Cuando se trate de reclamaciones por el pago de acreencias laborales y, en general, derechos no satisfechos a favor del empleado por parte de su empleador, no es exigible este requisito.
La Corte Constitucional declaró inexequible el parágrafo del artículo 28 de la Ley 1592 del 2012, que establecía el procedimiento fijado para los magistrados de altas cortes.
El objetivo es integrar a los ciudadanos que, bajo la legislación actual, no tienen dicha posibilidad, por contar con un ingreso inferior a un salario mínimo mensual.
El Ministerio de Salud aclaró que adelanta un proceso de concertación con la Federación Nacional de Departamentos sobre los aspectos centrales del proyecto de ley.
Los usuarios obligados a hacer la declaración y el pago del CREE podrán cumplir sus obligaciones a más tardar al día siguiente a aquel en que los SIE se hayan restablecido.
A juicio del Consejo Superior, incumplir las normas que regulan la profesión es una actitud reprochable e insólita, ya que un abogado está llamado a cumplirlas y conocerlas.
Las cámaras no pueden cobrar derechos de inscripción y renovación sobre registros que se trasladaron en virtud del Decreto-Ley 19 del 2012 y que a su vigencia no se causaban.
Un juez de restitución de tierras de Buga (Valle) ordenó la restitución y entrega material de un predio de 13 hectáreas a víctimas de la masacre de Trujillo.
Ese condicionamiento rebasa la esfera individual, al persuadir sobre decisiones trascendentales como contraer matrimonio o convivir en unión marital de hecho.
La Ley 820 del 2003 establece mandatos aplicables a todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, independientemente de la destinación del bien.
El Decreto 1377 del 2013 establece plazos para generar autorizaciones que, si no se dan, constituirían una especie de silencio positivo a favor de las empresas.
Darle una interpretación diferente al Decreto 699 del 2013 le negaría al contribuyente las posibilidades que la misma ley consagra para efectuar correcciones voluntarias.
La Corte señaló que la cosa juzgada constitucional es una atribución dada por la Carta Política de manera exclusiva a los fallos proferidos por esa corporación.
Los métodos utilizados para la exploración, recuperación o explotación del patrimonio cultural sumergido deberán priorizar la conservación y garantizar el menor deterioro posible.
Los abogados que en representación de una firma o asociación suscriban contratos de prestación de servicios profesionales también son destinatarios del Código Disciplinario.
Mientras las sociedades del sector real deben acudir a recursos propios, las entidades financieras recurren a la triangulación que caracteriza la intermediación.
La exclusión se debe realizar con un motivo legítimo, previo agotamiento del procedimiento correspondiente y según las atribuciones conferidas en el Código de Comercio.