La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se declare inhibida de analizar la demanda a la norma que establece el monto de la pensión en el régimen de transición, establecido por la Ley 100 de 1993 (artículo 36); según la disposición, este margen será el establecido por el régimen anterior al cual se encontraran afiliados quienes, al momento de la entrada en vigencia de la Ley, tenían mínimo 35 años, en el caso de las mujeres, y 40, en el caso de los hombres, o por lo menos 15 años de servicio cotizados. El Ministerio público indica que si lo que pretende el actor al aludir a la supuesta violación de la sujeción al imperio de la ley en la actividad judicial es que se establezcan controles a las vías de hecho en la interpretación que de la expresión demandada hagan los jueces, se puede acudir a la acción de tutela en cada caso concreto. La ponencia será presentada próximamente por el magistrado Mauricio González Cuervo.