Retos del aumento de préstamos en línea

Natalia Ospina Díaz

Magistra en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías

El recrudecimiento de las condiciones económicas durante la pandemia ha traído consigo el aumento de la oferta de alternativas de crédito a personas que han tenido dificultades con el sistema financiero, a quienes no han conseguido bancarizarse y a quienes aún lidian con la digitalización de este tipo de servicio en áreas tradicionales.

Según datos publicados en Finnovista Fintech Radar, en el último año, la oferta en el segmento de préstamos abarcó el 25 % del sector fintech en Colombia, con un total de 28 startups, lo que significó un crecimiento y una nueva categorización de este segmento. Sin embargo, a pesar de este notorio crecimiento, el mismo informe citado da cuenta de una tasa de mortalidad de este tipo de emprendimientos que ronda el 14 % anual. Como podemos ver, los riesgos acechan.

El nacimiento continuo de estas plataformas en el mercado colombiano impone retos de calidad, de valores agregados y de competitividad en los precios de los servicios y, al igual que en los demás negocios basados en la tecnología, hay normas por cumplir y puntos que no deben descuidarse, so pena de sanciones cuantiosas. 

En efecto, se trata del negocio tradicional de préstamo llevado a la digitalización a través de las plataformas tecnológicas, por lo cual no debe perderse de vista que el préstamo debe cumplir con toda la normativa que trae consigo la ejecución de contratos de mutuo, incluida la procedencia legal del capital, que se trate de capital propio, el establecimiento de una tasa de interés dentro de los límites legales, la clara definición de los rubros a cobrar por servicios que se prestarán de forma adicional en la plataforma tecnológica y el correcto manejo de la documentación y de las garantías, de tal manera que no se ponga en riesgo el cobro efectivo de la cartera en el momento en el que esta alcance calificación de morosa.

Las anteriores son condiciones que podríamos incluir en el paquete de retos clásicos, o condiciones “clásicas” por evaluar, propias de un negocio de préstamos. Pero el hecho de que estos pasos se materialicen en línea y que el negocio se ponga al servicio inmediato del consumidor le dan otra connotación, no le cambia su naturaleza jurídica, pero le suma desafíos que, a su vez, deben soportarse en un correcto y lícito proceder.

En efecto, la competencia ya no se centra en el ofrecimiento del servicio por canales digitales, pues esto se da por sentado por parte del nuevo consumidor. Hoy, los factores determinantes para el éxito del negocio están en la rapidez con la que se obtiene el crédito, en la implementación de una variedad de canales digitales para el pago y en el ofrecimiento de una experiencia 100 % digitalizada, sin suscripción, escaneo, envío de documentos, correos de notificación, etc. que están mandados a recoger en esta área.

Es precisamente allí, en la agilización de los procesos, donde el manejo de los elementos jurídicos entra a jugar un papel fundamental y dinamizador: conocimiento y aceptación de condiciones, tratamiento de datos personales, registros de usuario, suscripción o no de contrato y constitución de garantías e información sobre el crédito, entre otras, son cuestiones legales que sirven para alcanzar o no el objetivo de prestar el servicio de manera rápida, segura y con calidad.

Pero también las necesidades de digitalización representan costos adicionales, y esto enfrenta el negocio a las consecuencias negativas del exceso de oferta, en donde siempre habrá precios más bajos por mejores servicios, es decir, la competencia está poniendo al servicio del consumidor pagarés desmaterializados, firmas electrónicas para todas las etapas del préstamo y múltiples canales de pago, lo cual, en la mayoría de las ocasiones, requiere servicios de terceros especializados.

Grandes competidores posicionados en el mercado ofertan experiencias 100 % digitalizadas, rápidas y seguras, y es allí cuando los emprendedores se enfrentan a la realidad de los costos fijos y la mayoría de las veces escogen una solución equivocada, ya que deciden cargar los rubros de “servicios adicionales”, “servicios de plataforma”, “servicios de administración” sin hacer un estudio a profundidad del cobro en cuestión y sin tener en cuenta que dichos servicios, para poder ser cobrados, no se pueden relacionar directamente con las actividades relativas a la concesión o administración del crédito, ya que, según el artículo 68 de la Ley 45 de 1990, en estas condiciones, dichas sumas reputarían interés, lo que llevaría la deuda a la tasa de usura, poniendo en riesgo el negocio y su permanencia en el mercado.

Los retos benefician la industria fintech, en donde el gran ganador es el consumidor, pero quien asume el mayor compromiso es el emprendedor, ya que en sus hombros está actuar con responsabilidad y legalidad sin perder competitividad.