Al ratificar que el incremento del quantum punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 no es aplicable a los procesos que se adelantan bajo la Ley 600 del 2000, la Corte Suprema de Justicia redujo la condena contra el excongresista Héctor José Ospina Avilés. Se trata de uno de los dirigentes que asumió la curul que ocupó el magistrado del Consejo Superior de la Judicatura y entonces parlamentario Ovidio Claros, que perdió su investidura luego de una actuación promovida, entre otros, por el condenado. Como pago por la acción ante el contencioso de quienes firmaron la demanda, Ospina les ofreció participación en su unidad de trabajo legislativo, con la condición de que le entregaran un porcentaje del salario, incurriendo así en el delito de concusión. La Corte Suprema había definido una condena de 100 meses de prisión, pero teniendo en cuenta la unificación de jurisprudencia que obliga a inaplicar el aumento en la pena prevista para los delitos contra la administración pública en el caso de aforados constitucionales, la redujo a 72 (M. P. Gustavo Enrique Malo).