El Consejo de Estado determinó que si la autoridad encargada de otorgar licencias de construcción omite su deber de informar a la comunidad afectada con el respectivo proyecto, el acto por medio del cual conceda la mencionada certificación está viciado de nulidad. Según la providencia, la administración está obligada a notificar a los vecinos de la zona acerca de todas las decisiones que, al respecto, se profieran, según lo establecen los artículos 17 y 22 del Decreto 1052 de 1998. Con estos argumentos, revocó la licencia para adelantar una obra civil en zona rural de Belalcázar (Caldas) (C. P. María Elizabeth García).