La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que le dé su visto bueno al tratado de fomento al turismo celebrado entre Colombia y Portugal, que fue aprobado por medio de la Ley 1586 del 2012. Aunque considera que se cumplen fines constitucionales, como el establecido en el artículo 333 de la Carta Política de 1991, relativo a la libertad de empresa, advirtió que es necesario implementar medidas que contrarresten el impacto negativo al medio ambiente, como la pérdida de la diversidad biológica y la limitación de recursos naturales, como quiera que la misma norma en cita desarrolla estos compromisos, al igual que lo hacen los artículos superiores 8°, 79, 80 y 95.8, precisa el concepto. El expediente le correspondió examinarlo al magistrado Nilson Pinilla.