23 de Noviembre de 2024 /
Actualizado hace 7 horas | ISSN: 2805-6396

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Opinión / Columnista Impreso

Juicios ‘prima facie’

168017

Whanda Fernández León
Docente especial de la 
Universidad Nacional de Colombia

 

“Con los videos de las cámaras de seguridad quedó probado que Juan Pérez es el asesino de la niña”. “El peluquero de las estrellas fue asesinado por su propio hermano”. “Espectacular operativo de captura del feminicida fugitivo”. “Testigo revela datos impactantes del atroz crimen contra un bebé”. “Las pruebas que comprometen a alias El mono son contundentes”.  “Juicio contra asesino de Rosalía inicia en el mes de noviembre”, etc.

Estos estremecedores titulares tan frecuentes en el contexto de las audiencias previas al juicio –entre ellas las de control de captura, formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento– siguen generando serias inquietudes, en razón del alto riesgo que implica para los derechos humanos fundamentales de los actores e intervinientes. ¿No es acaso irresponsable que, en una etapa tan temprana, se enrostren autorías y se insista en la imposición de penas exorbitantes, cuando las pesquisas policiales apenas comienzan y las líneas de investigación arrojan datos fragmentarios e imprecisos que no responden las clásicas preguntas ¿quién?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?, ¿por qué? y ¿qué daños y perjuicios se causaron con la infracción?

Si bien en la Ley 906 del 2004 no obra ningún precepto que disponga el secreto o la reserva de los actos del antejuicio y, por el contrario, lo que se garantiza es la publicidad de la actuación procesal, a la que tienen acceso, además de los intervinientes, los medios de comunicación y la comunidad en general, es innegable que la divulgación innecesaria y desmedida de noticias con sesgos mediáticos apenas en los albores de la indagación preliminar constituye una transgresión de los paradigmas constitucionales y una presión indebida sobre las decisiones judiciales. ¿Qué pensarán los juzgadores imparciales encargados de proferir el fallo respectivo?, ¿qué opinarán las víctimas, los testigos, los peritos?, ¿qué pasará con el indiciado, su derecho a tener un juicio justo y la prohibición expresa de presentarlo como culpable? En cualquier país que se precie de ser una democracia, tan precipitados y temerarios prejuicios son perversos y comprometen seriamente el éxito de las investigaciones. 

Para la mayoría de los doctrinantes, “el antejuicio es un procedimiento de búsqueda, en el que se construyen hipótesis y se trazan líneas de investigación, por lo que todo es probabilístico, provisional y modificable”. No obstante, hoy en las redes sociales se reproducen audios y videos, se leen testimonios, se confrontan documentos, se analizan providencias, se enfrentan testigos, se comentan informes técnicos y se filtra información confidencial.

La gravedad de la situación que hoy padecen los penalistas (llámense magistrados, jueces, fiscales, procuradores, abogados litigantes, investigadores, policías y servidores judiciales en general) por las amenazas y violencias desplegadas en su contra se hizo explícita en la reciente cumbre judicial reunida en la ciudad de Bucaramanga y convocada por la Corte Suprema de Justicia, en la que el presidente de esa corporación requirió del gobierno central medidas de protección urgentes.

Textualmente, dijo el doctor Fernando Castillo Cadena: “Los procesos judiciales actuales se han convertido en muchos casos en eventos mediáticos en los que las personas son condenadas por redes sociales. Los victimarios son señalados, juzgados y condenados públicamente, en la inmediatez de las pruebas divulgadas en las redes. El proceso judicial compite en desventaja con el juicio paralelo de los medios. Los conflictos se minimizan y su complejidad de resolución se reduce a la opinión popular. Los grandes casos se convierten en un espectáculo mediático que amenaza el debido proceso, la seguridad jurídica, la credibilidad y la independencia judicial”.

Esta temática reviste alta complejidad y se siente el vacío de una rigurosa normativa al respecto. Por ahora, bastaría con preguntar: ¿para qué tanta publicidad mediática?, ¿para qué convertir el proceso penal en un show?

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Guillermo Díaz…

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