Colombia necesita una Defensora del Pueblo y de la institución

Kenneth Burbano Villamarín

Director Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la Universidad Libre

La terna integrada solo por mujeres presentada por el presidente Gustavo Petro a la Cámara de Representantes para la elección del Defensor del Pueblo[1] es un acierto; lo propio ocurrió con la terna para la elección de Fiscal General de la Nación. Con estas decisiones el presidente envía su mensaje político de inclusión, de respaldo y confianza en las mujeres. Se están desafiando las normas de género tradicionales y creando una oportunidad igualitaria para que las mujeres compitan bajo las mismas condiciones, no solo al ser consideradas para el cargo, sino al permitir que puedan ser realmente elegidas, rompiendo con un ciclo de exclusión enraizado y normalizado.

Lamentablemente en Colombia ha ocurrido lo contrario, se sabe con anterioridad quién será elegido Defensor del Pueblo y para ponerle el ropaje de participación e igualdad se incluye en la terna una o dos mujeres. Reitero lo dicho en ÁMBITO JURÍDICO[2], la conformación de una terna exclusivamente femenina no es una medida arbitraria, sino una acción afirmativa; la igualdad de género y su protección permite construir una sociedad más igualitaria, justa y plural. Desde luego no faltará quien instaure acción de tutela para que se incluya a hombres en la terna o impedir la elección.

La Cámara de Representantes tiene la oportunidad histórica de elegir sin equivocarse, ya que las ternadas cuentan con excelentes hojas de vida, son destacadas profesionales, idóneas, con una amplia trayectoria judicial y en derechos humanos. A diferencia de anteriores elecciones con “ternas de uno”, donde la identidad política del escogido estaba definida antes de la elección, hoy se percibe que la independencia propia de quien será jefe de un organismo de control se puede recobrar. Es importante escuchar las propuestas de las candidatas, sus líneas de acción y prioridades.

El trabajo que le espera a la nueva Defensora del Pueblo es arduo, de gran responsabilidad y de trascendencia para el país. Es urgente recuperar la credibilidad y el prestigio que caracterizó a la institución en su primera década; la misionalidad como garante de los derechos de las personas más vulnerables se ha perdido; la magistratura de la opinión y la denuncia, la voz seria y respetable movida por el pluralismo y la inclusión desapareció. La impronta del Defensor del Pueblo como el gran mediador que propone el acercamiento y fórmulas de arreglo entre las partes en conflicto se redujo a denuncias mediáticas, a asumir posiciones con sesgo político, perjudicando a las comunidades y poniendo en riesgo a los servidores de la institución, lo que ha significado la pérdida de espacios para cumplir la labor defensorial.

La protección de la población civil, la búsqueda de una paz estable y duradera, el cumplimiento del Acuerdo de Paz del 2016 hace parte de las actuaciones esenciales y permanentes de la Defensoría del Pueblo. Si la cabeza de la institución se parcializa, a favor del presidente que lo ternó y en contra del presidente que lo remplazó, como ocurrió en este último periodo; o con llamados de atención a los alzados en armas y a los grupos criminales, pero con un control y vigilancia débil con la Fuerza Pública; las denuncias por violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario no tendrá trascendencia, tampoco las alertas tempranas.

El Defensor del Pueblo no puede ser un crítico del Acuerdo de Paz, todo lo contrario, debe ser el primer servidor público que lo cumpla de buena fe, guardando en sus actuaciones coherencia e integralidad con lo pactado, en acatamiento de la Constitución (Acto Legislativo 02 de 2017). Es necesario y oportuno que el Defensor del Pueblo recobre la participación en los diálogos, negociaciones y acercamientos de paz, como representante de los sectores más vulnerables de la población, como el ciudadano-defensor de la sociedad depositario de autoridad moral.

Le corresponde a la Defensoría del Pueblo continuar con ahínco su misión de promover y divulgar los derechos humanos; atender las quejas y reclamos de las personas, ejercer las acciones judiciales y la defensoría pública; salvaguardar los derechos de las víctimas del conflicto armado, de las mujeres, los grupos étnicos, la niñez, la población con movilidad humana; igualmente la defensa de los derechos colectivos y del ambiente.

La Defensoría del Pueblo ha caído en el descrédito, en la generalización de ser una institución que se utiliza para pagar favores políticos especialmente con los cargos directivos y con una contratación excesiva. Es clave contar con defensores del pueblo regionales con experiencia y formación en derechos humanos y derecho internacional humanitario, independientes y no como los representantes de grupos o partidos políticos muchas veces aliados o cercanos a los violentos. Las graves denuncias de los sindicatos y trabajadores de la entidad deben ser atendidas por la nueva Defensora del Pueblo. La entidad cuenta con servidoras y servidores públicos muy valiosos, con una carrera al servicio de la institución, comprometidos con las causas sociales; ojalá se imponga el mérito. Defendamos la Defensoría.