Cuando el sistema penal fracasa

Alejandro F. Sánchez C.

Abogado penalista. Doctor en Derecho

Twitter: @alfesac

Me contó un defensor público que ganó un caso que creía imposible. Un sicario asesinó a una persona y fue capturado en flagrancia en el lugar de los hechos. En la escena, se recogieron videos claves. Una persona dio información precisa del autor. Su rostro compaginaba con los videos y el relato de los testigos presenciales parecía contundente. Fue capturado y detenido preventivamente. El personaje confesó al defensor su responsabilidad y este le buscó un preacuerdo. Con la flagrancia y un concierto que apareció por arte de magia, la rebaja de pena ofrecida no resultó interesante; el fiscal explicó que, por la gravedad del delito, los jueces no aceptarían un 50 % de rebaja de pena.

Se vencieron los términos mientras los fiscales atendían otras capturas y procesos o se cancelaban audiencias por temas administrativos o por la falta de conexión virtual en las cárceles (antes, cuando los transportaban a las sedes físicas, era peor). Ni un solo aplazamiento pedido por la defensa.

El procesado salió libre y de ahí hasta la nueva audiencia transcurrieron otros seis meses; la preparatoria tomó dos sesiones, con un intervalo de cuatro meses. Entre la fecha de los hechos hasta el inicio del juicio pasaron tres años.

El fiscal que llegó al juicio no era el mismo de la audiencia preparatoria; de hecho, era el tercer fiscal luego de la acusación. Los investigadores que declararon no recordaban lo que habían dicho en sus informes y el fiscal escasamente había ojeado la carpeta unos minutos antes de interrogarlos, por lo que poco pudo hacer para refrescarles la memoria. Uno de los testigos era venezolano y había migrado: lo que dijo en la entrevista escrita al referirse a la descripción física del atacante no sonó muy explícito al ser leída en el juicio. Los videos, que para la fecha de los hechos mostraban a un sujeto delgado, barbado y de pelo corto, tres años después se confrontaban con un hombre gordo, afeitado y con mucho cabello. Con la fragilidad de la memoria, ninguno de los testigos pudo dar seguridad si se trataba de la misma persona. El acusado fue absuelto.

Así transcurre nuestra justicia, al menos la que no tiene el membrete de “casos famosos” y sobre la cual las altas cortes en muchas ocasiones no alcanzan a pronunciarse. Esos “pequeños” casos son los grandes protagonistas de nuestro sistema de justicia. El juez que atendió el caso descrito también se ocupa de temas de violencia intrafamiliar, estafas, invasiones de tierras, fraudes, falsificaciones, en fin, muchos otros asuntos que no causan tanta alarma mediática, pero que, si no son atendidos de manera oportuna, reflejan a un Estado incapaz de proteger a sus ciudadanos.

Una sociedad fracasa social y económicamente, si su sistema de justicia no tiene la posibilidad de ofrecer a sus ciudadanos respuestas efectivas cuando sus derechos e intereses son afectados. Como lo sostienen los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, en su obra ¿Por qué fracasan los países?, cuando el sistema judicial colapsa o no tiene forma de garantizar un canal efectivo de solución a los conflictos sociales, no hay manera de ofrecer a sus asociados estímulos positivos para obrar en derecho y bajo un manto de protección institucional. El asunto, agregamos, es más trascedente cuando el sistema penal, siendo el instrumento más agresivo del Estado, no brinda una capacidad de respuesta adecuada y oportuna.

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La preocupación parece concentrarse en el contenido simbólico del sistema penal. Suele olvidarse que una condena obtenida con prontitud e impuesta a una persona de carne y hueso vale más que una pena formalmente alta, pero que no se aplica. Que tiene más efecto una pena ejecutada con rigor, que una sanción a delincuentes que, por otras consecuencias perversas de este modelo, han encontrado en el hacinamiento, el desorden y la corrupción carcelaria, un espacio propicio para seguir delinquiendo. Que rendiría más el escaso presupuesto si se enfocara en un proceso de resocialización serio ceñido a penas razonables y reales, que seguir sosteniendo esos campos de concentración de delincuentes en que se han convertido muchas de nuestras cárceles.