“Si las normas constitucionales se aplicaran a plenitud, no habría protestas de la intensidad que vivimos”

Horacio Serpa Uribe, del Partido Liberal Colombiano; Ávaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional, y Antonio Navarro Wolff, de la Alianza Democrática M-19, presidieron la Asamblea Nacional Constituyente, que finalmente dio origen a la Constitución Política en 1991.

 

ÁMBITO JURÍDICO conversó con Antonio Navarro Wolff, el único sobreviviente de ese triunvirato, para conocer su balance de las tres décadas que pasaron desde ese entonces.

 

 

ÁMBITO JURÍDICO: A 30 años de la firma de la Constitución de 1991, ¿qué balance hace de este proceso de transformación de la sociedad colombiana?

 

Antonio Navarro Wolff: Está clara la transformación institucional del país a partir de 1991. Se definió a Colombia como un Estado social de derecho con una amplia Carta de Derechos y la acción de tutela como la reina popular de esa Carta, se reconoció y respetó a los indígenas que hasta 1991 estaban invisibilizados, se terminó el bipartidismo excluyente, se puso fin al estado de sitio casi permanente, se establecieron los mecanismos para controlar la inflación, se diseñaron mecanismos de democracia participativa y muchas otras mejoras institucionales.

 

Sin embargo, es mucho lo que falta aún para llevar a la vida diaria de los ciudadanos buena parte de esos avances institucionales.

 

Á. J.: ¿Los ideales que planteó el movimiento que usted representaba para la época de la Asamblea Nacional Constituyente se vieron reflejados en la Carta Política?

 

A. N. W.: La Constitución Política de 1991 fue el resultado de consensos nacionales, que se lograron haciendo y recibiendo concesiones. Aun así, buena parte de nuestras propuestas se incorporaron al texto aprobado.

 

Á. J.: ¿Los cambios institucionales que produjo la Carta facilitaron a la ciudadanía la defensa de sus derechos o seguimos sin garantizarlos?

 

A. N. W.: Aunque se ha avanzado en el cumplimiento de los derechos consagrados en la Constitución, falta aún mucho por lograr. Su cumplimiento no ha sido la prioridad de los gobiernos de estos 30 años.

 

Á. J.: Las reformas a la Constitución han sido numerosas, ¿qué refleja esto: su flexibilidad y adaptabilidad o la inestabilidad de las instituciones?

 

A. N. W.: Se ha abusado de las reformas constitucionales. Aun así, la Carta conserva en casi todas sus áreas, el espíritu del 91.

 

Á. J.: ¿El acto legislativo de reelección presidencial qué le hizo a la Constitución?

 

A. N. W.: Una de las reformas más inconvenientes que se le hizo a la Constitución fue la de permitir la reelección presidencial. Ello se corrigió unos años después y hoy está completamente prohibida.

 

Á. J.: Una institución muy valorada ha sido la Corte Constitucional, ¿qué opina de su aporte a la sociedad y de su trabajo actual?

 

A. N. W.: La creación de la Corte Constitucional fue, sin duda, un acierto. En el terreno de la aplicación de los derechos, la Corte ha jugado un papel destacado, por encima de muchos de los gobiernos del periodo.

 

Á. J.: La Vicepresidencia de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo son algunas de las instituciones creadas por la Constitución, ¿cómo evalúa su papel?

 

A. N. W.: La Vicepresidencia no ha tenido la oportunidad de mostrar su importancia, dado que no se ha presentado una falta absoluta del Presidente de la República. Por ello, debe mantenerse pese a voces que piden volver a la figura del designado. El origen popular es la diferencia.

 

La Fiscalía ha demostrado su capacidad de fortalecer a la Rama Judicial y hoy es impensable un régimen penal sin ella. Por su parte, la Defensoría del Pueblo le ha dado voz a muchos ciudadanos y grupos minoritarios cuyos problemas y necesidades, en su ausencia, estarían totalmente ocultos en el escenario nacional.

 

Á. J.: Desde la Ciencia Política se dice que las constituciones son tratados de paz, pero, ¿por qué no pasó esto en Colombia?

 

A. N. W.: Los avances de la paz en 1990 y 1991 fueron muy importantes, aunque no suficientes. Además del M-19, que firmó su acuerdo de paz antes de la Asamblea Constituyente, en el marco de sus deliberaciones en 1991, lo hicieron el EPL, el PRT y el Quintín Lame. Así, en total, 4 de 6 guerrillas que existían en la época llegaron a ese acuerdo.  Las Farc y el ELN no entendieron la importancia de hacerlo y la historia les ha pasado factura por ello.

 

Á. J.: La tensión social que vive el país ha servido a algunos para indicar que la Constitución es insuficiente, ¿considera necesario convocar a una nueva asamblea constituyente?

 

A. N. W.: La Constitución de 1991 hay que aplicarla, no sustituirla.

 

Á. J.: ¿Hay herramientas suficientes para aliviar los conflictos sociales o todas se han utilizado?

 

A. N. W.: El Estado social de derecho es un punto de llegada para aliviar los conflictos sociales. Esa debe ser la prioridad. Volverlo realidad, pasar de la norma escrita a la vida diaria.

Á. J.: La violencia y la pandemia amenazan las libertades públicas. ¿Son suficientes las disposiciones constitucionales para que no se desborde el abuso?

 

A. N. W.: Si las normas constitucionales se aplicaran a plenitud, no habría protestas de la intensidad que vivimos.

 

Á. J.: ¿Considera la conmoción interior necesaria para solucionar la inestabilidad por el paro nacional?

 

A. N. W.: El paro nacional se resuelve con dos palabras: el diálogo y el cumplimiento de sus resultados.

 

Á. J.: En un entorno internacional que muestra la fragilidad de las democracias, ¿cree que nuestra Constitución tiene la fuerza suficiente para contener veleidades antidemocráticas?

 

A. N. W.: Lo creo firmemente.