La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que se inhiba de pronunciarse de fondo en la demanda que busca retirar del ordenamiento jurídico la norma del Código Penal que establece como una de las consideraciones a tener en cuenta para decretar una medida de aseguramiento el que sea probable que el indiciado no comparezca a las audiencias del proceso (numeral 3° del artículo 308 de la Ley 906 del 2004). El concepto precisa que, de no acceder a esta pretensión principal, la corporación debe declarar constitucional la disposición. Según el concepto, no se vislumbra una confrontación directa entre el numeral demandado y las supuestas normas superiores desconocidas, aun cuando rescató que el texto legal sí cumple con lo fijado en la Carta Política de 1991, según se desprende de observaciones planteadas por la máxima instancia constitucional. La ponencia será presentada por el magistrado Nilson Pinilla.