de ley en último debate.

La Sala Plena del Consejo de Estado inaplicó los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021, por ser contrarios a los artículos 29, 229, 237 y 238 de la Constitución Política.

Fue aprobada en el Congreso la conciliación de la reforma a la Ley 270 de 1996. Conozca cómo quedaron algunos de sus puntos más polémicos.

La noción de esta dependencia comprende la falta de condiciones materiales mínimas en cabeza de los beneficiarios del causante de la pensión de sobrevivientes.

Ayer fue aprobada en el Congreso la reforma al Código Disciplinario propuesta por la Procuraduría. Las facultades jurisdiccionales y la ampliación de la planta de la entidad son los puntos más polémicos.

La procedencia de la acción de tutela contra laudos arbitrales podría convertirse para algunos en un escollo para la justicia arbitral, pues sus principios de voluntariedad, excepcionalidad y transitoriedad se encontrarían en riesgo.

Incluye la imprescriptibilidad de la acción penal cuando se trate de delitos cometidos contra menores de edad.

Ayer se aprobó la reforma a la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia. El presupuesto de la rama y los requisitos para altos cargos son algunas de las modificaciones que generan controversia.

La experiencia de este litigio resulta de gran interés para el Estado colombiano y sus futuras actuaciones en este ámbito.