La “política” y sus implicaciones

José Andrés Prada Gaviria

Abogado, traductor, especialista en Derecho Comercial y especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad del Rosario

¿Qué entendemos por la palabra “política”? Millones de veces al día, a la semana, al año escuchamos a través de los medios de comunicación el uso de esta palabra. Pero ¿qué significa realmente la política?

Resulta conveniente aclarar que el término política no tiene un solo uso, sino, por el contrario, uno variado. Ejemplos de ella en el sector público son la política fiscal, la política ambiental, la política regulatoria, etc., y en el sector privado se habla de política de privacidad, política de mercado, política de productividad, etc.

Para muchos, la política es el arte o ciencia de gobernar. En el presente documento se hará referencia a la política electoral o de campaña, al igual que a la política pública, sin enfatizar en ningún partido o político en especial.

Aclarando lo anterior, debo mencionar que la política “suele ser definida como el conjunto de decisiones y medidas tomadas por determinados grupos que detentan el poder, en pos de organizar una sociedad o grupo particular”[1].

Es decir, en cuanto a su uso público tiene relación con el uso del poder, otorgado por el pueblo (desde un punto de vista si se quiere más romántico, pero democrático) mediante el cual el gobernante adopta decisiones en relación con un Estado, sus habitantes y su ordenamiento.

De esta manera, la política es un medio eficaz para gobernar una Nación, y esta se encuentra, a mi modo de ver, relacionada con el partido político de turno que fue elegido democráticamente para gobernar por un lapso de tiempo determinado.

Es así como la palabra política implica el rumbo o dirección ideológica que el partido político elegido para gobernar le da a unos dirigidos y que sirve para regir sus destinos.

La política vista así no es un concepto plano, sino complejo y de vital importancia a la hora definir el accionar de los gobernantes. La política representa la ideología del grupo dirigente y transmite esas ideas a través de su dirigente o dirigentes.

También es cierto que esa política en campaña es la que seduce a los electores, quienes, en últimas, eligen mediante el ejercicio del voto a su presidente. Ahora, una vez en el poder, esa política puede variar y está sujeta a un control político (valga la redundancia) por parte del Congreso, que es el responsable de aprobar las leyes de un país democrático.

Así, esa política del partido dirigente de turno si bien pretende ser revolucionaria e innovadora, no está ajena a la oposición e, incluso, a la aprobación del pueblo, que, a través de sus representantes, los congresistas, son quienes deben controvertir o aprobar dicha política.

Existe una política pública que, a mi modo de ver, no puede ser absoluta. A pesar de que el Gobierno vigente, que gana las elecciones democráticamente y legítimamente, busca instaurar esa ideología en la práctica, no puede pasar por encima de unos cimientos o conceptos propios del Estado de derecho de cualquier nación. Tal sería el caso de que un gobierno quisiera modificar alguno de los derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución por un simple capricho o cambio de ideología pública. Existen unos cimientos jurídicos y constitucionales (por mencionar un ejemplo) sobre los cuales está cimentada la democracia, que no pueden ser transgredidos o pasados por alto. Si quieren ser modificados, tendrían que serlo por una vía legítima, como el paso por el Congreso.

De esta forma, cuando se acepta un cambio de ideología pública de gobierno, el gobierno entrante y sus dirigentes, a pesar de tener toda la libertad de traer e implementar dicho cambio, deben contar con el consenso de sus gobernados. Por más innovadora y nueva que resulte esta política, no es ajena a un control político por parte de las demás instancias del Estado, especialmente por el Congreso o por las ramas judiciales.

Los gobiernos, muchas veces, han cambiado, asertivamente o equivocadamente, de política. Cada cuatro años las urnas se abren para continuar o cambiar dicha política estatal.

Se debería conservar lo bueno y mejorar lo que no funciona. Pero como en todo, la teoría muchas veces resulta más fácil que la realidad.

La democracia de alguna manera contempla la decisión de las mayorías. No necesariamente todos debemos estar de acuerdo con la política elegida, pero si fue la que ganó, legalmente debe ser la que rija para todos. Afortunadamente o desafortunadamente, dependiendo del lado en el que se esté, existe la oposición y el control político.

Con instituciones frágiles, dichas medidas de control pueden llegar a ser insuficientes, sin olvidar que, en las democracias, el pueblo es el constituyente primario y en él radica el poder. En últimas, la política está dirigida hacia el pueblo y sus bondades o perjuicios lo afectan directamente.

Finalmente, lo que debe quedar claro es que la palabra política no es algo amorfo o etéreo, sino que representa toda una ideología detrás del gobierno que gana las elecciones democráticas, en cuyas manos está el poder de dirección de un país, sin perder de vista que no gobierna solo. Una política asertiva e implementada correctamente generará beneficios para el país y sus gobernados, y una contraria traerá lo opuesto. Es cierto, nadie tiene la verdad absoluta ni está libre de errores y, además, cada época trae desafíos y dificultades propias y diferentes, pero indiscutiblemente para quienes eligieron determinada política, así como para los que se encuentran gobernados por dicha política, buscan que genere cosas buenas para todos y para un país. No bastan las buenas intenciones, si no van acompañadas de buenas acciones, trátese de una política A o B.                    

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