La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió una acción de nulidad contra la Resolución 122 del 2011, expedida por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), que reglamenta la facturación y el recaudo del impuesto al alumbrado público. En cumplimiento de esta norma, los municipios o distritos y las empresas de energía deben celebrar un contrato que señale el monto del impuesto a facturar, los periodos de facturación, forma, plazos y condiciones de entrega de los recursos recaudados. A juicio del demandante, el acto administrativo vulnera el artículo 9 del Decreto 2424 del 2006, al determinar que la facturación del alumbrado público se hará mediante desprendible separado de la factura del servicio de energía (C. P. Martha Teresa Briceño).