Tal cómo está concebido, la empresa que pierda el régimen franco va a ser sancionada por haber creído en el Estado.

Suele olvidarse que una condena obtenida con prontitud e impuesta a una persona de carne y hueso vale más que una pena formalmente alta, pero que no se aplica.

Habrá delitos que sobren, otros que falten. Es nuestro deber elaborar racionalmente un derecho penal humano.

Es hora de cumplirle a las personas con discapacidad mediante el uso de un lenguaje sencillo o claro.

Hay que consolidar un modelo de aseguramiento que ha hecho honor a la salvaguarda del goce efectivo del derecho fundamental a la salud.

Los nuevos contextos sociales han hecho que el legislador y las altas cortes se empiecen a pronunciar sobre esta materia.

En la inmensa mayoría de los casos, esta práctica facilita la cosificación de los cuerpos de las gestantes.

En alerta máxima está toda la justicia frente a las ansias de la clase política y en lo que originaría un franco retroceso institucional y lesionaría el Estado de derecho.

Más allá de las consideraciones de gasto público, no se debe nombrar a las primeras damas embajadoras en misiones especiales, por las posibles inhabilidades en que incurrirían.

Los “presupuestos nivelados” era la tesis de Emilio Castelar, estadista español. Aquí no es posible ese equilibrio, porque la deuda externa devora más de la tercera parte de los ingresos nacionales.

En estos escenarios, el DIH renueva su vocación de futuro. Esta vez, en lógica de una verdad humanizante.

Mientras nuestra razón y conciencia nos deben llevar al altruismo, la noción de derechos nos precipita de cierta forma hacia lo contrario.

Los diferentes actores de los sectores privado y público deben incorporar tales avances para que esta población supere las barreras que generalmente le dificultan la toma de decisiones.

Celebremos la institucionalidad judicial agraria, pero rodeémosla de adecuadas herramientas, procesos policivos céleres y eficaces.

Hay que direccionar las estrategias para reconfigurar el Estado social de derecho.

Al parecer, las normas del Código Civil y la Ley 29 de 1982, vigentes desde hace 40 años en el tema de la representación sucesoral, han cambiado.

En la forma como está regulada esta institución, solo admiten recurso extraordinario de revisión las decisiones de la PGN.

A sus hijos les enseñó a rezar, a leer en público, a entonar, a declamar, a discursear, a hacer cálculos, a trotar, a patear un balón, a montar en bicicleta. Fue un padre atento y presente.

Al nombrar la violencia por prejuicio como violencia de género, la Corte IDH avanza en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas trans, que se encuentran marginalizadas socialmente y han sido sujetas de esta violencia.

Actualmente, hay preocupaciones globales que, para muchos autores, trascienden las fronteras nacionales y no pueden ser resueltas solamente por algunos países.

Cuando se observa el artículo 64 del Código Penal, se aprecia que este canon legal tiene una estructura dentro de la cual se advierte un acto procesal que debe realizar el juez.

Ayudemos a las mayorías, no ahoguemos a las empresas y empecemos a diferenciar sectores y empresas.

Si de entrada se niega la posibilidad de que existan principios y valores culturales y políticos generales, ¿alrededor de qué lograremos esa unidad?

Sería bueno que, en Colombia y sus países vecinos, recuerden que sus aliados naturales son las democracias del Viejo Continente y del nuevo mundo.

En 1985, llegó al poder Mijaíl Gorbachov, quien lideró un esfuerzo gigantesco por reformar un sistema que desde su concepción tenía problemas estructurales graves y que se había descuidado por décadas.

Con una participación de casi el 86 % del padrón electoral, es decir, más de 13 millones de participantes, mal se haría en catalogar como una elección polarizada o un reflejo de la izquierda y la derecha.

Estoy seguro de que ninguno de los que hacen minería bien hecha quiere dañar el medioambiente, sino todo lo contrario.

No hay razón constitucional y convencional admisible que justifique que, en un Estado constitucional que se dice anclado en la dignidad humana, esos poderes del juez tengan cabida en el ordenamiento jurídico colombiano.

Es importante analizar, con cifras oficiales, los resultados de este instrumento, según el Observatorio Oficial Colombia Compra Eficiente.

Durante los últimos seis años, la Corte IDH ha emitido varias sentencias en las que reconoce carácter justiciable directo a disposiciones interamericanas de índole laboral.

Por el solo hecho de negar la petición de terminar el amparo por pobre, el juez no puede imponerle sanción de multa a él y a su apoderado.

La originalidad de esta publicación se centra, precisamente, en estar dirigida al tratamiento integral y conjunto de tales medios impugnativos y de los motivos que los configuran.

El artículo 64 (constitucional) establece el deber para el Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios.

En una región tan diversa y plural, la garantía de la libertad religiosa es básica para la promoción de la paz y la igualdad, por lo que no hay verdadero respeto por el pluralismo sin un efectivo respeto por la libertad religiosa.

La ceremonia de instalación del Congreso del pasado 20 de julio, presidida por dos particulares que no eran congresistas, fue ilegal e inválida.

Se publicó la que puede ser la decisión más ambiciosa de los últimos años, que se debate entre el reconocimiento y la inoponibilidad de las sentencias emitidas por los jueces civiles en procesos de pertenencia que han reconocido el derecho de propiedad a particulares respecto de predios baldíos.

La justicia del Estado es buena para reprochar y castigar, pero no para restablecer la convivencia.

El sistema de justicia debe superar los problemas que han llevado a la alta impunidad, pues, como sostiene la Comisión, ‘la mejor alternativa contra la guerra es la justicia.

Es necesario promover en la ciudadanía y en nuestros abogados competencias de negociación para la autocomposición, de cara a la aplicación de la reciente normativa.

Reducir la superación del conflicto armado a simples salidas judiciales de sus actores solo sirve para reproducir las lógicas selectivas y discriminatorias del cuestionado derecho penal.

Es curioso cómo lo virtual hace normales conductas que, en la realidad física, serían claramente inaceptables.

El derecho internacional, en general, y el DIH, en particular, son, como toda construcción jurídica, una apuesta, una utopía que va ganando espacio y terreno para su aplicación.

Así como lo intuye Schlink, quizás para entender el papel del Derecho en la producción y la solución de estas tramas aberrantes necesitaremos algo más que su comprensión desde sus fuentes formales. Necesitaremos comprenderlo desde la ficción.

Un buen proceso de acogimiento, masivo, temporal, con condiciones claras y verificables, ojalá sincronizado con una nueva política regulatoria, podría reconducir la forma en que se ha enfrentado el problema.

Si bien la trata de personas y la explotación sexual son dos fenómenos diferentes, no se pueden estudiar y combatir por separado, como tampoco puede desligarse la prostitución.

Proteger en serio a los animales requiere estructura, inversión e innovación.

El derecho superior, por contar con existencia natural, supera la teoría y pide que se manifieste en la praxis cotidiana.

Aún falta por explorar con más profundidad la pertinencia de mantener este marcador de identidad en un documento destinado a ser utilizado en lo trascendental y lo nimio de la vida.

En el ámbito penal, el populismo punitivo es una expansión irracional del derecho penal en términos de delitos y penas, realizada por agentes políticos para obtener ganancias electorales.

Estos instrumentos son de gran interés para las entidades gubernamentales por permitir la realización de sus objetivos o la ejecución de acciones acordes con sus planes de desarrollo.

Según Gardbaum y Melero, el control débil incrementa el potencial dialógico y colaborativo entre los poderes estatales, porque establece, como regla general, que los derechos solo están sujetos a restricciones razonables.

Parece que la norma se contradice cuando en uno de sus apartados obliga a las EPS e IPS a la interoperabilidad, es decir, a compartir entre ellas la historia clínica de los pacientes.

Durante su camino a la Presidencia, la dupla Petro-Márquez exacerbó las expectativas de gran parte de la población que se siente ajena a los beneficios económicos de la sociedad y la cobertura del Estado.

La presencialidad permite que los juicios se nutran de alegaciones persuasivas, confrontaciones dialécticas, debates probatorios, interrogatorios cruzados y oraciones forenses.

No hemos vuelto a la época de la penitencia pública, por cuanto, en verdad, nunca la hemos abandonado. Sin embargo, los ambientes virtuales demandan nuevas aproximaciones jurídicas.

No arrancó bien el Congreso este año. Se instaló de manera irregular, presidido por dos particulares que habían dejado de ser congresistas a las 12 de la noche del 19 de julio.

Es el propio Estado colombiano el que viene invocando ante la Corte IDH la aplicación del principio de complementariedad, con particular énfasis en el rol de los órganos del SIVJRNR.

Tanto el Gobierno como el nuevo Congreso electos tendrán la tarea apremiante de expedir una nueva ley de seguridad social que afectará al grueso de los contribuyentes del sistema de seguridad social.

No está claro si el camino correcto sea optar por el modelo parlamentario, pero una cosa es cierta: el hiperpresidencialismo sin controles es una seria amenaza.

Confiamos en que el salto al futuro sea integral y no aparente, que no demore 50 años para armonizarlo.

Siempre habrá quien, desde la administración de justicia o el litigio, ponga en tela de juicio la narrativa de quien interviene en el proceso sobre la base exclusiva del prejuicio.

Ojalá la Corte Constitucional, libre y soberanamente, desoiga a algunos de sus colegas de otras cortes, y comprenda la trascendencia del asunto que están por revisar.

Este fallo será utilizado políticamente por quienes se han opuesto, desde siempre, a la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, a la liberalización del aborto y a la maternidad deseada.

Lo que era claro puede pasar a ser oscuro. Lo que era oscuro puede pasar a ser claro. Realmente no importa lo que está escrito, sino lo que interpreten los jueces. ¿A eso hemos llegado?

En distintos pronunciamientos, la Corte Constitucional ha dicho que la edad de retiro forzoso no se aplica en forma automática, pues se deben verificar unas condiciones previas.

El empleador no tiene injerencia y no puede interferir en la vida personal del trabajador ni, mucho menos, puede coaccionarlo o sancionarlo por sus preferencias políticas o electorales.

Un derecho laboral que no se compagina con la realidad de su pueblo es un salto al vacío, es un saludo a la bandera y, peor aún, no es un derecho.

El artículo 52 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo prevé la caducidad de la facultad sancionatoria.

Cuánto desearía para mi país que un día pudiéramos llevar juntos las cenizas de estos dos hombres a un cementerio común –quizás imaginario–, y que allí sus hijos y familias pudieran acompañarse mutuamente.

Con buena suerte, este tipo de movimientos pueden constituir un impulso para desarrollos territoriales menos espectaculares, pero más elaborados.

En Colombia, varios abogados que representan víctimas de graves violaciones a los derechos humanos son amenazados, tienen medidas de protección o han tenido que salir al exilio.

Hay que volver a otorgar el incentivo económico en las acciones populares, pero focalizado en cuanto al beneficiario y su finalidad.

El Estado existe según los fines racionales que concretizan la idea de lo público y su origen contractual complementa esta afirmación.

Varios han sido los gobiernos de izquierda, distintos del que se inicia el 7 de agosto. Entre izquierda y derecha, ha habido siempre un mano a mano.

Se carece de un marco jurídico internacional de carácter regional que impida que la irrupción de los populismos socave la democracia y los derechos humanos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos urge a Colombia a investigar, juzgar y sancionar los hechos de violencia basada en género ocurridos durante el conflicto e insta a la JEP a abrir el macrocaso.

Siendo una acción pública, todas las personas pueden ejercerla, la persona privada de la libertad o terceros en su nombre sin necesidad de postulación o mandato alguno.

Al ser la consulta un derecho fundamental y el consentimiento libre, previo e informado una norma de derechos humanos, en su garantía se deben considerar los principios de progresividad y prohibición de regresividad.

La ley es el activo más valioso de la sociedad democrática y su devaluación implica la pérdida relativa de la legitimidad de las instituciones y de la capacidad de los gobiernos para poder gobernar.

Esta realidad no nubla la esperanza de volver a un orden mundial que garantice la paz, con la primacía del derecho sobre la fuerza.

Al igual que el ‘DJ’ empieza su función con un ‘intro’ que impacta, y finaliza con un tema apoteósico, el abogado defensor, en su alegato de cierre, comienza con un planteamiento cautivador y remata con una conclusión poderosa.

La justicia penal, muy a pesar del conato inexplicable ocurrido en la Cámara de Representantes para privarla de los beneficios de la virtualidad, continuará funcionando de esta manera.

Si nuestro próximo Presidente se perpetuara en el poder (…), ¿nos protegerán los jueces de las altas cortes frente a estos regímenes?

Exigir jueces que se aproximen a los hechos de la causa sin prejuicios y cuyas decisiones motivadas den cuenta de ello es garantía de imparcialidad.

Actualmente, encontramos específicamente varias calidades de hijos desde el derecho pensional, sean consanguíneos, hijos de crianza e hijos aportados.

Bolívar, según su ministro José Manuel Restrepo, era de estatura mediana; joven de color blanco y hermosa tez; después de sus campañas, moreno y pálido, oval su cara, ojos vivos y penetrantes y su imaginación ardiente.

Las políticas domésticas de los Estados para contención, control y gestión de los flujos migratorios no siempre resultan ser armoniosos con el derecho internacional de los derechos humanos.

El voto en blanco es una expresión legítima de participación política ciudadana que permite manifestar al ciudadano su inconformidad con las dos opciones de candidatos a la vista.

Todo Presidente que dependa de un Congreso formado por fragmentos de diferente calaña ideológica y ética carece de poder real y está condenado al fracaso.

La tarea de la institucionalidad es fijar las reglas generales y las medidas necesarias para mantener el orden público.

¿Quién debe ser y qué cualidades académicas, jurídicas y políticas son necesarias para ocupar la primera magistratura del Estado?

Hay barreras persistentes asociadas al género en los procesos de selección a las altas cortes. Barreras que estamos en mora de diagnosticar y solucionar.

Noventa años parecen ser bastantes para la vida de una mujer, pero no lo son para cambiar totalmente la mirada que tiene una sociedad sobre su lugar y rol.

Uno de los argumentos de la Corte Constitucional es que la iniciativa se tramitó como ley ordinaria y no estatutaria.

Emilssen González de Cancino es una académica consagrada, jurista de formación sólida, mujer consistente y vertical, que, adicionalmente, se ha destacado como gran humanista y pensadora.

Gracias a unos pocos legisladores, se encontraron infundadas las “razones” por las cuales nuestra Rama Ejecutiva objetó el proyecto de ley que restablecía los plazos de respuesta a derechos de petición.

El proyecto de Constitución refleja la confianza en el poder normativo y transformador que también el constituyente chileno deposita en ese invento maravilloso del Derecho que son las Constituciones.

En la práctica, (la reforma) significará que los jueces no tendrán como norma general aplicar la virtualidad, sino la presencialidad.

Lo que corresponde es que el Gobierno Nacional nombre el encargado a la Alcaldía de Medellín de la terna que presente el movimiento político respectivo.

Me atrevería a aconsejarle al presente y próximo gobierno buscar el apoyo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y por la vía diplomática fomentar una negociación con Nicaragua.

En Colombia, hay suficientes normas sobre la publicidad de la acción oficial: desde la Ley 57 de 1985, se consagró el derecho a la información.

Regresar, como pretenden en Colombia, a una fórmula nacional de blanco y negro (donde la prohibición sea universal) anula, de un solo plumazo, la democracia y los derechos de las mujeres.

No es conducta apenas imprudente la de quien conoce perfectamente lo que hace y confía en que la dimensión moral de su conducta será negada a conveniencia.

Un nuevo contrato social, que incorpore los fundamentos de la convivencia, dignidad y solidaridad, es, por definición, una construcción colectiva.

Necesitamos descentralizar bajo esquemas responsables que partan de fortalecer a nuestras regiones. La tarea no da espera.

No es el tiempo de hacer más complejos los procesos de empalme, ni de enredar con más normas lo que el sentido común debe regir.

Penalizar el aborto y dificultar su acceso no salva ninguna vida, sino que, por el contrario, dilata el procedimiento y pone vidas en riesgo.

“Aunque la tutela (…) ha contribuido significativamente a mejorar la vida de las personas, es importante exigirle al Gobierno que enfrente (…) las violaciones a los derechos fundamentales”.

Una de las conclusiones de la Misión es concluyente: el mercado laboral “obstaculiza el camino hacia una sociedad más prospera e incluyente”, lo que se refleja en una precarización de los trabajadores.

Debemos realizar un gran “acuerdo social” sobre la necesaria progresividad del sistema.

Desde 1991, cuando surgió la revocatoria del mandato, solo se ha revocado a un alcalde, lo que demuestra que es una figura desgastante y poco efectiva.

La pregunta que queda es ¿qué tan lejos estamos de la pluriparentalidad en el registro civil de nacimiento en Colombia?

En estas prácticas discursivas se combinan mensajes de flexibilidad judicial e intensificación de la amenaza penal en clave de la defensa de ‘valores superiores’.

Mantener la audiencia de imputación es estar cada día más lejos del Iluminismo del siglo XVIII.

Los acuerdos anticompetitivos en los mercados laborales merecen especial atención y severidad, pues normalmente vienen a agravar una situación que ya es delicada.

En el derecho comparado, la enseñanza suele insertarse en la noción de servicio público y, en últimas, todo modelo educativo debe propender hacia el fortalecimiento de la democracia pluralista.

Estas audiencias, en las que se reconoce verdad y responsabilidad de manera pública, ayudan a cumplir con los objetivos transicionales de verdad, justicia y reparación.

Quiero exaltar la memoria de Gregorio Rodríguez Vásquez, sus logros y su conducta de hombre ejemplar, íntegro y franco.

Dentro de los muchos retos de la violencia intrafamiliar, dos de los más apremiantes tienen que ver con la falta de datos y con las dificultades para caracterizarla.

Un libro canónico o una idea ‘paradigmática’ no siempre es la respuesta a un contexto que necesita una nueva arquitectura para que podamos volver a creer en un mundo específico.

Este conflicto también se está peleando en el ámbito del derecho internacional.

Tratos humillantes mediante sobrenombres y/o apodos lesionan la dignidad del trabajador y el trabajo decente.

La expedición de la ley, la operatividad administrativa y la dispensación de justicia son espacios que se encuentran demarcados.

La minería ilegal, la tala indiscriminada, el narcotráfico, entre otros negocios, han funcionado como combustible del conflicto armado experimentado con gran intensidad en regiones como el pacífico colombiano.

Es muy probable que, conforme a su tradición, la CIJ busque la manera de dar a ambos Estados la posibilidad de declararse vencedor ante su respectiva opinión pública.

Decir que todo juicio es un albur no es herejía. Es la realidad que viven los que conocen el proceso penal desde las entrañas.

El enemigo no es el populismo, sino que la democracia y sus mitos son inherentemente populistas.

Esperamos que las nuevas herramientas sirvan para el eficaz y correcto funcionamiento de todas las instituciones del Estado.

Siempre me ha parecido curiosa la manera en la que, cuando hablamos sobre los procesos de transición, tomamos con tanta ligereza conceptos como “justicia”, “verdad” y “reconciliación”.

En un Estado de derecho, la garantía de la independencia de los jueces es fundamental para tener una democracia saludable. Un buen presidente respeta y protege esa máxima.

Para el año 2021, el país reportaba 65 esquemas asociativos territoriales, en las distintas modalidades amparadas por la ley. Esta cifra involucra a 527 municipios y 18 departamentos.

Con la certeza moral de que mi candidato es el correcto y de que los demás están equivocados, las conversaciones políticas se vuelven duras, implacables, exageradas.

En los últimos tres años, la Corte Constitucional de Ecuador se ha erigido, poco a poco, en un modelo de prestigio en el constitucionalismo regional y global.

Para quienes habitan contextos urbanos en grandes ciudades el acceder al agua potable no parece tener mayor dificultad, pero en las áreas rurales es todavía una cuestión pendiente.

Los hitos legales y jurisprudenciales mencionados nos muestran un cambio en el panorama jurídico actual, que reconoce la desigualdad que ha sufrido la mujer.

En casos como el de la Resolución 810 del 2021, consideramos que debería admitirse que la expedición de la nueva ley (L. 2120/21) sí afecta su validez.

La Corte Internacional de Justicia está usando un proceso expedito para analizar la solicitud de medidas provisionales solicitadas por Ucrania, que incluye el cese inmediato de todas las acciones militares.

Ha llegado el momento de considerar opciones para suspender o terminar la membrecía de la Federación Rusa en la ONU.

Ucrania va camino a convertirse en un recuerdo, del que quedarán vestigios disímiles. Los atlas de Rusia la refundirán en su mapa. Los atlas de Occidente conservarán su croquis, en signo de callada protesta y esperanza.

De ser confirmada por el Senado, Ketanji Brown Jackson se convertiría en la primera mujer negra en ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos.

Estos sucesos del siglo XIX nos enseñan que la historia jurídica de los derechos de los animales aún está por construir en estas tierras.

El señalamiento de un plazo dentro del cual la interrupción voluntaria del embarazo no constituye tipo penal no es una competencia de la Corte Constitucional.

En septiembre del 2020, el movimiento Causa Justa interpuso la demanda. La penalización del aborto no ha servido para proteger ningún bien jurídico. Por el contrario, ha obstaculizado la garantía de derechos fundamentales, argumentaron.

Debemos seguir avanzando en pro de la igualdad de oportunidades y en la eliminación de los prejuicios de género como vía para la construcción de una sociedad más justa.

Las palabras de Jineth Bedoya reconstituyen los fundamentos éticos de nuestra comunidad política.

En un proceso de justicia transicional, hay que otorgar un lugar central a las memorias de las mujeres.

La academia pierde una gran humanista que nos ha dejado muchas enseñanzas, pero, tal vez, la más necesaria en épocas de crisis es la responsabilidad de la humanidad como ente colectivo.

No es necesario un ojo experto para ver porqué esta es una teoría sexista que comporta graves peligros a la imparcialidad en los procesos judiciales.

Hay un debate pendiente en el que no todos se atreven a participar, pero que es necesario abordar para cumplir con el mandato de eliminar cualquier forma de discriminación de la mujer.

Cuando hay más juezas y magistradas, la sociedad percibe que el sistema judicial es justo y está abierto a la diversidad.

La lectura detenida de estos dos fallos permite observar el carácter contingente de la segregación del derecho de familia de la regulación de las demás relaciones entre particulares.

Las políticas públicas no solo deben incentivar la contratación, sino establecer mecanismos eficaces de control y sanción para quienes incurran en prácticas que favorezcan la discriminación de género.

Lamentablemente, las mujeres y niñas migrantes se ven expuestas a agresiones y abusos sexuales, discriminación, acoso, malos tratos, xenofobia, trata de personas y desapariciones, entre otros.

Para algunos candidatos, el recurso al populismo es el “arma” discursiva para atacar y, a la vez, comprar el favor del electorado.

El derecho innominado a ser intentado podrá emplearse más allá de la Sentencia T-057 del 2015 como elemento transcendental y transversal del derecho de la salud.

Informarnos y poder saber qué es lo que comemos es un derecho fundamental y debe ser protegido.

¿Es la vigilancia de la ejecución de la pena un apéndice del proceso o constituye una etapa posprocesal?

El derecho laboral hoy no es el mismo que era hace 10 años ni tampoco es el que será dentro de una década.

El Decreto 806 del 2020 hizo realidad varios de los cambios que para los códigos vigentes eran un noble sueño cargado de intenciones.

La ‘judicialización’ de la vida social es un escenario para profundizar la vida democrática.

Estos preceptos constitucionales han posibilitado un extenso marco legal para el proceso de descentralización territorial.

Todos los caminos para garantizar el acceso a la justicia en el caso venezolano apuntan a La Haya.

Aunque la vacunación en Colombia no es y no podrá ser obligatoria bajo el marco normativo vigente, si concurre una determinada calidad con la exigencia de la vacunación para permanecer en cierto lugar, el carné de vacunación resulta una exigencia.

Esbozo a modo de reconocimiento de una gran magistratura, que puso en la agenda el debate sobre la función del Derecho, la necesidad de desmontar la visión androcéntrica y los sesgos en la valoración probatoria.

Si bien ambos alegatos están fundamentados en la misma causal, en realidad se trata de dos escenarios diferentes.

El asunto del aislamiento obligatorio, que ha resurgido como tema de actualidad con ocasión de un incremento importante en los contagios a lo largo del país, no es inédito.

La pregunta necesaria es ¿se están estudiando y asumiendo con rigor las acciones de tutela promovidas por los ciudadanos? Se confunden las reglas de reparto del Decreto 333.

Recientemente, la Corte Constitucional dejó sin efectos dos resoluciones relacionadas con este tema.

La realidad del sector minero es que se encuentra en un claro rezago en el acceso efectivo a estos servicios.

Una reciente apertura de investigación le imputa cargos similares a aquellos por los cuales terminó sancionado en el 2016, por abuso de posición de dominio.

¿Cuándo comprenderán ciertos jueces que su función no consiste en premiar o castigar, al vaivén de sus sentimientos?

Recientemente, algunos Estados y organizaciones se han preocupado por incorporar temas de derechos humanos y de desarrollo sostenible en su agenda internacional y en las relaciones con terceros países.

En septiembre del 2012, el presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos y Venezuela oficializó, un año después, su retiro.

No comparto, pues, el linchamiento a esta decisión del Consejo de Estado, que, por favorecer el arbitraje, merece reconocimiento.

Hasta tanto no renovemos la enseñanza del Derecho, la discriminación será la regla en su ejercicio.

Las entidades vigiladas deben poner en práctica procedimientos específicos y designar funcionarios responsables de verificar su cumplimiento.

La jurisprudencia administrativa también ha considerado la posibilidad de declaratoria oficiosa judicial de la “nulidad absoluta del pacto arbitral”.

La Sentencia SU-388 del 2021 de la Corte Constitucional ha generado diferentes reacciones según el ángulo desde el que se mira.

Es necesario analizar por qué a medida que se avanza en la carrera judicial la proporción de mujeres disminuye.

El Tribunal Constitucional Federal alemán ofrece una valoración constitucional-ambiental de amplio alcance, que exige evitar una visión cortoplacista y antitécnica del fenómeno del calentamiento global.

Los principios que acompañan el ejercicio del ‘ius puniendi’ fijan límites a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Existen razones más que suficientes para morigerar la autonomía del ciudadano que no se quiere vacunar.

La extinción de dominio es una acción directa, porque no requiere el agotamiento de otro procedimiento judicial o administrativo.

Colombia puede confiar en que las empresas europeas que realicen actividades en su territorio conduzcan sus operaciones en línea con los principales instrumentos sobre este tema.

Una de las grandes cuestiones por resolver es si hay acción humana en el metaverso.

Esperamos que este año se afiancen principios sólidos de seguridad jurídica en áreas rurales, que, a la fecha, han brillado por su ausencia.

No hay ninguna razón para que no se propicie y entienda una plena discusión probatoria, como lo ha de exigir la delicadeza del derecho de que se trata.

Han pasado 450 días desde la presentación de la acción sin que haya sido estudiada de fondo. 450 días en los que más de 450.000 mujeres podrían haber acudido a procedimientos inseguros.

Tal vez, el legado más significativo de cara al avance institucional del mandato Barco fue su decidido impulso a la Asamblea Nacional Constituyente.

El principio del ‘onus probandi’ nos dice que la culpa médica no se presume y, por lo tanto, debe ser probada por el demandante.

Celebramos esta decisión en la que la Corte Constitucional demuestra su compromiso con los derechos de las mujeres y que, además, es un referente para que otros países.

La propia conciencia no es solo el primer juez de la propia conducta, sino el mejor juez de todos, pues resulta imposible engañarse a sí mismo.

Mi cábala sobre el incremento es que nuevamente será unificado y estará por el orden del 7 %.

El regreso a clases presenciales es una medida necesaria para proteger el derecho a la educación de los menores y de otros derechos conexos como la salud, la alimentación, la vida digna, el desarrollo y la integridad personal.

Es urgente la modificación de los currículos académicos, incluyendo módulos sobre el uso de tecnologías, la necesidad de un segundo y tercer idioma, al igual que la programación.

La lectura realizada a la columna del profesor Diego López Medina me devolvió a repasar algunas anotaciones de Kelsen en el libro ‘¿Qué es la justicia?’.

La directiva presidencial que envenena el nombramiento de árbitros en controversias del orden nacional en las que intervenga una entidad pública resultó peor que la enfermedad.

Ni las cajas de compensación integran la administración pública, ni los recursos que administran son presupuestales.

Si el Presidente hubiera objetado el artículo, la integridad de la ley no habría entrado en vigencia y no tendríamos presupuesto para el próximo año.

La gravedad del virus y la necesidad de contribuir con su mitigación pueden ser el sustento para que el Derecho regule la obligación laboral de aportar el carné de vacunación.