La Procuraduría le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible la norma que supedita la aprobación de proyectos financiados con recursos derivados de las regalías a la autorización del Gobierno Nacional (artículo 31 parcial de la Ley 1606 del 2012). Para el Ministerio Público, esta restricción viola el principio de autonomía territorial, en lo que atañe a la función administrativa de las entidades para ejecutar proyectos que se desarrollen a partir de la apropiación de recursos que genera la extracción minera en sus territorios. A su juicio, se trata de un poder de veto que constituye una intromisión indebida en este tipo de gestiones. Añadió que la propia reforma constitucional al sistema de regalías establece sanciones para los entes territoriales que no inviertan estos dineros en fondos de desarrollo y de compensación regional y de ciencia, tecnología e innovación, si allí radica la objeción. La ponencia será presentada por el magistrado Jorge Ignacio Pretelt.