Los efectos legales de la unión marital del hecho son casi iguales que el matrimonio. Actualmente, son muchas más sus similitudes que sus diferencias, pero, en todo caso, vale la pena revisarlas.
El aumento salarial anual produce efectos fiscales a partir del 1 de enero del respectivo año y, por ende, tiene carácter retroactivo.
Si bien cualquier norma es susceptible de tener apartes cuestionables en cuanto a su validez, el expedir disposiciones con evidentes cuestionamientos constituye un precedente peligroso.
Menos reformas aisladas y más visión integral, sistémica y de largo aliento se requiere, para decidir la reforma social que el país demanda.
En suma, alguien que, en efecto, cumplió los propósitos de la política pública de colonización dirigida va a resultar condenado penalmente.
Desde la década de los noventa, la Corte Constitucional ha proferido providencias, al tiempo que el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido resoluciones sobre la materia.
Todas las personas, actores y sectores debemos contribuir a la prevención de la trata de personas.
Consejo de Estado debe definir si los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021 deben ser aplicados o deben ser exceptuados.
Teniendo en cuenta que los tributos son el principal recurso económico del Estado moderno, es apenas natural que las constituciones establezcan unos principios fundamentales en la materia.
Este es un completo recorrido de los empeños de diversos gobiernos –desde el pionero de Belisario Betancur hasta el actual de Iván Duque– para superar el conflicto interno armado.
La característica de color blanco puede variar en función de la utilidad que este cambio represente.
Derecho a la salud es fundamental y autónomo y su protección atiende al principio de integralidad: Corte Constitucional.
Así lo señaló la Corte Constitucional al conceder una tutela en contra de una decisión del Consejo de Estado que se abstuvo de reconocer el pago de indemnización por lucro cesante a la familia de una persona ejecutada extrajudicialmente por el Ejército.
El Gobierno objetó por inconstitucionalidad el proyecto de ley 212/17S–179/17C, que adicionó un nuevo parágrafo al artículo 7 de la Ley 180/95.
La participación en la prestación se basa en los principios del libre ejercicio de la actividad económica y de la iniciativa privada, dentro de los límites del bien común.
Confirman sentencia que negó pretensiones anulatorias de elección del alcalde de Bello - Antioquia.
Los empleados de las UTL no ejercen autoridad, pues están subordinados al senador o representante a la Cámara.
El entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas, contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas.
Los BEP, un criterio de desempate en materia de licitaciones públicas y una tutela por parte de una antigua trabajadora del Seguro Social, entre los temas que estudió el alto tribunal.
El Consejo de Estado declaró la nulidad de las Resoluciones 3986, 7464 y 2746 del 2004 de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.
El Consejo de Estado les advirtió a las autoridades accionadas que las órdenes dadas son de obligatorio y perentorio cumplimiento.
Corte Suprema determinó que el predio de la Terminal de Transporte de Valledupar no podía prescribir a favor de una ciudadana.
Dichas armas como armas menos letales, se regirían estrictamente a la regulación establecida en el Decreto Ley 2535 de 1993.
La Corte Constitucional explicó las diferencias entre cosa juzgada y temeridad.
La expresión “sociedad” de los artículos 263 y 264 del Código de Comercio había sido demandada ante la Corte Constitucional, pero el alto tribunal se inhibió de emitir pronunciamiento de fondo.
Luego del escándalo de los últimos días por la filtración involuntaria de los contratos con algunas farmacéuticas, hoy el Consejo de Estado reveló su decisión de declarar improcedente la tutela en contra de la decisión del Tribunal de Cundinamarca que obligó al Gobierno a revelar los contratos.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 23 y 45 de la Ley 2080 del 2021, que reformó el CPACA.
La Sala Plena de la Corte declaró la exequibilidad de la disposición del artículo 3 de la Ley 789 del 2002, que limita el acceso a dicho beneficio para personas con hijos menores de 18 años, independientemente del tipo de vínculo filial.
Se trata de un proyecto de ley orgánica con el cual se busca definir el funcionamiento de esta figura, cuyo texto atiende las reglas y asuntos que detalla el Acto Legislativo 02 del 2020.
La Corte Suprema explicó que el ejercicio del contrato sindical requiere de un sistema de relaciones laborales firme con organizaciones sindicales sólidas.
Es indispensable que las instituciones educativas consideren ciertos aspectos para garantizar y proteger su funcionamiento frente a la nueva realidad.
Confirman improcedencia de tutela de la Superservicios contra sentencia de nulidad del Consejo de Estado.
En el caso concreto, la Corte Constitucional declaró la carencia actual de objeto por daño consumado.
En todo caso, los medios y canales dispuestos deben propender por la materialización efectiva de derechos fundamentales.
No deben confundirse las funciones de recaudar y cobrar, toda vez que comportan contenidos y regulaciones diferentes.
Dentro de las salvedades que prevé la norma está litigar en causa propia y cuando lo debe hacer en función de su cargo.
Se conoció la versión según la cual existe una molestia dentro del Consejo de Estado por decisiones recientes de la Corte Constitucional en las que revoca sus sentencias.
La norma establece que para poder despedir a los beneficiarios de esta ley se deberá contar con autorización del inspector de trabajo o, en su defecto, del alcalde municipal.
Así lo estableció la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad del Acuerdo sobre cooperación financiera suscrito entre Colombia y Francia en 2016.
Un ciudadano de la tercera edad presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 203 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
Ahora, los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a la educación superior pública de forma gratuita gracias a las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional.
El alto tribunal tuteló los derechos de una mujer que fue elegida rectora de una universidad pero cuyo nombramiento había sido anulado por el Consejo de Estado, al considerar que esta había incurrido en la inhabilidad del artículo 126 constitucional.
Corte Constitucional condicionó el numeral 4° del artículo 411 del Código Civil e hizo un llamado a los jueces y al legislador.
Ampliar el trabajo educativo en casa y retorno gradual a la modalidad presencial bajo el sistema de alternancia no vulnera la Constitución Política.
Se podrán continuar ofreciendo acuerdos de pago incluso a los beneficiados con la reinstalación y/o reconexión del servicio.
Entre el 6 y el 22 de agosto, se realiza una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Legis presenta sus novedades en materia de Literatura Jurídica.
La Corte tuteló el derecho al debido proceso del exalcalde luego de revocar una sentencia del Consejo de Estado que lo había condenado a pagarle casi $ 600 millones al Distrito Capital.
No obstante, la entidad puede evaluarlos a través de instrumentos diseñados para tal fin o emplear formatos similares.
El alto tribunal declaró la legalidad de la Resolución 040/15, mediante la cual la Procuraduría abrió y reglamentó la convocatoria para los cargos de procuradores judiciales de la entidad.
La Corte Constitucional admitió dos demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el artículo 170 de la Ley 1801 del 2016.
Ampliación de la licencia de paternidad, trabajo remoto, medidas laborales para mujeres y ley de comida “chatarra” son algunas de las leyes sancionadas.
En el presente escrito, contesto algunas inquietudes formuladas por una prestigiosa profesora, con ocasión de una columna publicada en este medio de comunicación.
Se sancionó ayer la ley que extiende algunos de los beneficios de la Ley 82 de 1993 a los hombres cabezas de familia en materia de inclusión financiera, protección social y emprendimiento.
Cada pueblo indígena tendrá completa libertad de realizar dicha conmemoración y celebración, según sus respectivas costumbres y creencias.
La Ley 489 de 1998 determinó la organización y funcionamiento de las entidades y organismos pertenecientes a la Rama Ejecutiva.
Se devolvió la personería jurídica al partido luego de revocar la sentencia del Consejo de Estado, que negó la nulidad de unas resoluciones del Consejo Nacional Electoral.
La norma introduce cambios en las atribuciones del alcalde mayor, los alcaldes locales y las JAL, así como en el régimen de remuneración de los empleados del Distrito Capital.
Dentro de los objetivos está fomentar el desarrollo integral y diferenciado de los departamentos fronterizos.
El tiempo laborado dentro de los consultorios jurídicos puede ser contado para efectos de acreditarlo como experiencia profesional.
Se otorgan herramientas para gestionar su diseño institucional y garantizar una atención especializada e interdisciplinaria.
Es necesario surtir un procedimiento previo que garantice el debido proceso a los usuarios antes de adoptar la medida.
Habían sido demandadas varias expresiones del artículo 384 del Código General del Proceso. El alto tribunal se estuvo a lo dispuesto en las sentencias C-056/96 y C-070/93.
La Corte Suprema de Justicia no reconoció la existencia de una unión marital de hecho entre un policía y un sacerdote fallecido.
Los empleados de carrera administrativa pueden ser incorporados en un empleo igual o equivalente de la nueva planta de personal.
Fue presentada una demanda en contra de tres prohibiciones de las contenidas en el artículo 15 del Decreto Ley 953 de 1997. Para el demandante las disposiciones vulneran el derecho al debido proceso en tanto su interpretación y alcance queda al criterio subjetivo del operador disciplinario.
Es de precisar que, por ser una reforma constitucional, a la iniciativa le resta otra ronda de cuatro debates en segunda vuelta antes de poder integrarse a la Constitución.
Las entidades encargadas del aseguramiento deben pagar las incapacidades de origen común a los diagnosticados con covid-19.
Se extendería un mes más, al inicio del año, el periodo del Congreso, pues el regreso actualmente está fijado para el 16 de marzo.
El Consejo de Estado recordó esta regla, contenida en el artículo 52 de la Ley 489 de 1998, en el marco de una acción de cumplimiento promovida en contra de diferentes entidades.
La Sala de Consulta del Consejo de Estado resolvió varias preguntas al Ministerio de Transporte sobre el alcance, procedencia y el procedimiento que debe seguirse al aplicar sanciones por reincidencias infracciones de tránsito.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con Andrea Elizabeth Hurtado, secretaria jurídica del Ministerio de Salud, sobre el Plan Nacional de Vacunación.
Para resolver los complejos problemas sociales que hoy enfrenta la ‘sociedad del riesgo’, no es necesario atropellar las ciencias penales, liberales y humanistas.
La pandemia trajo consigo una serie de consecuencias en la conducta humana, en nuestra interrelación social y un significativo impacto en todos los órdenes conocidos.
En suma, la interpretación sistemática se manifiesta a través de la interpretación adecuada de las leyes, amparada en la fuerza normativa.
Emilio José Archila, consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, presentó un balance de los avances más importantes en este gobierno.
La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Educación definir un sistema transitorio de equivalencias que le permita a los etnoeducadores gozar de los beneficios del escalafón docente.
La segunda edición de esta obra hace un recorrido adicional a la primera frente a todas las partes que integran el derecho parlamentario colombiano.
El experto Jairo Villegas Arbeláez nos presenta un completo tratado sobre el derecho del trabajo en la función pública.
En 30 años, los postulados principales sobre los que se cimientan las democracias contemporáneas no habían sido objeto de cuestionamientos tan generalizados y abstractos.
Como forma de mitigar la crisis derivada del covid-19 y de las medidas tomadas para su control, se expidieron los decretos 560 y 772 del 2020.
Según la Corte Constitucional, el artículo 243 del PND no desconoce el mandato constitucional de unidad de materia previsto en el artículo 158 de la Carta Política.
Al resolver un mecanismo de revisión eventual dentro de una acción de grupo promovida en contra de una empresa de energía y otras entidades, el alto tribunal unificó su jurisprudencia.
El alto tribunal recordó los antecedentes, concepto, alcance y test existentes en materia de protección de la propiedad intelectual respecto del software.
No se evidenció que el funcionario haya desbordado la órbita de sus funciones como juez constitucional, ni que haya desplazado las atribuidas a los jueces ordinarios.
Si no se ha incurrido en dolo o culpa, se podría disponer de un término de tres meses para poner fin a la situación.
Entre los que me han llamado la atención, figura, por ejemplo, uno que tiene que ver con la designatura y la vicepresidencia.
La Corte Suprema casó una sentencia que había negado las pretensiones de una demanda laboral promovida por una mujer que fue despedida de una empresa de servicios públicos.
Así lo hizo la Sala Civil del alto tribunal luego de negar una acción de tutela a un juez en contra de la decisión de la Sala Penal de la misma Corporación que lo condenó por prevaricato.
El descanso busca la recuperación de la madre y la atención del recién nacido, lo cual incide en su desarrollo armónico e integral.
A partir del 2023, la norma regirá para las autorizaciones de vigencias futuras para la asignación para la Paz hasta el 31 de diciembre del 2037.
La inclusión de los caballos en las protestas se hace con el fin de generar un efecto disuasorio a los manifestantes cuando aquellas se tornan violentas.
La Corte Constitucional, en sentencia de unificación, negó una tutela en contra del fallo del Consejo de Estado proferido en 2018 que ordenó la restitución de un inmueble al municipio de Valledupar.
Así lo señaló la Corte Constitucional al inhibirse de pronunciarse de fondo frente a una demanda interpuesta en contra las normas que regulan la figura de la entrega vigilada y el agente encubierto, por considerar que en estas se configuraba una omisión legislativa relativa.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 1º (parcial) y los literales (a) y (b) (parciales) del artículo 2º de la Ley 2089 del 2021.
Durante la interrupción cesa la obligación del trabajador de prestar sus servicios y del empleador de cancelar salarios.
Decretar y practicar pruebas de oficio puede, en determinados casos, pasar de ser una facultad a ser un imperativo para el juez.
Las entidades territoriales no están obligadas a otorgar exenciones, la disposición es potestativa y mediante acuerdo.
Según la Corte Constitucional, la Corte Suprema desconoció el principio de igualdad con la interpretación del requisito de convivencia previsto en el literal (a) del artículo 47 de la Ley 100.
El Consejo de Estado anuló una expresión de una circular expedida por el director de una cárcel de Caldas que limitaba el número de personas sin primer grado de consanguinidad con los reclusos que podían ingresar a visitarlos dentro del establecimiento carcelario.
En este caso no opera la regla de continuidad sino de desinvestidura automática, que obliga a la separación inmediata del cargo.
No es la primera vez que se pone a consideración de esta corporación un caso en el que se encubren bajo la apariencia de muertos en combate homicidios de población civil.
Además de dicha orden, la Corte Constitucional le ordenó al Consejo Superior a través de una decisión de tutela hacer un censo en todas las salas penales del país para conocer las cifras de los procesos represados y crear un sistema de alertas para identificar los despachos congestionados.
Continua el debate en torno al regreso a las sedes judiciales, quienes están en contra de este modelo destacan las ventajas que ha demostrado la virtualidad durante la pandemia.
El aparte demandado persigue finalidades que no están prohibidas constitucionalmente, explicó el alto tribunal.
Consejo Superior de la Judicatura tiene la obligación de garantizar el acceso físico o electrónico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales.
Los desplazamientos que adelanten dichos funcionarios a nivel nacional e internacional deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen.
Así lo reiteró la Sección Tercera del Consejo de Estado luego de confirmar una sentencia que absolvió a la Fiscalía General de indemnizar a un militar que fue detenido preventivamente dentro de una investigación por falsos positivos.
El Consejo de Estado adoptó dicha decisión al resolver una demanda de nulidad electoral presentada en contra de dicha elección. Aprovechó para unificar la jurisprudencia respecto al alcance de una expresión del artículo 31 de la Ley 617 del 2000.
La Supersociedades muestra cómo emprender, cómo formalizar el emprendimiento, qué es una sociedad y cómo consitutirla.
La imposición unilateral de multas contractuales no era viable antes de la expedición de le Ley 1150 del 2007, explicó la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Al casar la sentencia absolutoria de segunda instancia, la Corte reiteró la necesidad de aplicar el enfoque de género a este tipo de casos. Se recordó que no puede exigirse un comportamiento determinado por parte de la víctima como presupuesto para sancionar la conducta.
La causal de pérdida de investidura por no tomar posesión del cargo de tiene su razón de ser en el compromiso que adquiere el elegido con sus electores.
La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del inciso 2º y el inciso 3º del parágrafo del artículo 8 de la Ley 1421 del 2010.
Según el decreto, Mininterior está habilitado para ejercer las funciones constitucionales como ministro delegatario durante la ausencia del mandatario.
La Corte Constitucional dio a conocer el fallo que declaró la exequibilidad condicionada del numeral 7 del artículo 211 del Código Penal. A través del condicionamiento se clarifica que la discapacidad no hace automáticamente a una persona incapaz de resistir un acto sexual.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 243 de la Constitución Política, no es posible analizar el mismo contenido normativo de una proposición jurídica ya estudiada y declarada inexequible.
Iniciativa popular es el mecanismo contemplado por el constituyente para que la sociedad se pronuncie y alce su voz en el marco de la creación normativa.
Para ser elegido alcalde se requiere haber nacido o ser residente en el respectivo municipio o área metropolitana.
La Comisión de Disciplina Judicial revocó un fallo que declaró responsable disciplinariamente a una fiscal por su inasistencia a unas audiencias. La Sala tuvo en cuenta la elevada carga laboral de la mujer, así como el hecho de que presentaba un embarazo de alto riesgo.
La solicitud que efectúe un contribuyente para la devolución se regirá por el procedimiento general vigente aplicable.
Así lo dio a conocer el Consejo Superior de la Judicatura a través de sus redes sociales. Para acceder a la vacuna se habilitó un formulario para diligenciamiento de datos y la jornada se adelantará en el Palacio de Justicia.
Bajo el marco de un auto proferido el 26 de junio del 2019 por la Sala Plena del Consejo de Estado se consideró como criterio jurisprudencial las dos las decisiones susceptibles de este recurso.
El primer fundamento de la trasgresión es que esta ley fue aprobada como ley ordinaria y no como estatutaria.
No puede haber cruce de horario y el tiempo total de las vinculaciones con el Estado no debe sobrepasar de 12 horas diarias y 66 a la semana.
Uno de los criterios básicos que deben ser observados sobre la posibilidad de modificar las inscripciones de los candidatos es el respeto a la titularidad de los postulantes.
Sala Penal precisó que no basta con que en la acusación y en la sentencia se indique con precisión el fundamento normativo de la circunstancia de agravación.
El decreto no es de asistencia militar, sino para desarrollar una función constitucional que tiene el Presidente de la República, argumentó el mandatario.
De acuerdo con el comunicado del alto tribunal, dicho decreto amenaza el derecho a la protesta social porque los hechos que perturbarían el orden público tienen que ver con funciones que están a cargo de la Policía Nacional, no de las fuerzas militares.
Es necesario que tanto el suscriptor potencial como el inmueble cumplan con las condiciones que señale el prestador.
La Corte Constitucional admitió una demanda contra los artículos 1 (parcial) y 24 (parcial) del Decreto 588 del 2017.
La Sala declaró la nulidad de la expresión “libre nombramiento y remoción” del artículo 1 del Decreto 4353 del 2005, el cual modificó la nomenclatura y clasificación de empleos de la Aerocivil, por violar el artículo 125 de la Constitución y el artículo 5 de la Ley 909 del 2004.
La Sala Penal de la Corte revocó la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que negó el reconocimiento como víctima a Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo clave dentro del proceso en contra del expresidente Uribe.
Fueron demandadas expresiones del artículo 1 de la Ley 61 de 1993, así como los artículos 76 y 77 del Decreto ley 356 de 1994. Las normas son acusadas, entre otros cargos, de violar el principio de legalidad y la reserva de ley establecida por la Constitución.
Las características de dicha situación administrativa son conocidas previamente por la persona que es nombrada.
El juez de primera instancia evidenció que solo se había entregado un 28 % de las ayudas programadas para los grupos indígenas.
La Sala Plena de la Corte Constitucional anunció una nueva decisión sobre la eutanasia en la que amplió la condicionalidad de la exequibilidad del tipo penal del homicidio por piedad a enfermos no terminales.
Los ajustes buscan generar mayor eficiencia en el Sistema General de Pensiones, reducir los tiempos de los trámites asociados al bono pensional y mejorar el proceso.
La decisión la tomó el Consejo de Estado luego de negar una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por María del Pilar Hurtado en contra de la decisión de la Procuraduría que la destituyó en 2010 por su participación en las chuzadas del DAS.
Deberán observar aspectos fundamentales como su naturaleza y los regímenes jurídico, tributario y laboral aplicables.
El Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.
Declaran inexequible la derogatoria del parágrafo transitorio del artículo 12 de la Ley 1904 de 2018, establecido en el PND 2018-2022
Al resolver una tutela interpuesta por el padre de crianza de la menor, el alto tribunal protegió el interés superior de esta y explicó que, en reconocimiento de las diferentes formas de familia existentes, tenía que protegerse tanto el vínculo sanguíneo como el de crianza.
El impuesto se causa cuando tiene lugar alguno de los supuestos señalados por el legislador, con excepción de los expresamente excluidos.
Debemos recuperar la confianza en nuestras instituciones y en quienes las dirigen, pero si los demás obran de manera contraria a la ley, deberán enfrentarse a la justicia.
Los reparos se centran en los artículos 2°, 4° y 7° y en la expresión “mujeres”.
Medellín y las demás ciudades que se organicen como distritos especiales no estarán obligados a efectuar ajustes administrativos que aumenten sus costos.
El artículo 196 del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 precisa que las entidades públicas deben dar prioridad a la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años.
La Sección Quinta del Consejo de Estado explicó que la pérdida de derechos políticos debe ocurrir como consecuencia de una condena de naturaleza penal.
Es competencia de la respectiva entidad determinar si en el caso concreto este llamado de atención está tipificado.
En su esencia inicial, este principio promueve la adopción de medidas de protección, pese a que no haya pruebas científicas completas que demuestren la existencia de un riesgo.
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, realizada en París en el 2015, los países establecieron compromisos para limitar el calentamiento global.
En todo caso, el propietario del bien afecto a la servidumbre podrá obtener una indemnización por la imposición de la misma.
La Ley 1715 del 2014 es el comienzo del camino que debe recorrer Colombia en la promoción del hidrógeno para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París.
La abogada Floralba Padrón Pardo, experta constitucionalista, cree que el uso del Derecho Penal, el aumento de penas y la cárcel no son herramientas eficientes para prevenir esta clase de delitos.
Los miembros de las JAC conocen como ninguno a los residentes de cada UPZ, sus necesidades y conflictos, conocimiento fundamental para iniciar a resolver conflictos sociales.
La misión del desacato es hacer cumplir de manera efectiva las órdenes impartidas para la protección de los derechos fundamentales.
En Colombia, se incorpora el medioambiente como un componente de diversos aspectos de la Constitución.
La virtualidad y la modernización de la justicia tienen detractores agazapados que siempre conspiran contra las disposiciones que van dejando de lado hábitos caducos y retardatarios.
Así lo recordó el Consejo de Estado luego de dejar sin efectos una sentencia proferida por un juzgado administrativo en la que ordenaba indemnizar a un recluso del INPEC, pese a que ya había una orden judicial preexistente que lo reparaba por los mismos hechos.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia recordó que el parágrafo 1º del artículo 1° de la Ley 860 del 2003 fue condicionado por la Corte Constitucional.
La idea de que los impuestos progresivos sean temporales data de esta lejana época.
El derecho de manifestación pacífica o el llamado de protesta social no comprende la negociación con las autoridades públicas.
La legítima defensa no es nada más que el ejercicio de la violencia para proteger un bien jurídico propio o ajeno atacado de forma injusta.
El objetivo de la Ley 2104 es fortalecer las relaciones del país con la Unión Europea y ampliar la oferta financiera.
Pese al amplio margen de interpretación de los jueces, no pueden, ante las diversas interpretaciones de una norma, elegir la desfavorable al trabajador.
Además de la suspensión del plan de vacunación y otras pretensiones, la tutela buscaba que se convocara a una consulta popular para que la gente decidiera sobre la llegada de vacunas al país.
El canciller alemán Adenauer humillaba a Erhard, Churchill menospreciaba a Eden y De Gaulle no creía mucho en Pompidou, sus sucesores respectivos.
Más que un libro con conclusiones absolutas, esta investigación busca aportar al debate sobre los derechos fundamentales y la sociedad.
A través de estas 12 biografías sutilmente entrelazadas, Enrique Krauze esclarece el dilema central de América Latina, la tensión entre el ideal de la democracia y la tentación, siempre presente, del mesianismo político.
Este libro es un llamado a los jóvenes a hacerse escuchar pacíficamente a favor de la democracia y la convivencia.
La Corte Constitucional explicó que este debido proceso no es un concepto absoluto, sino que presupone distinciones ordenadas por la propia Carta Política y por la ley.
Grandes competidores posicionados en el mercado ofertan experiencias 100 % digitalizadas, rápidas y seguras.
La demanda había sido interpuesta en contra del inciso que le otorgó facultades extraordinarias al Presidente para ampliar y modificar la planta de personal de la Contraloría General.
De la investigación se puede deducir que el peligro para la comunidad es uno de los instrumentos preferidos del legislador, influido por un populismo penal irracional.
La nueva norma aprueba el convenio constitutivo, así como el Convenio de administración del Fondo Multilateral de Inversiones III.
Al estudiar una tutela, un Juzgado Civil del Circuito de Cartagena le ordenó al Minsalud y a una EPS garantizar dicha aplicación al tutelante en las condiciones indicadas.
Reflexiones sobre las implicaciones de la pandemia de covid-19 y las medidas de las autoridades para controlarla en los contratos de crédito celebrados entre las instituciones financieras y sus clientes deudores.
El error de hecho se refiere a equivocaciones del juzgador en relación con la materialidad de las pruebas, en cuanto las ignora o las supone, o en cuanto cercena o adiciona su contenido.
Hoy, la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos entre 2002 y 2005 a 15 miembros del Ejército pertenecientes al Batallón de Artillería La Popa.
Precisó que las zonas francas son un espacio del territorio nacional en donde se desarrollan actividades industriales o comerciales, bajo una normativa especial.
Esto dijo la Corte Constitucional al resolver una tutela contra Colpensiones. Aunque confirmó la procedencia del amparo, revocó la condena en abstracto que le había impuesto el juez de instancia a la entidad por daño emergente y otros conceptos.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del Concepto 002501 del 2019 de la Dian, también identificado con el Oficio 026356 del 2019.
El alto tribunal concedió una tutela en contra de una decisión de segunda instancia que había revocado el fallo condenatorio. Para la Sala, dicha decisión incurrió en defecto fáctico por inadecuada valoración del material probatorio.
El alto tribunal revocó un fallo que rechazó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho por presuntamente haber operado la caducidad. La Sala encontró que la demanda fue presentada a tiempo dada la suspensión de términos decretada por la pandemia.
La Corte concedió una tutela a un hombre a quien su EPS le condicionaba la entrega de algunos de sus medicamentos a que se trasladase a un municipio distinto al de su domicilio, pese a ser un paciente de alto riesgo.
Las redes sociales son un medio idóneo de carácter electrónico para el ejercicio del derecho de petición.
Solo a las empresas sometidas a supervisión de la Supersociedades les aplica el numeral 4 del Capítulo X de la Circular Básica Jurídica.
Trato diferenciado a personas desarraigadas no traduce en que promotores de agencia incumplan requisitos para ejercerla.
La Corte negó, en sede de revisión, una acción de tutela a una mujer que pretendía la reliquidación de su pensión gracia de docente ya que no era liquidada con el salario de su último año laborado.
Este grupo de abogados se suman para fortalecer las áreas de solución de conflictos y propiedad intelectual.
La respuesta no favorable al accionante de un derecho de petición no significa que se esté incumpliendo la orden de emitir pronunciamiento de fondo.
El proyecto se radicará el próximo 20 de julio en el Congreso. Según indicó el ministro, con el articulado no se toca el IVA, las pensiones y tampoco la base gravable de renta para personas naturales.
La Corte Constitucional concedió una acción de tutela a 107 personas del departamento de Bolívar en contra de la ANT, con el fin de que la entidad adelantara los trámites administrativos correspondientes dentro procesos de acceso a tierras.
La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó una sentencia que negó el amparo en contra del ente acusador por no encontrar derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
Según el Consejo de Estado, el alcance y aplicación de los preceptos controlados se sujeta a los condicionamientos dispuestos por la Corte Constitucional.
Así lo determinó la Sala de Reconocimiento de la JEP al negar una medida cautelar solicitada por un grupo de víctimas consistente en la restricción de la libertad de los comparecientes dentro del caso sobre secuestro.
Se debe valorar la historia clínica y los conceptos médicos que obren en el proceso, a efectos de determinar las primeras manifestaciones del padecimiento.
Cuando no sea posible dar respuesta a esta petición durante el término legal, la autoridad o el particular deberán señalar el término en el cual se dará la contestación.
La Sala Penal enfatizó la posibilidad de incorporar como prueba sus declaraciones anteriores, así el niño comparezca al juicio oral.
Corte Constitucional precisa las características y alcance del recurso extraordinario de anulación.
