Esta decisión brinda una nueva oportunidad para estudiar el valor que la Corte IDH da a los programas nacionales de reparación.

¿Es posible ordenar inaplicar una norma que no existe?, ¿se puede ordenar la suspensión de los efectos de un proyecto de ley?, ¿puede un juez impedir al Presidente sancionar un proyecto de ley?

La libre competencia económica es un derecho que supone responsabilidades y la empresa tiene una función social que implica obligaciones.

Albert Louis Sachs, juez fundador de la Corte Constitucional de Sudáfrica de 1994 al 2009, analiza el posible fallo histórico que la Corte Constitucional de Colombia expedirá sobre el aborto.

Por extraño que parezca, una de las funciones principales de la democracia constitucional es facilitar que los partidos pierdan las elecciones con relativa tranquilidad y seguridad.

En la realidad, las partes están conciliando por fuera del trámite judicial.

Esperamos que la reglamentación que expida el Gobierno Nacional sea favorable.

Este tema, además de revestir una importancia teórica, conlleva una relevancia práctica para todos los que ejercemos el derecho comercial.

La iniciativa tiene, en especial, tres mandatos constitucionales que la fortalecen: los animales, el trabajo y la familia.

Es necesario reformar el sistema de elección de los magistrados de la Corte Constitucional e implementar un mecanismo basado en los principios del mérito e inclusión.

Imposible equiparar la imagen virtual con la presencia física o suponer que la tecnología es el antídoto contra las fallas estructurales de la Rama Judicial.

En Estados como Alemania, Francia, Italia o España, sus textos constitucionales no han sido reformados para incluir derechos digitales.

Es llamativo que, según la información de Medicina Legal, en un 45 % de los casos de los niños y en un 53 % de los casos de las niñas, la ausencia haya sido voluntaria.

A la fecha, se han presentado un total de 18 proyectos para la regulación del derecho a la muerte digna. No obstante, ninguno ha logrado convertirse en ley de la República.

Estas investigaciones demuestran que muchas personalidades tienen estructuras corporativas en el extranjero, sin que se aprecie una necesidad razonable que lo explique.

Una investigación reciente de la Universidad de los Andes examinó el vínculo contractual que une a los domiciliarios con esa plataforma.

La libre elección de régimen pensional es un derecho constitucional y el marco legal para el ejercicio de los derechos y el adecuado funcionamiento del sistema.

A 30 años de la promulgación de la Constitución el ordenamiento territorial implementado normativa y materialmente todavía no refleja el multiculturalismo y la diversidad étnica y cultural de la Carta.

Ahora que se acercan las elecciones presidenciales, los candidatos deberían proponer buenas reformas pensionales que el país requiere con urgencia y que las cumplan, si son elegidos.

Los últimos tiempos han venido dejando al descubierto una preocupante tendencia a menguar la tutela, y ello está ocurriendo en muchos escenarios.

Según el comunicado, se trataría de una declaración de inconstitucionalidad acertada por violación al derecho a la propiedad privada y por fijar los límites al legislador en la materia.

La Constitución de 1991 concibe la economía como un elemento transformador de la sociedad, que busca mitigar las profundas desigualdades existentes.

En reciente fallo, la Corte Constitucional se pronunció sobre ciertas actividades realizadas en zonas de páramos delimitados.

Solo queda esperar que el alto tribunal atienda su responsabilidad con la justicia.

No hay justicia en la miseria ajena, no soy grande destruyendo a mi adversario, pero sí lo soy cuando actúo dentro de un marco de legalidad, respeto y justicia.

En medio de los extremos que deambulan en los entornos nacional e internacional, requerimos de un Poder Judicial que día a día se fortalezca y continúe realizando el equilibrio que angustiosamente solicita la sociedad actual.

Quisiéramos que el magistrado Tolosa, que se retira por finalización del periodo, se perpetuara en nuestra Corte Suprema de Justicia para tener la dicha de seguir disfrutando su jurisprudencia y su gran desempeño en esa corporación.

Sentencias como la citada son fundamentales para evitar que se siga abriendo un camino en la práctica judicial que nos conduzca a una vulneración al debido proceso.

¿Qué sucedería si los Estados adoptaran medidas para garantizar el acceso a la vacuna, aún cuando estas a primera vista pudieran ser contrarias a sus obligaciones derivadas de acuerdos de inversión?

En sus clases, el profesor Armando Suescún repudiaba el papel de Colombia como país consumidor de normas e instituciones jurídicas extranjeras.

Desde la radicación del proyecto, el Gobierno Nacional buscó eliminar del texto propuesto aquellas disposiciones que se volvieron el combustible del estallido social.

Mientras tanto, en los frontispicios solemnes de nuestros templos seculares, la palabra ‘justicia’ sigue campeando, aunque esté hueca.

Vamos por el camino equivocado y esta decisión de la jurisdicción ahonda las dificultades para preservar inversiones lícitas en áreas rurales.

Si el verbo ‘abudinear’ llegara a aparecer algún día en alguno de los diccionarios normativos de la RAE, habría lugar a un reclamo.

Los ministros siguen gozando de las mieles del poder y la oposición continúa botando corriente, en los Centros Poblados.

En no pocas ocasiones el diseño de las normas sancionatorias que el Congreso de la República aprueba no tiene en cuenta algo de sentido común.

La justicia debe seguir funcionado de manera virtual y presencial, pues ambas opciones no son excluyentes y tienen beneficios para los usuarios de la justicia y para la Rama Judicial.

Para los economistas, debe primar la libre competencia, la cual se debe regir por las leyes del mercado: es decir por el pulso entre la oferta y la demanda.

Puede que el concurso de méritos no garantice que aprueben indefectiblemente los mejores candidatos, pero en cambio sí garantiza algo: que no ingresen los peores.

La violación más grave al derecho de defensa y garantías conexas es la de hacer callar al abogado y truncarle el cumplimiento de sus alegaciones defensivas.

Esta vez, la Corte si rindió un servicio a la democracia.

Cualquier país que quiera hacer una defensa adecuada, completa y eficaz de la libre competencia debe contar con un esquema efectivo de reparación de las víctimas afectadas.

No olvidemos que, para conjurar la enorme turbulencia económica que estamos atravesando, los Estados han debido adoptar medidas distantes de las que dictaría la ortodoxia económica.

La serie expone tres temas que siempre están ahí en la academia, pero de los que no se habla lo suficiente. El primero es la idea de que los profesores no tienen vidas privadas.

Esta colaboración entre los dos gobiernos ratifica la posición de Colombia como un aliado de EE UU en la región y como un país abanderado de los derechos humanos a nivel mundial.

Aunque las personas se hallen condenadas, inclusive privadas de la libertad, siguen gozando de ciudadanía.

Para qué imponer medida de detención preventiva en audiencia preliminar, si al dictarse sentencia aflora el derecho al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.

Hay que tomar medidas para evitar que los estereotipos que le asignan menor valor a la vida de ciertas personas influyan en las decisiones de priorización.

Haciendo un balance de lo que ha significado la admisión de la demanda en los trámites procesales, hay que admitir que muy poco o nada ha aportado a la justicia.

La jurisprudencia constitucional ha dicho que el perjuicio irremediable no es susceptible de una definición legal o reglamentaria.

La expectativa de gabelas procesales puede estimular que la búsqueda rápida de recursos, tan necesarios en la actualidad, fomente el incumplimiento de deberes.

La palabra clave es ‘brillo’ en la tarea del funcionario, para llegar a la cúpula sin que esta sea la única meta digna, apreciable y honorífica.

La designatura a la Presidencia dio para todo. Uno de los últimos episodios fue al final del gobierno de Guillermo León Valencia cuando al presidente titular lo invitaron a visitar a Argentina y Uruguay.

En relación con graves violaciones de derechos humanos, el ordenamiento jurídico interno debe ceder frente al internacional.

El 29 de noviembre del 2001, Paul argumentó que era un sinsentido financiar una guerra global “contra el terrorismo” sin que el objetivo fuera preciso o coherente.

La Corte Suprema de Justicia perdió, una vez más, la oportunidad de ofrecer claridad y estabilidad a los operadores jurídicos del país sobre esta regla.

La entrega del testimonio vivo y narrado significa para las víctimas la posibilidad de escapar al olvido y, para la comunidad política en general, un instrumento inmejorable para recuperar la compasión.

A pesar de las victorias que se consiguieron a causa del sufrimiento de muchas personas, y así muchos colectivos lo quieran negar, sí hemos avanzado como humanidad.

Las audiencias ahora comienzan a tiempo, no se aplazan, cada juzgado tiene su sala de audiencias, no hay gastos en tiquetes, hoteles, viáticos, papelería, mantenimiento.

Aunque brillantes y aburridos, los libros de Kelsen nos pintan un paisaje sin personas, sin emociones, un paisaje estéril.

Si bien cualquier norma es susceptible de tener apartes cuestionables en cuanto a su validez, el expedir disposiciones con evidentes cuestionamientos constituye un precedente peligroso.

En suma, alguien que, en efecto, cumplió los propósitos de la política pública de colonización dirigida va a resultar condenado penalmente.

Desde la década de los noventa, la Corte Constitucional ha proferido providencias, al tiempo que el Ministerio de Salud y Protección Social ha expedido resoluciones sobre la materia.

Todas las personas, actores y sectores debemos contribuir a la prevención de la trata de personas.

Teniendo en cuenta que los tributos son el principal recurso económico del Estado moderno, es apenas natural que las constituciones establezcan unos principios fundamentales en la materia.

Es indispensable que las instituciones educativas consideren ciertos aspectos para garantizar y proteger su funcionamiento frente a la nueva realidad.

Ahora, los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 podrán acceder a la educación superior pública de forma gratuita gracias a las gestiones adelantadas por el Gobierno Nacional.

Para resolver los complejos problemas sociales que hoy enfrenta la ‘sociedad del riesgo’, no es necesario atropellar las ciencias penales, liberales y humanistas.

La pandemia trajo consigo una serie de consecuencias en la conducta humana, en nuestra interrelación social y un significativo impacto en todos los órdenes conocidos.

En suma, la interpretación sistemática se manifiesta a través de la interpretación adecuada de las leyes, amparada en la fuerza normativa.

Como forma de mitigar la crisis derivada del covid-19 y de las medidas tomadas para su control, se expidieron los decretos 560 y 772 del 2020.

La inclusión de los caballos en las protestas se hace con el fin de generar un efecto disuasorio a los manifestantes cuando aquellas se tornan violentas.

Los miembros de las JAC conocen como ninguno a los residentes de cada UPZ, sus necesidades y conflictos, conocimiento fundamental para iniciar a resolver conflictos sociales.

La misión del desacato es hacer cumplir de manera efectiva las órdenes impartidas para la protección de los derechos fundamentales.

En Colombia, se incorpora el medioambiente como un componente de diversos aspectos de la Constitución.

La virtualidad y la modernización de la justicia tienen detractores agazapados que siempre conspiran contra las disposiciones que van dejando de lado hábitos caducos y retardatarios.

La idea de que los impuestos progresivos sean temporales data de esta lejana época.

El derecho de manifestación pacífica o el llamado de protesta social no comprende la negociación con las autoridades públicas.

De la investigación se puede deducir que el peligro para la comunidad es uno de los instrumentos preferidos del legislador, influido por un populismo penal irracional.

“Las medidas para combatir la pandemia le han dado en el corazón a la Ley Fundamental”.

En un viaje a la población de Tibasosa (Boyacá), con motivo de la inauguración de una nueva fábrica de Bavaria en ese sector –tan consumidor del producto–, se encontraron Alfonso Palacio Rudas y Álvaro Gómez, invitados por Julio Mario Santo Domingo. Hablaron de la Constituyente, que estaba próxima a...

El surgimiento de las criptomonedas representa un gran avance hacia la descentralización de la política monetaria, pero la ley de Bukele es contraria al espíritu de emancipación plena del control estatal sobre la moneda.

Nefasto precedente constituiría la absoluta impunidad jurídica de las tragedias acaecidas en los últimos meses.

No es comprensible cómo derechos humanos de índole social puedan verse vulnerados por entidades de pensiones.

En el presente escrito, contesto algunas inquietudes formuladas por una prestigiosa profesora, con ocasión de una columna publicada en este medio de comunicación.

Actualmente, la escritura de la mola no está protegida, ni salvaguardada al pueblo por parte de la legislación colombiana.

El Derecho es instrumento de regulación, pero también es instrumento de cambio. Y, sobre todo, es garantía de convivencia social.

Salvo tres puntos tangenciales, esta normativa tampoco busca transformar la justicia penal; sus objetivos son ajenos al proceso, al procesado, a sus derechos humanos fundamentales.

La decisión comentada es un aliciente para continuar pensando el procesal penal como derecho constitucional (¡y convencional!) aplicado.

Colombia necesita un diálogo político, evitando caer en intentos de refundar el sistema constitucional, que alterarían sus pilares ante la coyuntura actual.

Se está ante el presidente y las fuerzas militares cogobernando territorios, actuando por fuera del orden establecido en 1991, se está ante la particular militarización que ha caracterizado a la restringida democracia colombiana.

Se escribe República, con mayúscula inicial, cuando forma parte de la denominación oficial completa de un Estado, República de Colombia, y cuando forma parte del nombre propio de una entidad.

Se puede pensar que la firma digital y la firma electrónica tienen los mismos efectos, pero no es así.

Los pasos hacia el establecimiento del arbitraje tributario interno son aún tímidos en América Latina, pero van por buen camino en nuestro país.

Este paso inicial será determinante para que, con la confianza de todos y por la vía institucional, tanto los promotores del paro como el Gobierno Nacional tengan una hoja de ruta constitucional y ordenada por la justicia.

La Sala Civil ha recogido la rigidez de la tesis que pregona la necesidad de sustentar aun ante el superior la apelación ya sustentada por escrito al interponer la impugnación.

Según Juan Manuel Charry, el derecho de manifestación no comprende la negociación de decisiones ni compromisos con las autoridades públicas.

La pérdida de las mesadas riñe con la lógica del Estado social de derecho colombiano y con la principialística propia de la seguridad social.

La protesta ciudadana ha puesto sobre la mesa la cuestión de cuáles deben ser las prioridades redistributivas de la pospandemia.

Es importante saber las razones de la disminución de la radicación de tutelas durante la pandemia e investigar si se redujo, o no, el acceso a la justicia.

“…la protesta está encaminando mal su objetivo: las insatisfacciones no se relacionan con el Ejecutivo, sino con el Legislativo”.

Los actos administrativos deben seguir un enfoque diferencial que reconozca distintas características en la población carcelaria.

La Ocde considera los tributos ambientales como aquellos que tienen un sustento fiscal de relevancia ambiental.

La cuantificación de perjuicios no encaja dentro de las sanciones pecuniarias. No es una pena establecida en los contratos y tampoco en la ley.

Hay suficientes argumentos para considerar que el Decreto 333 es inconstitucional, vulnera la división de poderes, el acceso efectivo a la justicia y viola la reserva de ley.

En Colombia, la pareja y los hijos tienen el mismo derecho, por lo que excluyen a los demás, y solo podrán acceder los padres o los hermanos cuando falten todos los anteriores.