“En el centro de la política de paz con legalidad siempre han estado y seguirán estando las víctimas”

La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación es parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Bajo su responsabilidad se encuentra la implementación del Acuerdo Final de Paz, la reparación de las víctimas y la garantía de los procesos de reincorporación. Emilio José Archila, quien lidera esa entidad, presentó un balance de los avances más importantes en este gobierno.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué avances fundamentales puede destacar de la política pública de víctimas?

 

Emilio José Archila: En el centro de la política de paz con legalidad del presidente Iván Duque siempre han estado y seguirán estando las víctimas.

 

Con el liderazgo de las unidades para las víctimas y restitución de tierras, logramos que, con votación unánime y mensaje de urgencia, se prorrogara, por 10 años, la Ley de Víctimas.

 

Todas las instancias de víctimas están fortalecidas y en operación. Durante esta administración, se han reparado 26 de los 29 sujetos colectivos que se han reparado históricamente, con una inversión cercana a los 21.000 millones de pesos y hemos indemnizado individualmente a 263.157 víctimas por un valor cercano a los 1,6 billones de pesos. Además, 1.014.000 hogares víctimas de desplazamiento forzado se han beneficiado de la entrega de 2.087.899 atenciones humanitarias por 1,3 billones de pesos.

 

Muy relevante es que, durante este Gobierno, 1.078.493 víctimas y sus hogares hayan superado su situación de vulnerabilidad. Esto quiere decir que se obtuvo el propósito de la ley, que logramos que ya no estén en situación de debilidad o afectación.  Es emocionante y representa al 42 % de lo logrado en los 9 años de vigencia que lleva la ley.

 

Á. J.: ¿Podría indicarnos cómo va el proceso de reincorporación? 

 

E. J. A.: Con un trabajo fenomenal de la Agencia de Reincorporación, en este tema vamos más allá de lo establecido en el Acuerdo de Paz y lo logrado es garantía de que el proceso será un éxito. Aunque todos los apoyos para ellos estaban por terminar en agosto del 2019, en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó que estos continuarían por el tiempo necesario. Realizamos un censo detallado que nos permite conocer sus situaciones y expectativas y, en diciembre del 2019, se expidió la Ruta de Reincorporación, para asegurar a cada uno su sostenibilidad económica, habitabilidad y vivienda, familia, educación, salud, bienestar sicosocial integral y bienestar comunitario.

 

De enero del 2020 a la fecha, a través de las rutas habilitadas por el Gobierno y el apoyo en un predio por gestión de corresponsabilidad, se han habilitado 1.373 ayudas para vivienda, que benefician a 2.095 personas en reincorporación y sus familias. Se cuenta con un total de 2.799 proyectos productivos (colectivos e individuales) aprobados, los cuales vinculan a 6.687 personas en reincorporación (5.007 hombres y 1.680 mujeres), por un valor total de 66.121 millones de pesos. En materia de salud, el 99 % ya está cubierto y el 84, 5% ya está en el sistema de pensiones. 

 

Á. J.: ¿Qué estrategias se han implementado para garantizar la protección de la población inmersa en este proceso?

 

E. J. A.: La Consejería de Estabilización y Consolidación coordina una mesa interinstitucional en la que trabajan 15 instancias de entidades del Estado que tienen funciones de protección, entre ellas, los ministerios del Interior y de Defensa, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Élite de la Dijín de la Policía Nacional, la Agencia Nacional para la Reincorporación y la Normalización, la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Mesa Técnica de Seguridad y Protección.

 

En esa mesa se han coordinado medidas, como la presencia permanente e intervención de tropas y efectivos de policía y protección en los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación, con 24 unidades básicas de carabineros (697 efectivos) y 52 pelotones del Ejército (1.314 efectivos) y 26 esquemas de protección de la UNP; se han implementado 324 esquemas de protección para excombatientes, 264 individuales y 32 para colectivos que cuentan con más de 1.266 hombres de protección (900 de ellos excombatientes) y 631 vehículos; hay operaciones de extracción de urgencia de la zona de riesgo frente a amenazas inminentes contra los excombatientes y sus familias, de las que se han realizado 24; también la emisión de un cartel de los más buscados, de los cuales ya han sido capturados o dados de baja 7 de 30, y por último, el desarrollo de programas integrales de seguridad y protección para comunidades y organizaciones de excombatientes en los territorios.

 

Este año, se expidió el Plan Estratégico de Seguridad y Protección para Excombatientes, con el que se han sofisticado los temas relativos a prevención, protección, articulación para la investigación y judicialización, seguridad humana integral, enfoque diferencial de género, coordinación interinstitucional y garantías de seguridad en la participación electoral.

 

Por último, resalto los avances en materia de investigación obtenidos por la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía: 39 sentencias condenatorias en 42 hechos victimizantes contra reincorporados de las Farc y sus familiares, 366 personas vinculadas a las investigaciones como presuntos responsables, 141 de ellas detenidas, y 53 de las órdenes de captura han sido contra determinadores.

 

Á. J.: ¿Cómo calificaría el avance de los programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET)?

 

E. J. A.: Fenomenal. ¡Estamos logrando que pasen cosas maravillosas! Luego de escuchar en el territorio a las comunidades y recibir casi 33.000 iniciativas, firmamos los 14 PDET que hacían falta para llegar a 16. De la mano de la Agencia de Renovación del Territorio, los 170 municipios y todos los departamentos adoptaron el PDET como su política de largo plazo. La totalidad de ellos incluyeron en promedio el 40 % de las iniciativas en sus planes de desarrollo y la Nación los consagró en el Plan Nacional de Desarrollo.

 

Se previó una hoja de ruta única para aunar todos los mecanismos de planeación en las 16 regiones y, en paralelo, se ha venido articulando una estrategia Nación-territorio que coordina las acciones de todas las entidades del nivel nacional, departamental, municipal, la cooperación internacional y el sector privado, en una sola vía de cumplimiento armónico de los PDET.

 

Para avanzar, dado que no había recursos, se focalizó la Asignación para la Paz, que administra el 7 % de las regalías y obras por impuestos, además de haberse impuesto el marcador presupuestal para el Presupuesto General de la Nación y acelerado el Fondo Colombia Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo Colombia en Paz.  De esta manera, se están ejecutando en estas regiones más de 8 billones de pesos, una inversión jamás soñada.

 

Á. J.: ¿Cuáles son las cifras de la estrategia de catastro multipropósito y qué metas hay?

 

E. J. A.: El Gobierno modernizó e inició la implementación del catastro multipropósito, previsto en el Acuerdo de Paz. Con corte a enero del 2021, el país cuenta con el 15,39 %, lo que equivale a 17,56 millones de hectáreas actualizadas catastralmente, de un 5 % de actualización catastral del país en el 2018. Adicionalmente, se cuenta con 27 gestores catastrales habilitados para prestar el servicio público, incluyendo al Instituto Geográfico Agustín Codazzi como prestador por excepción y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) como gestor en los términos de la Ley 1955 del 2019, superando la meta del Plan Nacional de Desarrollo de 20 gestores habilitados. De igual forma, a través de cooperación internacional, se ha priorizado la financiación de 118 municipios para su actualización catastral, que representan en terreno 29,3 millones de hectáreas, aproximadamente.

 

Á. J.: En cuanto a la restitución de tierras de ruta campesina, ¿qué logros se han obtenido?

 

E. J. A.: El compromiso del Gobierno en la consolidación de paz también se ve en la restitución de tierras. Devolver su tierra a quien fue despojado de ella violentamente es, con seguridad, uno de los hechos más contundentes.

 

Durante este mandato, hemos logrado que 24.800 personas de comunidades campesinas y étnicas vuelvan a sembrar, a construir y a soñar con un futuro mejor para los suyos con la restitución de 63.736 hectáreas.

 

La Unidad de Restitución de Tierras tiene un compromiso moral y jurídico con las víctimas de la violencia y en ese ánimo ya presentó 7.135 demandas para reclamar tierras de campesinos ante los jueces especializados. Esto representa el 40 % de las presentadas durante los 10 años de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.  En materia étnica, este porcentaje asciende al 72 % (93 demandas radicadas).

 

Del mismo modo, se han implementado 1.969 proyectos productivos, beneficiando a igual número de familias. La inversión del Gobierno, a la fecha, es de más de 54.900 millones de pesos.

 

Á. J.: ¿Y en lo que se refiere a la restitución de la ruta étnica?

 

E. J. A.: El 72 % de las demandas de restitución de tierras ha sido a favor de las comunidades étnicas.

 

Á. J.: ¿Qué cifras se manejan frente a la formalización y Fondo de Tierras?

 

E. J. A.: La ANT ha formalizado y entregado 23.073 títulos, que representan 629.140 hectáreas regularizadas, en beneficio de 33.327 familias rurales.

 

En el actual gobierno, se han ingresado 1.193.656 hectáreas al Fondo de Tierras de la Nación, equivalente a 9.983 predios, para un total de 1.381.633 hectáreas, y que corresponde a un aporte del 84 % sobre el avance total de hectáreas ingresadas al Fondo.

 

Actualmente, se encuentran en proceso de registro, en las oficinas de instrumentos públicos del país, más de 2.400 títulos adicionales, lo que dará como resultado más de 24.000 títulos y más 627.000 hectáreas tituladas.

 

Hay que decir, además, que, en el marco del compromiso de siete millones de hectáreas formalizadas para 15 años, en este gobierno se ha avanzado en la regularización de 648.012 hectáreas a través de 24.217 títulos expedidos y registrados en beneficio de 34.970 familias.

 

Á. J.: ¿Qué balance puede hacernos sobre el programa de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos?

 

E. J. A.: Este Gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para que quienes quieren pasar de cultivar coca a actividades lícitas lo puedan hacer.

El programa de sustitución está en 56 municipios ubicados en 14 departamentos y ha vinculado a 99.097 familias. Lo recibimos en agosto del 2018 sin programación, sin información y sin financiación. Fue sometido a una rigurosa reingeniería y hoy todas esas familias, unos 400.000 colombianos, están en la legalidad y con un camino seguro, al encontrar una alternativa de desarrollo y progreso.

Este gobierno ha invertido 1,2 billones de pesos en las familias y se han sustituido 17.967 hectáreas, con un porcentaje de resiembra del 0,8 %. Además, aprobó 56 planes integrales municipales y comunitarios de sustitución con desarrollo alternativo, como una solución a la comunidad que contribuye a la transformación estructural del campo en los territorios afectados por la presencia de cultivos ilícitos; no había ninguno listo.

Desde la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la ART, el Gobierno avanza en otros modelos de sustitución como Pagos por Servicios Ambientales Formalizar para Sustituir, y promueve la sustitución voluntaria con la estrategia de intervención y construcción colaborativa “hecho a la medida”, para ejecutar iniciativas sostenibles que aporten a la transformación social y productiva de municipios que quieran sustituir sus cultivos ilícitos. En este último hemos logrado la articulación con las gobernaciones y las alcaldías.

 

Á. J.: ¿Cuáles son los principales objetivos de la política de paz con legalidad para el resto del periodo?

 

E. J. A.: Las directrices del Presidente fueron claras. Para cada aspecto de la implementación, asegurar que se tuviera claridad política de que cumpliríamos con nuestra política de paz con legalidad, dejar las planeaciones robustas para que Colombia aproveche esta oportunidad única de trabajar por 15 años consecutivos para resolver tantos temas y producir resultados que hagan que, a diciembre del 2021, este trabajo llegue a punto de no reversibilidad. Y es cierto: el país no puede volver a empezar de cero. Solo así, al 2031 podremos lograr la transformación de Colombia en muchos frentes necesarios.

En lo que hace al desarrollo rural integral, todo el gobierno aporta. Estamos entregando los 16 planes nacionales sectoriales para cerrar la brecha entre el campo y la ciudad. Es un paso real y determinante de justicia social, con políticas coherentes, consistentes y de largo plazo.

El 84,6 % de Colombia es zona rural. Allí habita el 30,8 % de la población. El índice de pobreza es del 2,8 % por cada persona que habita en el área urbana. Mientras la conectividad en zonas urbanas es del 51 %, en el sector rural es de apenas 8 %. Este Gobierno no solo ha logrado su estructuración y formalización, sino ha iniciado su ejecución, cuyo seguimiento se realiza de manera anual. De esta forma, los próximos dos gobiernos deberán continuar y avanzar con este proceso. Los planes ponen énfasis en vías, luz, agua, conectividad, salud, educación, vivienda rural, formalización de la tierra y derecho a la alimentación.

Se prevé una financiación de esos planes del orden de  100 billones de pesos al año 2031. Por sectores, la inversión se proyecta para este año con 4,1 billones de pesos, así: inclusión social y reconciliación, 1,5 billones; transporte, 650.000 millones; educación, 546.000 millones; agricultura y desarrollo rural, 389.000 millones; trabajo, 303.000 millones. Habrá un sistema de seguimiento para que estas acciones transformadoras sean una realidad.