La transacción de quien adquiere un bien con el producto de una actividad ilícita y luego lo enajena o permuta para evadir la acción de la justicia puede ser objeto de persecución por parte del Estado, recordó la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Al respecto, advirtió que la titularidad del derecho de dominio se torna aparente cuando el bien ha sido adquirido en cualquiera de las circunstancias establecidas en el artículo 34 de la Constitución (enriquecimiento ilícito o con grave deterioro de la moral social), lo cual implica la potestad a favor del Estado de actuar en cualquier momento para declarar la pérdida de tal derecho (M. P. María del Rosario González Muñoz).