Pese a que la Procuraduría considera que la Corte Internacional de Justicia de La Haya (CIJ) no puede modificar los límites del territorio nacional, el Ministerio Público le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida para analizar de fondo la demanda al Pacto de Bogotá, mediante el cual se consagra la adhesión del Estado colombiano a la jurisdicción del organismo multilateral (Ley 37 de 1961). A su juicio, los cargos adolecen de falta de claridad, certeza, pertinencia y suficiencia, entre otras cosas, porque el principio de autonomía de los gobiernos y las legislaciones nacionales no puede afectar la facultad con la que estos cuentan para acogerse a la jurisdicción de un tribunal internacional por medio de un tratado. Sin embargo, el organismo de control subrayó que si la Corte encuentra que hay lugar a adelantar un control material sobre el tratado, debe declarar condicionalmente exequibles los artículos 31 y 33, en el entendido de que la CIJ no tiene competencia para establecer límites ni modificar los establecidos mediante tratados bilaterales celebrados con otras naciones o definidos previamente por laudos arbitrales; otra de las condiciones, dice, debe llevar a que se entienda que este organismo multilateral puede adoptar decisiones basado únicamente en principios de derecho internacional que hayan sido aceptados por Colombia. La ponencia será presentada próximamente por el magistrado Mauricio González.