La limitación impuesta por el inciso 2º del artículo 28 de la Ley 1475 del 2011 busca proteger el derecho a la participación política de esas colectividades.
Los procesos cuyas actuaciones y diligencias ya se venían adelantando deben concluir según lo establecido por el artículo 693 del Código de Procedimiento Civil.
El pago de aportes a una entidad distinta a la cual debían realizarse no exime a la administradora del régimen pensional de efectuar el reconocimiento de la prestación económica.
Lo trascendente para la validez de un fallo es que en las deliberaciones y aprobación se haya contado con la mayoría de los magistrados que componen la Sala.
Estos proyectos deberán incluir una cláusula que establezca la fórmula matemática para determinar las prestaciones recíprocas, en caso de que se termine anticipadamente un acuerdo.
El Consejo de Estado ratificó la sanción impuesta a una cónsul colombiana que afirmó conocer como cumplidores de la ley a los integrantes de una sociedad de constructores.
La excepción a este principio está guiada por la apreciación racional que brinda la experiencia o las concretas condiciones en que se desenvuelve una actividad u organización determinada.
De la lectura del artículo 190 de la Ley 136 de 1994, se evidencia que quien ha ejercido funciones en ese cargo no cumple funciones de autoridad administrativa.
El Consejo de Estado negó la nulidad del artículo 39 del Decreto 4675 del 2006 y de la Resolución 183 del 2004, expedidos por el Ministerio de Educación,
El Consejo de Estado ratificó la sanción que la Superintendencia de Industria y Comercio le impuso a Telefónica por no incluir el valor del IVA en los precios de algunos productos.
El incidente de impacto fiscal no puede impedir el acceso a los derechos fundamentales de los afectados por el conflicto, restringir su alcance ni negar su protección efectiva.
La forma inadecuada como la Nación viene actuando en ciertos procesos de repetición pone en evidencia su falta de diligencia, advirtió el Consejo de Estado.
En opinión del Ministro de Minas, es importante mantener el fondo de estabilización, dado que este busca evitar la volatilidad en el precio del diésel y de la gasolina.
Es necesario acreditar la puesta a disposición de dicho aviso, a través de medios informáticos, electrónicos o cualquier tecnología que permita posteriores consultas.
Las comisiones que percibe una empresa en Colombia de parte de sus vinculadas en el exterior, por la promoción de ventas en el país, no están exentas del impuesto.
En el régimen de salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni la Ley 352 de 1997 ni el Decreto 1795 del 2000 regularon expresamente la desafiliación.
El juez disciplinario no incurre en violación del derecho al debido proceso cuando opta por destituir al disciplinable, aunque su conducta no constituya una falta gravísima.
Para el ministro, el alcance de la prohibición, contenida en el parágrafo del artículo 38 de la citada ley, no es general, sino que se aplica reuniones en las que participen candidatos.
El hecho de que solo se disminuyan los beneficios en el sistema acusatorio no significa que quienes son juzgados mediante la Ley 600 del 2000 reciban un trato diferenciado.
A juicio del Ministerio Público, los tratados internacionales y las leyes que los aprueban no pueden ser objeto de una demanda de inconstitucionalidad.
Al revisar un fallo del Tribunal Superior Militar, la Corte Suprema advirtió la existencia de una irregularidad sustancial que afectaba el debido proceso.
En opinión de la Sala Plena, el Consejo Superior desconoció que su función de administrar la carrera judicial no implica desbordar las funciones del legislador.