JEP imputa a 15 miembros del Ejército por "falsos positivos"

En una rueda de prensa llevada a cabo hoy, la Sala de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 15 miembros del Ejército que pertenecieron al Batallón de Artillería La Popa.

Los militares fueron señalados máximos responsables por su participación determinante en el asesinato de 127 personas en el norte de Cesar y el sur de La Guajira, dentro del Caso 03 de los que adelanta la JEP, referente a los denominados “falsos positivos”. (Lea: Restricción de libertades y participación política de ex FARC deberán ser definidos por el Tribunal de Paz de la JEP)

La Sala explicó que en las investigaciones que se adelantaron por estos hechos en la jurisdicción ordinaria y en la justicia penal militar fueron vinculados alrededor de 280 integrantes del Ejército, pero solo se profirieron 14 sentencias condenatorias, de las cuales solo siete se encuentran ejecutoriadas. Agregó que del total de asesinatos cometidos solo 37 de los documentados por la JEP habían sido reconocidos por las autoridades como homicidios agravados y homicidios en persona protegida.

Concretamente, los comparecientes fueron imputados a título de coautores por los delitos de homicidio en persona protegida y desaparición forzada del Código Penal, así como los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada de personas, y el crimen de guerra de homicidio. La Sala agregó que “existió un ataque generalizado y sistemático contra la población civil en relación con estos hechos”.

Recordemos que dentro de este caso fueron priorizadas seis zonas del país, luego de establecer el universo provisional de hechos a partir de la contrastación de las bases de datos de la Fiscalía General, el Centro de Memoria Histórica y diferentes ONG de derechos humanos y víctimas. Las zonas priorizadas son Catatumbo, Antioquia, Huila, Casanare, Meta y Costa Caribe, perteneciendo a esta última zona la imputación anunciada el día de hoy. (Lea: JEP prorroga por seis meses plazo para que víctimas entreguen sus informes)

El auto de 397 páginas detalla, entre otros aspectos, el modus operandi de los máximos responsables; explica los delitos imputados a la luz del ordenamiento jurídico interno y del derecho penal internacional e igualmente condensa los daños sufridos por las víctimas, entre los que se destacan particularmente los sufridos por las comunidades indígenas Wiwa y Kankuamo.

Igualmente, el auto identifica dos patrones de macrocriminalidad insertos “dentro de un plan criminal articulado por objetivos, recursos, roles y modos de operación comunes que estuvo orientado a la consolidación territorial, a mostrar avances en la guerra en contra de las guerrillas y las distintas formas de criminalidad que afectaban a la población de la región”. (Lea: Término para la socialización del informe de la Comisión de la Verdad debe fijarse mediante decreto)

El primero es que “asesinaron a personas señaladas de pertenecer a grupos armados ilegales o de delincuencia común sin contar con información que verificara dichos señalamientos y sin que se hubiera presentado combate alguno”. El segundo indica que “se seleccionaron víctimas en condición de vulnerabilidad, incluyendo personas sin redes de apoyo o familiares que no los intentaran buscar al ocurrir su desaparición y a quienes engañaron mediante promesas de presuntos trabajos legales o ilegales, para captarlas y asesinarlas”.

Finalmente, la Sala señaló que luego de la imputación hecha por la JEP los señalados tienen 30 días hábiles para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. Con el mismo plazo cuentan las víctimas acreditadas y el Ministerio Público. Agotado este término se procedería a llevar una audiencia pública de reconocimiento en caso de que haya reconocimiento y aporte a la verdad plena. Si los militares niegan su responsabilidad, se remitirá el caso a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP. (Lea: JEP presenta cargos en contra de ocho exmiembros de las FARC-EP por el delito toma de rehenes)

Posteriormente, el caso pasaría a manos del Tribunal para la Paz que, en caso de haber reconocimiento, impondrá una sanción propia o, a aquellos comparecientes que nieguen su responsabilidad y sean vencidos en juicio, podrá imponerles una pena de hasta 20 años de cárcel. Las magistradas Belkis Izquierdo, Julieta Lemaitre y Lily Andrea Rueda aclararon su voto.