La Defensoría del Pueblo ha caído en el descrédito, en la generalización de ser una institución que se utiliza para pagar favores políticos especialmente con los cargos directivos y con una contratación excesiva.
Desde la órbita constitucional, se ha especificado que el salario mínimo no es determinante respecto de la dependencia.
La Sentencia C-288 del 2024 declaro la exequibilidad condicionada del artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo.
La IA, en consonancia con la ética, supone la orientación de algoritmos hacia la veracidad y no discriminación.
La emisión de visas debería basarse en el principio de legalidad, en criterios objetivos y claros, y no en la percepción individual de un funcionario.
La cultura escrita también acelera procesos de individuación.
Aunque no hay método perfecto, sí se puede reflexionar sobre el contexto político de cada país para diseñar e implementar mecanismos que eviten la politización y la cooptación.
El estado actual del conocimiento parece llevarnos a desconfiar de la credibilidad que históricamente se ha dado a los testimonios.
La judicialización de las decisiones administrativas no conculca derechos, solo los garantiza y previene situaciones de futura litigiosidad contra el Estado.
Como consumidores, tenemos el poder de optar por productos de origen vegetal y guiar la transición hacia un sistema alimentario más ético y sostenible.
En general, los ciudadanos requerimos mucho más conocimiento y reconocimiento del Estado, de su estructura y de sus funciones.
En general, los ingresos de pensiones tienden a ser más altos para los hombres que para las mujeres en todos los niveles educativos.
Si bien la Ley de Acoso Laboral y de Acoso Sexual son similares, existen algunas diferencias que vale la pena resaltar.
El fallo de la Corte Constitucional se pronunció frente a los artículos 481 del Código Sustantivo del Trabajo y 70 de la Ley 50 de 1990.
Pedimos, entonces, el cabal respeto de las normas y directrices sobre procesos de selección de las cúpulas judiciales.
Adelantado el trámite en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente, luego de largos e interesantes debates, el texto original de la Constitución terminó teniendo 380 artículos y 59 artículos transitorios.
A casi un año de la implementación de la Ley 2300 de 2023, más conocida como la “ley dejen de fregar”, es momento de que los empresarios repasen los puntos clave para su cumplimiento.
Los bancos que efectivamente se mantienen en el mercado no son los más robustos financieramente, sino los más adaptables al cambio.
Teniendo en cuenta que la evolución de la pobreza obedece en buena parte a la dinámica del mercado laboral, es necesario promover la creación de empleo de buena calidad.
Detrás de cada testigo que rehúsa cumplir sus deberes ciudadanos, está oculto un enemigo de la verdad.
La crisis penitenciaria es un asunto que atañe a todos los poderes públicos y se conecta con la función pública, es decir, con un aspecto necesario en la vida del ser humano.
El cambio climático es una realidad, sus consecuencias son más gravosas para las poblaciones más vulnerables y, al parecer, el panorama no es muy alentador.
A la Corte Constitucional le corresponde ahora examinar la reforma pensional con la vara de la Constitución Política.
La institución del ministro delegatario se mantuvo en la Constitución de 1991, Carta Política en la que desapareció el designado, reviviendo la figura del vicepresidente.
El Gobierno sigue sin sincerar sus cuentas fiscales y la magnitud real del aplazamiento decretado alcanza solo 11,8 billones de pesos en lugar de 20 billones de pesos.
Es claro que debemos acomodarnos a los nuevos requisitos de los diferentes tipos de visa y demás desafíos que conlleva esta resolución.
Se enfrenta el Gobierno Nacional a un gran reto, pues debe convencer a los diversos sectores que su disposición de concertar es cierta.
Es posible modificar los procedimientos de reforma a la Constitución y de expedición de leyes, siempre que no sustituyan aquella.
A través de sus 32 años de funcionamiento, la Corte Constitucional ha proferido múltiples sentencias en las que se reconocen y protegen los derechos de las mujeres y niñas.
La inclusión de los terceros civiles en los procesos de justicia transicional no es algo novedoso.
Se debe hacer un llamado al ente recaudador para que cumpla plenamente los mandatos constitucionales y los fallos del Consejo de Estado.
El uso de los acuerdos se presenta como una herramienta jurídica importante. Tiene un fin concreto que favorece tanto a los acusados como al poder judicial en sí mismo.
Aunque la decisión de realizar este examen para los nuevos profesionales haya sido tardía, su implementación fue un acierto.
Los trabajadores objeto de este tipo de conductas cuentan con múltiples garantías consagradas por la jurisprudencia constitucional.
A diferencia de la Constitución de 1886, que solo podía ser reformada por el Congreso, la Constitución de 1991 puede ser reformada por acto legislativo, asamblea constituyente y referendo nacional.
Los avances científicos nos han permitido entender que el sexo es más que la apariencia anatómica.
Tarea monumental le espera al siguiente Gobierno, contando con que este quiera remediar los problemas y no simplemente apropiarse del sistema y sus dineros.
Se quiere asegurar el derecho de las mujeres a vivir libres de violencias basadas en género y garantizar el acceso a una justicia diligente que investigue, sancione y repare todos los actos de violencia contra ellas.
Parece que el Gobierno siente que ese Estado de derecho es un yugo para la “voluntad popular” encarnada en el “líder cósmico”.
La Ley 2114 del 2021 ajustó las licencias de maternidad y de paternidad y, al tiempo, creó las licencias parentales.
Un sector autoritario de Estados está tratando de explotar nuestro gran respeto, que ellos mismos no tienen, por el derecho internacional. Pero no debemos dejarnos intimidar por esto.
Por más que se intentan poner barreras, la tecnología siempre nos va a superar, y nadie puede ser privado de los beneficios que nos dispensa.
Las direcciones contradictorias entre la naturaleza del contrato a término fijo y la aplicación de las causas justas de terminación evidencian un vacío normativo.
A la par de esta estructura de mercado laboral construida a base de fueros, nuestra economía crece cada vez menos, así como también las barreras gubernamentales para sostener y crear nuevos negocios.
El Gobierno captará casi la totalidad de las cotizaciones de los colombianos, dispondrá de lo ahorrado en las cuentas individuales y tendrá gran injerencia en su administración.
Es necesario extender las normas y decisiones judiciales para que protejan a los seres más vulnerables de nuestra sociedad: los miles de animales que siguen muriendo a diario.
Una ley nueva no erradicará la violencia contra las mujeres, pero puede ser el principio de una institucionalidad pensada intencionalmente para no maltratarlas en el proceso.
Desgraciadamente, lo que queda de este Gobierno no promete soluciones sino agravamiento de problemas. Por consiguiente, debemos atrincherarnos y empezar a preparar el futuro.
Son estos casos los que nos recuerdan la necesidad de seguir trabajando por una creación, aplicación y enseñanza del Derecho que se pregunte siempre por las mujeres y las niñas.
El enfoque de género en la decisión judicial no pasa solamente como una moda que deba seguirse, sino que genera una nueva metodología de abordaje y resolución de los casos paradigmáticos.
Lo planteado por el presidente se puede entender como la enunciación de las luchas de poder al interior del Estado.
Pese a ser el derecho matriz del derecho laboral, la huelga no se encuentra regulada en ningún convenio o recomendación de la Organización Internacional del Trabajo.
Queda aún la lucha contra otras prácticas crueles e inaceptables que aún quedan, como las corralejas, las peleas de gallos y el coleo.
Vale la pena recordar que, de lo analizado en su momento, al ser la información exógena una amplia producción de datos, esta era proclive para cometer cualquier error involuntario.
La ilegítima, irregular y oscura designación y la autoposesión notarial del profesor Ismael Peña como rector de la Universidad Nacional de Colombia han puesto nuevamente en el escenario público la autonomía universitaria.
La responsabilidad penal solo se aplica a las personas naturales, con lo que la existencia de los programas de cumplimiento parece ser una moda antes que una necesidad.
Según el Código Civil, se deben alimentos a los descendientes, de manera que las obligaciones alimentarias recaen, principalmente, en los padres y solo, de manera subsidiaria, en los abuelos.
El próximo 15 de junio, se conmemoran 809 años de la concesión forzada de la Magna Charta por parte del “mal rey Juan” a la aristocracia feudal que se le enfrentó.
Esta figura es incompatible con los artículos 4º del Convenio 98, y 2º y 3º del Convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo.
Procurar el desarrollo de una actividad económica lícita y pacífica a lo largo y ancho del territorio nacional es una tarea de muy difícil consolidación.
Lo determinado en la Ley 1922 del 2018 presenta vacíos o imprecisiones que han dificultado la resolución de la situación jurídica de fondo de estos comparecientes.
Felipe Zuleta Lleras lanzó el libro Las primeras damas de Colombia. Conoce el tema y fijó el interrogatorio de parte.
Todavía existen, hasta cierto grado, los pesos y contrapesos de la Carta Magna de 1991, aunque se van evaporando.
La gran conclusión es que, a pesar de los avances científicos, el ser humano sigue siendo esencialmente primitivo en lo que se refiere a la política.
No es un asunto de menor escala el aseguramiento de una escritura jurídica funcional. La optimización en la escritura resulta favorable en el ejercicio del Derecho.
Al fomentar la colaboración entre los jueces constitucionales podríamos avanzar hacia un constitucionalismo transformador y revitalizar el espíritu de la Constitución.
La problemática real en relación con los pactos colectivos es el uso indebido de la figura para desincentivar la afiliación sindical.
Me permito hacer un llamado al legislador para que tenga en cuenta y respete los principios de lesividad y de exclusiva protección de bienes jurídicos al momento de crear tipos penales.
La función de los superintendentes es una labor técnica y sus decisiones deben estar fundadas en derecho, teniendo en cuenta lo probado en cada procedimiento administrativo sancionatorio.
Trabajar con la técnica adecuada frente a la teoría del caso permite contar con una herramienta útil para afrontar un litigio con un objetivo definido.
Cuáles son los verdaderos móviles que fundamentan una iniciativa innecesaria de tal magnitud, que por vías constitucionales resulta imposible.
El énfasis en la libertad de empresa genera cuestionamientos profundos en torno a la trasparencia e igualdad que la Corte promueve con esta audiencia.
Para reformar la justicia, se debe consultar a múltiples actores, un proceso muy similar a la construcción del Plan Nacional de Desarrollo.
Millones de veces al día, a la semana, al año escuchamos a través de los medios de comunicación el uso de esta palabra. Pero ¿qué significa realmente la política?
Es incoherente exigir al empleador un absoluto control sobre los riesgos laborales bajo la teoría del riesgo creado.
Tal parece que la administración, como lo hicieron los romanos hace 2.000 años, pondrá a las personas naturales a transitar un viacrucis tributario durante el 2024.
Habría tres tipos de responsabilidades autónomas e independientes por violación de los topes de financiación: constitucional, administrativo y penal.
Por el momento, las empresas o entidades públicas interesadas en adoptar estos mecanismos alternativos de prevención de conflictos deben buscar adecuada asesoría jurídica para diseñar estrategias en la implementación.
Me temo que esta regla termina teniendo el efecto justamente contrario de lo que representa un nivel de exigencia más alto que el normal.
Por el momento, esta decisión está teniendo un efecto importante en la apertura del debate para derribar ideas prejuiciosas y estereotipadas, así como para comprender el efecto de la pseudociencia en los procesos.
Muchos juristas y académicos, con un considerable capital social, cultural y jurídico, que estaban vinculados a las ONG encontraron el cimiento del derecho mismo en la Constitución.
Marbury vs. Madison no solo es ilustrativo hacia la atención de las controversias constitucionales, sino que resulta ser un soporte para cualquier operador judicial al momento de proferir el acto judicial.
Incluir a los animales en nuestros sistemas jurídicos como individuos con intereses legalmente relevantes no es imponer una visión particular sobre la moral social.
Aunque la reforma laboral todavía no es ley, lleva más de un año ganando terreno. Y claro, eso implica que trabajadores, sindicatos y empresarios abran sus mentes, renueven sus agendas y contenidos y se modernicen.
La teoría de juegos nos enseña que, en la asociatividad laboral, hay diversos intereses en juego, y la dinámica no siempre se reduce a una simple confrontación entre un trabajador supuestamente débil y un empresariado organizado.
La invitación es a la reflexión jurídica y a la aplicación de las leyes, no de los memorandos.
Con la implementación del Acuerdo Final de Paz se produjo un traslado de competencias judiciales a la JEP.
La mera elección no es democracia. Putin ganó las elecciones rusas; Maduro tiene capturado al sistema electoral venezolano. Nadie duda de su condición de tiranos.
Después de más de 140 años, las mexicanas se rebelaron contra esa epístola machista y ese manual de buen comportamiento. Dijeron: ¡basta ya!
Me parece inaceptable que el Gobierno acepte un compromiso del ELN que se refiere solo a una parte de los menores de edad y no a todos.
En estos primeros años, Icodeco ha venido estableciéndose de manera administrativa y desarrollando trascendentales hitos académicos en materia de derecho del consumo y de los mercados en Colombia.
La entrada a un país es factor clave, porque la mayoría de los inmigrantes irregulares no pueden ser deportados por razones jurídicas u obstáculos fácticos.
En nuestra historia reciente, marcada por una pandemia que afectó al mundo entero, el reconocimiento del cuidado como un derecho humano es una cuestión de máxima importancia.
Este es un nuevo mecanismo novedoso e importante y será muy interesante ver cómo será su aplicabilidad en el ejercicio del litigio societario.
En principio, como primera norma, la Constitución es orientadora del funcionamiento estatal.
El panorama ante la inclusión del Convenio 190 de la OIT tendrá como consecuencia una revisión del orden jurídico interno respecto del acoso sexual y las maneras de prevenirlo y sancionarlo.
El artículo 239 del Código Sustantivo del Trabajo establece la prohibición de despido para las trabajadoras por motivo de lactancia sin la autorización previa del Ministerio de Trabajo que avale una justa causa.
Es indispensable que el Ministerio Público desaparezca como interviniente en el proceso penal.
Exigir esta mayoría reproduce una exigencia prevista en un texto normativo que fue expulsado del ordenamiento jurídico.
Hay que reconocer los avances que hemos tenido en la inclusión de las mujeres no solo en el ámbito laboral, sino específicamente en el sector legal. No obstante, debemos propender por superar las puertas giratorias.
En Colombia más del 50 % de graduados de las facultades de Derecho son mujeres, pero ¿cuántas magistradas de altos tribunales tenemos?
Un enfoque real de género en las providencias judiciales permite que las mujeres podamos acceder a una tutela efectiva de nuestros derechos.
Las mujeres han sido históricamente discriminadas, lo que debe ser corregido. La solución no es el aumento de subsidios, sino la corrección de las causas en el mercado laboral.
La pantalla en negro al inicio de la película Zona de interés presagia la oscuridad del alma humana y los sonidos difíciles de identificar hacen pensar en la monstruosidad que será revelada.
No está de más pensar en un nuevo control automático jurisdiccional para los fallos con responsabilidad fiscal de los servidores públicos de elección popular.
Las medidas cautelares están generalmente provistas de una característica que resulta indispensable para su éxito en la práctica jurídica y es que ellas sean ‘in audita parte’.
La JEP ha realizado ingentes esfuerzos para que las personas comparezcan, aporten verdad y cumplan ante las víctimas y la sociedad los compromisos adquiridos.
En un país cansado de la guerra en su sentido más sangriento, no parece útil, aunque sí peligroso, que se siga confundiendo deliberadamente el Estado de derecho con el concepto de lawfare.
El pasado 16 de febrero, el Ministerio de Minas y Energía presentó el borrador del proyecto de “ley minera para la transición energética justa, la reindustrialización nacional y la minería para la vida”.
Las relaciones entre Derecho y política parten de asumir una mutua desconfianza expresa en la idea según la cual, la aplicación del Derecho debe ser independiente de las presiones de cualquier actor de poder político o social.
Debemos ser críticos frente a la idea del amor en el espacio de lo público: porque no necesariamente es un sentimiento bondadoso en abstracto, sino que tiene lados oscuros.
Hay que urgir al Estado a que expida una regulación que considere los 10 principios de la Declaración de Principios Interamericanos en materia de Neurociencias, Neurotecnologías y Derechos Humanos.
Es lamentable, pero la historia y el presente de Latinoamérica están llenos de presuntos salvadores que acabaron convertidos en maldiciones.
Buscar una restricción total de los pactos colectivos cercenaría la posibilidad a los trabajadores no sindicalizados de llegar a acuerdos para regir la relación laboral con sus empleadores.
Es importante conocer la violencia reproductiva, entenderla y, entre otras cosas, diferenciarla de otros tipos de violencia, como la sexual, con la que se le suele confundir.
Los(as) jueces(zas) tienen una obligación de ser garantes de los derechos de las mujeres; sus decisiones deben incluir la perspectiva de género, tal y como ha sido recomendado por varios organismos internacionales.
Debemos propender por un sistema que utilice de forma equilibrada la función de prevención y de garantía. El derecho penal es útil, pero bajo el cumplimiento de ciertos requisitos.
El resultado de nuestro constitucionalismo no puede ser otro intento de clon europeo, como ha sucedido con diversas disciplinas.
Parece que en nuestra época el alegato de genocidio se convierte en monedas devaluadas, por el uso inflacional. El Kremlin invocó genocidio en contra de la población rusa para justificar su brutal guerra de agresión contra Ucrania.
Les queda a los docentes universitarios continuar con la enseñanza de la acción de tutela a sus alumnos, inclusive desde sus antecedentes históricos globales y locales.
Un reciente fallo analizó si el administrador designado de la propiedad horizontal es el único legitimado para interponer una acción de protección al consumidor contra la constructora.
Todas estas situaciones son contrarias a la práctica de un constitucionalismo garantista o, al menos, de las democracias constitucionales contemporáneas.
Un estudio reciente demuestra que las mujeres tienen una mayor probabilidad de sufrir lesiones graves y hasta morir en el choque producido por un accidente automovilístico.
Lo sucedido en El Salvador debe llamar la atención sobre los riesgos y consecuencias que un efecto Bukele comporta en contextos como el colombiano.
Hablar por aquellos que no tienen voz resulta muy loable, pero también muy propenso a la manipulación y tergiversación. Para luchar contra ello, hay que tener madurez política.
Si bien existen estudios oficiales sobre necesidades jurídicas, hay datos elementales que no se recogen o no son consistentes dentro del Estado.
Un monopolio produce efectos indeseados de orden económico, en cuanto genera fuertes desincentivos en la innovación y la calidad del producto.
Es muy importante incentivar la integración del personal científico en ámbitos nacionales e internacionales. Los intercambios académicos son un gran antídoto contra el narcisismo académico y ayudan a ganar en humildad cultural.
Ante la falta de un precedente vinculante, podemos echar mano del principio de autonomía e independencia judicial.
Esta obra tiene una gran trascendencia para el estudio y la práctica del Derecho hoy.
¿Por qué sigue vigente esa obligación, si el Consejo de Estado declaró la nulidad parcial de circulares que ordenaban dicha publicación?
Una reforma en este sentido implicaría un arsenal de controles a las sociedades muy completo y complejo, para evitar distribuciones indirectas y remuneraciones escondidas.
Ese es un Estado en donde Bukele maneja el Gobierno, la justicia y el poder electoral, lo cual significa que no es un Estado de derecho, sino una dictadura o autocracia.
Evaluar el rendimiento de un cargo es necesario en toda empresa. El foco en la mejora continua es un mandato de nuestro tiempo.
La norma no cumple con las exigencias impuestas por la Constitución para decretar la pérdida del derecho al uso de condecoraciones.
Ahora resulta que toda una línea magistralmente trazada sobre los hechos jurídicamente relevantes, que son garantía para todas las partes del proceso penal, se puede burlar.
Las cláusulas de exclusividad deben equilibrar los intereses de ambas partes y no deben imponer restricciones excesivas que puedan ser consideradas injustas o anticompetitivas.
En América Latina, cuando se toman los derechos en broma, el socavamiento del Estado de derecho puede ser aún más peligroso que en otras naciones.
Un grupo de 10 de los más connotados abogados del país publican el libro de estudios jurídicos en honor al exmagistrado.
Lamentamos su pronta partida, exaltamos su legado y recordamos con gratitud el decidido aporte de este destacado jurista al derecho colombiano.
El cambio climático y los retos que supone para los países no puede ser resuelto mediante galimatías jurídicas.
Ojalá como sociedad, por fin, desindexemos muchos otros precios de la economía en función de salario mínimo: su función debe ser regular el mercado del trabajo, eso y nada más.
Entre 1979 y el 2023, el Fondo de Solidaridad con los Jueces de Colombia (Fasol) ha registrado 1.262 hechos de violencia contra servidoras y servidores de la justicia de todo el país.
Esta medida no excluye a los hombres de la posibilidad de aspirar a este nombramiento en el futuro, ni es una forma de discriminación negativa hacia ellos.
Teniendo en cuenta que no existe disposición legal ni doctrina que expresamente se pronuncie sobre este tema, serán los jueces y la Dian los encargados de despejar las dudas al respecto.
En un fallo del 2022, el alto tribunal insiste en que la tutela no debe convertirse en una tercera instancia.
Factores como la inflación, la productividad, la contribución de los salarios al ingreso nacional, el incremento del PIB y la capacidad económica de las empresas son tenidas en cuenta a la hora de determinarlo.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha hecho sus aportes, desarrollos que consideramos son distintos a los de la Corte Constitucional.
Es hora de que Colombia salde la deuda con los artistas plásticos e implemente el derecho de participación con el menor impacto posible en este mercado emergente.
La realidad de la niñez en Colombia y en el mundo sigue empeorando, sin que parezca preocupar o sin que la aparente preocupación se traduzca en políticas serias, eficaces y comprometidas.
Es deseable (o mejor aún, “exigible”) que el laudo se aleje de eventuales agravios o deficiencias.
Se trata de un importante llamado de atención al Gobierno, en cuanto a las limitaciones a la facultad excepcional de decretar contribuciones de emergencia.
El debate sobre el uso de la IA en el sector justicia es necesario y urgente. Se deben establecer normas y lineamientos claros que guíen su implementación y eviten posibles riesgos y abusos.
Dos decisiones recientes de la justicia colombiana dificultan esta reparación a la que puede acceder la ciudadanía cuando se ve afectada.
¿Es esta la ruta que debe tomar Colombia en materia de huelga en servicios esenciales? La respuesta, de cara a la economía y al bienestar de la población, debería ser un rotundo “No”.
En parte, el libro de Britney Spears es una historia verídica que nos ayuda a entender que es necesario trabajar, desde todos nuestros lugares para que las que vienen detrás no sean cautivas de “una vida estereotipada, sin opciones”.
Las instituciones deben adoptar políticas para el desarrollo y la utilización de estos sistemas que sean consistentes con la protección de los derechos humanos.
La ciberseguridad no es la varita mágica inmediata para la solución de estos problemas.
El carácter intemporal de la acción no autoriza al Estado a demorar durante décadas la resolución del proceso iniciado o los efectos de la medida cautelar.
La subrepresentación de las mujeres es especialmente notoria en las listas y selecciones recientes para las altas cortes.
Pretender la persecución penal por insultos discriminatorios o de cualquier tipo desconoce la legalidad y el carácter fragmentario del derecho penal.
Esta realidad nos ha llevado a entender la necesidad de que los derechos de las mujeres sean tratados de forma diferencial en nuestro país y en el mundo.
Por más que los promotores norteamericanos quieran un perfil de fiscal distinto, hay un ADN constitucional y dogmático que no se puede ignorar.
La Corte Suprema de Justicia afirma que los acuerdos y aceptaciones de cargos “son género y especie”.
Los entes territoriales seguimos esperando las acciones del Gobierno Nacional para la adecuada implementación de la política pública de vendedores informales.
La divulgación desmedida de noticias con sesgos mediáticos apenas en los albores de la indagación preliminar es una transgresión de los paradigmas constitucionales.
Le pedimos al Congreso que siga llamando a todos los actores sociales y continúe el trámite de la iniciativa en el marco de una discusión democrática constructiva e inclusiva.
Recientemente, la Corte Constitucional se pronunció sobre este tema.
Las cortes Constitucional y Suprema de Justicia han estudiado la procedencia del principio de la condición más beneficiosa para reconocer pensiones de sobrevivientes y de invalidez.
En Colombia y en otros países, las familias multiespecie gozan de un amplio reconocimiento social.
Varios asuntos previstos en la iniciativa y otros más que se encuentran en el proyecto de reforma laboral aumentarán de manera exponencial la litigiosidad en las relaciones laborales.
La iniciativa incurre en varios equívocos, entre ellos, confiere el carácter de fundamental al derecho de negociación colectiva.
No es extraño que las autoridades se vean en problemas para justificar pronunciamientos necios, que, al involucrarse en disposiciones legales, terminan legitimando conductas previas.
La incorporación del enfoque diferencial etario y la exigencia de su aplicación en toda decisión, política pública y ley es imperativa.
Veremos si los grandes empresarios aceptan con facilidad esta solución arbitral-tributaria-cambiaria que, en el fondo, entraña una censura a la jurisdicción contencioso administrativa.
La norma debió señalar que es nulo de pleno derecho cualquier consentimiento informado que autorice la aplicación de biopolímeros o sustancias no permitidas.
Esta tecnología puede ser útil para ayudar a optimizar las tareas administrativas que son de naturaleza mecánica o repetitiva, pero críticas para la administración de justicia.
Perdemos a un amigo generoso y de gran latitud conceptual. Hernando Yepes siempre actuó con nobleza, incluso en el disenso, agregando a la apertura discursiva una dosis de ligera ironía.
Es inadmisible que algunos jueces o fiscales pretendan que el Instituto Colombiano de Medicina Legal avale una incapacidad del abogado(a) litigante a expensas de violar la reserva de la historia clínica.
Los animales podrían ser considerados objetos en el derecho civil, seres sintientes en el derecho penal y seres afectivos en el derecho de familia.
El propósito constitucional requiere de una regulación para que no se le considere una cláusula dormida, sino que en realidad pueda materializar el objetivo propuesto por el constituyente.
Existe en el país la necesidad de profundizar en la historia de los derechos humanos, desde el movimiento de defensa de estos.
En definitiva, resulta viable la preparación de testigos antes del proceso y dentro de él, siempre que su objetivo sea determinar la utilidad del testimonio en relación con el tema de prueba.
El avance de los derechos de las mujeres ha estado íntimamente ligado al formalismo. Den una mirada a su alrededor.
Aotearoa es el nombre maorí de Nueva Zelanda: hoy es nombre oficial del país, el nombre autóctono de la ‘Nueva Europa’ que quisieron llamar ‘Nueva Zelanda’.
Desde inicios de la década pasada, se viene presentando un atraso injustificado en estas obligaciones, lo que genera la violación de varios preceptos legales.
La ley y su reglamentación constituyen un avance importante para desarrollar sanciones que promuevan una resocialización apropiada.
Si este derecho (a la movilización) se da por constreñimiento de autoridad pública, deja de ser libre y pasa a ser una vulneración al derecho a la libertad de expresión.
En el país, este régimen no es del todo inmutable, pues la autonomía de la voluntad cobra especial protagonismo.
Este análisis muestra cómo la IA puede ser un valioso aliado en la prevención y abordaje de casos que involucran temáticas asociadas a la discriminación.
En suma, la relación entre violencia y Derecho es mucho más compleja que el expediente según el cual entre más Derecho menos violencia.
Una buena forma de conmemorar el sesquicentenario de la vigencia ‘nacional’ del Código Civil sería atender a instrumentos de comparación jurídica finos y bien articulados.
La Contraloría General de la República cumple 100 años y tiene próxima posesión del titular. Le falta cumplir la función constitucional de ver, criticar y superar la deuda externa de la nación.
Parece que ahora se hace necesario volver al ideal de legislarlo todo, para todos y para siempre.
El referendo no puede ser usado para promover retrocesos en la garantía de los derechos fundamentales.
Con la expedición del Decreto 1297 del 2022, podemos decir que ya Colombia descartó el ‘open banking’ y ubicó su perímetro regulatorio en el marco del ‘open finance’.
Esta figura es garante de los derechos de los menores, siempre que prevalezcan sus intereses, por encima de las pretensiones egoístas de los padres.
La obra que ha liderado el maestro Jairo Parra Quijano es digna de ser reconocida, exaltada y es un motivo de orgullo de los colombianos.
Llamar al abogado como testigo constituye una afrenta en contra del secreto profesional, pilar fundamental del derecho de defensa.
¿Cómo armonizar la salvaguarda del patrimonio y garantizar, a la vez, el debido proceso y el derecho de defensa, sin incurrir en prejuzgamientos?
