Pongámonos los tenis para hablar de minería

Mateo Sinisterra

Asociado Principal del Área de Minería

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU)

Como en cada cambio de Gobierno, nos encontramos ante la incertidumbre sobre el sector y las políticas que cambiarán. Tal vez, en esta oportunidad enfrentamos un escenario más incierto, pues el nuevo Gobierno tiene una visión del sector diferente a la que estamos acostumbrados.

La incertidumbre nos incomoda a todos los seres humanos. Es un tema de supervivencia, necesitamos saber las respuestas ¿cómo sobreviviremos? Por esto, ante ambientes sin respuestas empezamos a crear nuestras verdades o nos apresuramos al desenlace. En Colombia, esta incertidumbre es una constante en el sector y, si seguimos así, la desconfianza seguirá creciendo.

Ante esto, vale la pena homogenizar un punto de partida para las discusiones que se vienen. En el reciente congreso de la Asociación Colombiana de Minería en el que participaron las ministras de Ambiente, Susana Muhammad, y de Minas, Irene Vélez, y el presidente de la República, Gustavo Petro, se mencionaron las líneas de trabajo que el Gobierno Nacional tiene en mente, las cuales recojo en los siguientes cuatro puntos:

- Minería tradicional.

- Participación: comunidades, ciudadanía, entidades territoriales y empresa.

- Temas legales: reforma al Código de Minas, coordinación y concurrencia.

- Plan minero del país.

En todos, se invita a un diálogo y a la reevaluación sobre cómo se han hecho las cosas y cómo queremos que se hagan en el futuro. La invitación al diálogo es bienvenida y, por suerte, no es un tema novedoso para el sector. Llevamos casi una década dialogando con todos los actores, sea por iniciativa propia o porque la Corte Constitucional ha indicado el camino que debe seguir la industria. Como la ministra de Minas lo ha dicho, este diálogo profundo es necesario. Las cosas tienen que cambiar, y acá es donde es clave la comunicación, pero con todos, así ninguno nos aceleraremos a tener respuestas que, tal vez, no sean las verdaderas.

Hay temas clave: primero, entender por qué, a pesar de la extensa y variada legislación, la formalización minera sigue siendo un reto. Oportunidades hay y ha habido, pero mientras se pueda comercializar minerales informalmente y no se controlen estas explotaciones, será más rentable seguir siendo informal que formalizarse. Hay una verdad que todos tenemos que aceptar: hacer minería bien hecha cuesta plata, porque los requisitos de seguridad y ambientales son altos, y, en esa medida, no es rentable para todo el mundo cumplir con todos los requisitos. Acá el Gobierno tendrá que reforzar los esfuerzos para financiar y apoyar a los mineros tradicionales y castigar a quienes extraigan minerales de forma ilícita.

Segundo, la participación. En Colombia, se promueve la democracia participativa, y creo que este es de los pilares fundamentales de la Constitución. En este campo debemos construir entre todos la ley de coordinación y concurrencia. Una ley que se aplique de verdad, porque el papel lo aguanta todo, que permita que las comunidades ejerzan sus derechos y que el Estado, en cabeza del Gobierno Nacional, ejecute sus funciones. Una ley que permita a las entidades territoriales aprovechar los beneficios sociales, económicos y culturales de tener una economía regional fuerte y dinámica. Una ley que permita a Colombia reindustrializarse y ser potencia en la transición energética, que aporte al mundo los recursos necesarios para frenar el cambio climático. Es que Colombia, a pesar de contribuir de forma relevante, va a ser uno de los países más afectados por el cambio climático. Por eso, tenemos la responsabilidad de hacerlo posible, y sin minería, esto es imposible. Bien lo dijo el Presidente en su intervención, tenemos que profundizar en el conocimiento geológico del país y aprovechar ese potencial que tenemos en minerales para la transición energética.

Pero también tenemos que preservar el medioambiente, incluido el tejido social de las zonas donde se hacen actividades mineras. Tanto la ley de coordinación, como una modificación al Código de Minas que permita tener una política pública minera de verdad nos permitirá proteger el medioambiente, en donde nos pongamos al día en la planificación del sector, que, hay que decirlo, ha brillado por su ausencia. Estamos ante una oportunidad de tener un sector moderno, con objetivos y reglas de juego claras. El cambio, por lo incierto, da miedo. Pero estoy seguro de que, en ese diálogo, podremos terminar con un sector fortalecido, y podremos desarrollar todo su potencial. En este punto, debemos esperar a ver cómo se implementan las órdenes que el Consejo de Estado dio recientemente. La sentencia será tema de otra columna, pero vale decir que, a partir de su aplicación, debemos aprovechar para establecer unas reglas claras que permitan la protección al medioambiente, pero también desarrollar la actividad minera. Tenemos que aprovechar los esfuerzos que ha hecho el Estado para tecnificar el catastro minero y desarrollar todo el potencial de AnnA Minería.

Todo lo anterior nos lleva al último punto: el plan minero del país. Sobre esos tres aspectos, y otros, es que podremos construir sector robusto, con reglas claras, que protege al medioambiente, que mejora las regiones donde hay minería, que beneficia también a las regiones donde no, que sea responsable socialmente, que proteja la vida de sus trabajadores. Estoy seguro de que ninguno de los que hacen minería bien hecha quiere dañar el medioambiente, sino todo lo contrario. Lo que pasa es que tenemos que aplicar la Constitución Política, aplicarla en la mayor medida de lo posible en todo sentido, en protección al medioambiente, en desarrollo sostenible, en seguridad jurídica, iniciativa privada, que genere paz, en cumplir sus objetivos, para que Colombia sea, finalmente, un Estado social de derecho. Para eso, nos tenemos que poner los tenis todos y dialogar; si no lo hacemos, tal vez sea la última oportunidad.