El deber del Estado de propender por un crecimiento urbano sostenible y planificado no puede excluir a ciertas personas del acceso a los servicios públicos domiciliarios, en razón a su condición de pobreza o marginalidad, señaló la Superintendencia de Servicios Públicos. Por el contrario, el artículo 13 de la Constitución Política señala que la debilidad económica y la marginación deben ser el fundamento de acciones afirmativas, en beneficio de quienes están en riesgo o amenaza y no pueden llevar una vida digna y de integración.