Gustavo Petro y los derechos de los animales

Carlos Andrés Muñoz López

Magíster en Bioética de la Universidad Javeriana

Abogado y miembro del Observatorio Animalista

El compromiso de Gustavo Petro con los animales no es nuevo. Acciones y discursos a favor de los animales podemos estar rastreando en su actuar político desde hace más de 10 años. Desde lo administrativo, cuando fue alcalde de Bogotá, se ven logros, como la sustitución de los vehículos de tracción animal o la no realización de las corridas de toros en la Santamaría. Primer Presidente abiertamente antitaurino y ha afirmado que prácticas como el toreo y las corralejas tendrán que pasar a ser parte de los museos de historia en Colombia. Es válido emocionarse ante estos antecedentes.

Sin embargo, jurídicamente y administrativamente hablando, no es fácil el reto que tiene para estos cuatro años. Proteger en serio a los animales requiere estructura, inversión e innovación. No basta la mera intención, puesto que la visión antropocéntrica ha permeado el ámbito jurídico y la visión del actuar estatal. Es peligroso que los animales solo tengan discurso y no se prevea de varios puntos álgidos para su verdadera protección. Por ello, enunciaré los más importantes que tendrá que afrontar el Gobierno de Gustavo Petro:

(i) Agenda legislativa

Hay acciones que solo la bancada de gobierno en el Congreso puede realizar. La más sonada es la eliminación de las corridas de toros, peleas de gallos, becerradas, coleo y demás prácticas que impliquen la burla y goce del sufrimiento de un animal. La Corte Constitucional ha sido clara que esa es la única vía para realizarlo y se está creando la mejor atmosfera para este salto histórico en el Congreso. Más que nunca estamos cerca de lograrlo y se hace indispensable el protagonismo del Gobierno de la Colombia Humana.

Por otra parte, a nivel legislativo es urgente que todo el mundo jurídico tenga la posibilidad de tener un Código de Protección y Bienestar Animal, proyecto impulsado desde la legislatura pasada por el congresista Juan Carlos Losada y que ya anunció nuevamente su radicación. Es necesario que para una nueva educación jurídica de estudiantes, abogados, jueces y fiscales haya un compilado de normativas, hoy dispersas y que dificultan cualquier aplicación a favor de los animales. Es una exigencia mínima para avanzar en la cultura jurídica de respeto a los animales.

(ii) Articular el derecho ambiental con el derecho animal

Más allá de la declaración de los hipopótamos como especie invasora, necesitamos rutas específicas en donde dos mandatos constitucionales, a saber, la protección animal y la protección ambiental, estén armónicamente cohesionados y no entren en una pugna agónica innecesaria como se ha querido presentar en muchos de los debates de “expertos”. Además de esto, como se ha indicado reiterativamente, es necesario que las licencias ambientales no obvien la protección animal más allá de la consideración desde un colectivo o desde el ambiente.

(ii) Articulación de las diferentes entidades a nivel nacional

Entender a los animales dentro del Estado implica un enfoque transversal para muchos ministerios y áreas del Derecho. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente es primordial para los animales silvestres y exóticos, pero también el Ministerio de Justicia lo es con el fortalecimiento de la cultura jurídica en facultades de Derecho con los consultorios jurídicos y con el fortalecimiento de la Fiscalía en el caso Grupo Especial para Lucha Contra el Maltrato Animal (Gelma). Las directrices deberían ser transversales, ministerios como el de Educación son la piedra angular para una cultura de la paz que incluya a los animales, al igual que el de Cultura, Salud y casi todas las demás dependencias deben tener de múltiples formas la posibilidad de articulación desde un enfoque de la protección y el bienestar animal.

En ese mismo sentido, es imprescindible la implementación y el robustecimiento de la recientemente publicada “Política nacional de protección y bienestar animal”, que necesita seguimiento y constante actualización para que siempre esté al tanto de los necesarios avances en la materia.

(iv) Los animales de compañía deben ser reconocidos como miembros de la familia

De facto ya lo son, a los animales los recibimos en la familia y debe ser una responsabilidad de por vida su manutención. Protegerlos no solo genera un beneficio hacia ellos, sino, ante todo, al núcleo fundamental de la sociedad. Pese a ello, no son tratados aún desde el derecho de familia (¡ojo! ICBF). No se deben comprar ni vender, deben adoptarse y, en caso de fragmentarse, la familia hablar de custodia exclusiva o compartida. Se les debe alimentos. La muerte de un animal de compañía debe repercutir en una licencia remunerada para un trabajo por su duelo. En fin, múltiples reformas que unas dependerán de aplicación, directrices y de proyectos de ley.

Este Gobierno encabezado por Gustavo Petro ilusiona y, para tomar en serio a los animales, aspiro que los elementos acá expuestos puedan ser tomados en cuenta. Solo así los animales –poco a poco– pueden dejar de tener su infierno sobre esta tierra.