La Corte Constitucional decidió de inhibirse para emitir pronunciamiento de fondo respecto de una demanda en contra de diferentes expresiones del artículo 136 del Código de Tránsito y Transporte.

Las expresiones demandadas hacen referencia a las condiciones para acceder a una reducción de las multas de tránsito y fueron acusadas de vulnerar los derechos constitucionales a la igualdad (artículo 13) y al debido proceso (artículo 29).

La Sala encontró que la demanda carecía de aptitud sustantiva para ser resuelta debido a que los dos cargos intentados contra la norma “omiten el cumplimiento de las cargas mínimas que se exigen para la formulación de una demanda en debida forma”.

Concretamente, la Corporación no encontró satisfechos, para ninguno de los dos cargos, los requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia desarrollados por la jurisprudencia constitucional a partir de lo consagrado en el Decreto 2067 de 1991.

Finalmente, explicó que en el caso no era posible aplicar el principio pro actione en tanto en la demanda tampoco era posible “identificar una norma de rango constitucional que se advierta como infringida y que, a partir del contenido de la acusación, surja una sospecha mínima que logre, prima facie, poner en controversia la presunción de constitucionalidad del precepto demandado” (M. P. Alejandro Linares Cantillo).