Con ocasión del paro nacional previsto para el 19 de agosto, el Ministerio del Interior les solicitó a gobernadores, alcaldes y secretarios de gobierno adoptar todas las medidas preventivas y correctivas necesarias para el restablecimiento del orden público cuando resulte afectado por acciones de hecho que vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la libre movilidad, la salud, la educación y la alimentación, sin perjuicio del ejercicio al derecho a la protesta de aquellos que la ejerzan. Para tal efecto, pidió coordinar con las autoridades de policía judicial la aplicación de la Ley 1453 del 2011 (Ley de Seguridad Ciudadana), artículo 353, que señala las sanciones penales para quienes obstaculicen las vías o la infraestructura de transporte de tal manera que atente contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medio ambiente o el derecho al trabajo.