La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del parágrafo del artículo 19 de la Ley 1592 del 2012, que reforma la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005). Esta norma establece que si el postulado está privado de la libertad al momento de la desmovilización del grupo al que perteneció, el término de la condena será contado a partir de su postulación a los beneficios de la ley. De acuerdo con el demandante, el parágrafo censurado lesiona los artículos superiores 1º, 2º, 6º, 13, 28, 29, 34 y 121. A su juicio, la disposición prevé una exigencia adicional y subjetiva que no da garantías jurídicas a favor de los desmovilizados (demandante: Nelson Eduardo Menjura González).