El papel de la justicia en la protección de las mujeres y niñas venezolanas

Ana Margarita González

Abogada Women’s Link Worldwide

Máster en Derecho con énfasis en estudios críticos raciales de la Universidad de California en Los Angeles (UCLA)

El Día Internacional del Migrante es un recordatorio de que la comunidad internacional debe proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los migrantes. Precisamente, en América Latina y el Caribe, la movilidad de personas venezolanas, la más grande en este siglo en América, demanda una respuesta con un enfoque de derechos humanos.

Desde las personas migrantes que se embarcan en una peligrosa y mortal travesía por el mar Caribe hasta las violencias que sufren las mujeres migrantes que transitan por el continente, la situación de migrantes de origen venezolano exige una respuesta integral y regional por parte de los Estados de la región.

La emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela ha tenido un impacto específico y diferencial en las mujeres. Mujeres embarazadas y sus hijos recién nacidos se ven forzados a migrar para encontrar atención en salud en otros países. Durante el tránsito migratorio se exponen a múltiples riesgos como la trata de personas, la violencia sexual y otras formas de violencia basada en género. A su arribo a los países de acogida, como Colombia, las mujeres experimentan múltiples barreras para el acceso a los servicios de salud y, concretamente, a los servicios de salud sexual y reproductiva, en especial a la salud materna y a la interrupción voluntaria del embarazo.

El papel de las Cortes y otras autoridades judiciales en América Latina ha sido y es fundamental para garantizar los derechos de las personas migrantes cuando las autoridades administrativas han fallado en su protección o los han vulnerado. Las Cortes pueden contribuir en el diseño de una respuesta integral al fenómeno migratorio desde la perspectiva de los derechos humanos.

Por ejemplo, la Corte Constitucional de Ecuador, en una reciente decisión, reconoció la vulneración del derecho a migrar, al tránsito libre y al debido proceso de 29 personas venezolanas víctimas de expulsiones colectivas ocurridas en 2019 en el puente Rumichaca. Los casos sugerían que no se trataba de hechos aislados sino de un patrón de deportaciones de facto o “expulsiones en caliente”.

Para dar respuesta a la situación, más allá del caso concreto, el alto tribunal ecuatoriano ordenó la elaboración de protocolos de control migratorio aplicables a los puestos fronterizos y dispuso la realización de capacitaciones al personal administrativo y policial encargado del control migratorio.

Así mismo, en la sentencia se consideraron argumentos expuestos en un amicus curiae presentado por Women’s Link Worldwide acerca de la importancia de valorar las situaciones concretas de vulnerabilidad, riesgos específicos e impactos diferenciados que enfrentan las mujeres y niñas en los procesos migratorios.

Otro ejemplo es la Corte Constitucional colombiana, que se ha pronunciado en importantes decisiones sobre el derecho a la salud de personas migrantes, el derecho al debido proceso y la unidad familiar, entre otros. La Corte tiene también una oportunidad para contribuir a la adopción de un enfoque de derechos en la política migratoria colombiana, ya que sus fallos podrían ir más allá de los casos individuales y considerar situaciones estructurales que impiden que las personas migrantes accedan a sus derechos.

De hecho, dentro de poco decidirá acciones de tutela sobre derechos de adultos, niños y niñas migrantes a la salud, en particular aquellos que padecen enfermedades crónicas y VIH, y la protección de los derechos a una vida digna y a la justicia de una mujer de origen venezolano víctima de trata de personas con fines de explotación sexual que no fue identificada como víctima de esta vulneración de derechos y no recibió protección por parte de las autoridades.

Los casos ante las Cortes y otras autoridades judiciales de toda la región son una oportunidad para que los sistemas de justicia reparen las situaciones de falencias estructurales en la política migratoria y de atención a víctimas de trata y actúen allí donde los gobiernos y resto de autoridades estatales no están respondiendo adecuadamente.