El Consejo de Estado decretó la suspensión provisional de la norma que permitía a otros organismos distintos a la Fiscalía General de la Nación acceder a datos obtenidos mediante la interceptación de comunicaciones legalmente autorizadas. La Sección Primera consideró que el Gobierno se extralimitó en sus funciones al incluir la expresión “o demás autoridades competentes”, en al artículo 4º del Decreto 1704 del 2012. Según la corporación, el artículo 52 de la Ley 1453 del 2011, modificatoria del Código Penal, indica que es el organismo investigador el encargado de prever el uso de dicha información (C. P. Guillermo Vargas Ayala).