La Corte Constitucional admitió una demanda en contra de la modificación del 2010 al régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario.
Minjusticia creó una comisión para revisar la vigencia y oportunidades de mejora de las disposiciones del Decreto 806, se elaboraría un proyecto de ley.
Sala Penal explicó que no se deben trasladar cargas propias de la administración de justicia al privado de la libertad.
El objeto de las prestaciones económicas es cubrir a los afiliados al SGSSS frente a las contingencias que afecten su salud y capacidad económica.
La Corte Constitucional resolvió las demandas de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 01 del 2020, por medio del cual se modificó el artículo 34 de la Constitución Política.
El papel de las sociedades de gestión colectiva como Sayco es primordial para la administración y el correcto recaudo de la explotación de los derechos patrimoniales.
Se demandó la inconstitucionalidad de la Sección 2201 del artículo 2 de la Ley 2063 del 2020, en la que el legislador apropió los recursos de las universidades públicas.
Se vulneran derechos a la vida digna, mínimo vital, a la seguridad social y al debido proceso al negarle el reconocimiento y pago de la sustitución a un hijo en estado de invalidez.
Mediante una circular, Mintrabajo reitera las obligaciones y deberes tanto de empleadores como trabajadores del servicio doméstico.
Las normas existentes asignan la facultad nominadora pero no regulan procedimiento que deben seguir para la elección del cargo.
La libertad de enseñanza está garantizada, pero igualmente limitada por disposiciones constitucionales y legales.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sanción a un juez por presentar incapacidades médicas para ausentarse de su cargo.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la sentencia en la que fue declarado responsable un juez por presentar mora judicial frente a la decisión de varios procesos.
El país lamenta el fallecimiento del magistrado de la Sala de Casación Laboral y expresidente de la Corte Suprema de Justicia.
Corresponde a las entidades territoriales definir en sus territorios los criterios de inscripción o exclusión de quienes realizan dicha actividad.
La Corte Constitucional explicó la vulneración de derechos fundamentales por la exclusión del programa Colombia Mayor.
El protocolo adoptado por la Fiscalía General de la Nación mediante la Resolución 10 del 2022 tiene como objeto sistematizar estos procedimientos y actuaciones.
El alto tribunal indicó que se violaron los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la paz de los desmovilizados por parte de la Unidad Nacional de Protección.
No podrían ser reintegrados al servicio público quienes nunca integraron o fueron parte del mismo.
También se conocieron los nombres de los dignatarios de cada sala del alto tribunal de la justicia ordinaria.
Corte protege derechos de joven en situación de discapacidad ante la decisión de un juez que exoneró a su padre de la cuota alimentaria.
En todo caso, deberá revisar cualquier inhabilidad o incompatibilidad que en esta labor pudiera presentarse.
Este documento se suma a las declaraciones del titular de la cartera del Trabajo, que en días pasados precisó quiénes deben pagar las incapacidades por aislamiento ante contagio de covid-19.
Este instrumento deberá cumplir los trámites ante los órganos legislativos de cada uno de los países y, en el caso de Colombia, deberá pasar posteriormente al aval de la Corte Constitucional.
Trata sobre la vulneración del derecho al debido proceso al dejar de analizar el caso con perspectiva de género en un proceso de restitución de tenencia.
Fallo de tutela ordena a la Registraduria incluir el género "no binario" dentro del documento de identidad.
Modifica parámetros de procedimientos y sanciones a los miembros de la institución en aspectos como la violación a los DD HH y el ocultamiento de la identificación policial durante la prestación del servicio.
Precisiones sobre bases de datos del portal web de la Rama Judicial y el sistema Nueva consulta de procesos nacional unificada.
El ordenamiento jurídico protege el derecho que tiene toda persona a la identidad, por lo que permite que se puedan variar ciertos aspectos.
En todo caso, deberá verificar que en desarrollo de su labor no ejerza jurisdicción o autoridad política, civil, administrativa o militar.
La Corte recordó que el ejercicio del derecho a la libertad de empresa no justifica la limitación del derecho a la libertad religiosa y de cultos.
No comparto, pues, el linchamiento a esta decisión del Consejo de Estado, que, por favorecer el arbitraje, merece reconocimiento.
Hasta tanto no renovemos la enseñanza del Derecho, la discriminación será la regla en su ejercicio.
Las entidades vigiladas deben poner en práctica procedimientos específicos y designar funcionarios responsables de verificar su cumplimiento.
La Corte admitió una demanda contra el artículo 11 de la Ley 2161 del 2021, por la supuesta vulneración de los artículos 157 y 160 de la Constitución Política al desconocer el principio de identidad flexible.
La jurisprudencia administrativa también ha considerado la posibilidad de declaratoria oficiosa judicial de la “nulidad absoluta del pacto arbitral”.
De un tiempo para acá, se están dando una serie de cambios, ninguno positivo, sobre cómo se está escribiendo en materia legal.
La Sentencia SU-388 del 2021 de la Corte Constitucional ha generado diferentes reacciones según el ángulo desde el que se mira.
Esta obra analiza la historia constitucional no contada en el país y los objetivos que se buscaron con los textos constitucionales.
ÁMBITO JURÍDICO recuerda a varios profesionales del Derecho que murieron el año pasado.
Una providencia ordenó el avalúo y venta en subasta de un inmueble con el que se pretendía el pago de la suma de dinero del deudor principal, distinto del actual dueño del predio.
Para la medición de la gestión de la vigencia 2022 y en adelante será aplicable la metodología en su versión 4.0.
Una tutela alegaba que la Fiscalía demoró más de nueve años en correr traslado de un escrito de acusación.
Aceptado el impedimento del Magistrado Linares, las votaciones por los proyectos de fallo resultaron en empate.
Revocación directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto no requieren el consentimiento previo cuando sea evidente que el acto ocurrió por medios ilegales.
El alto tribunal se pronunciará sobre las demandas contra el artículo 122 del Código Penal (Ley 599 del 2000).
La Ley 1755 del 2015, que regula el derecho de petición, podría ser considerada para obtener la información requerida.
Pruebas y los argumentos que presenten los usuarios de servicios públicos en sus reclamos ante las empresas prestadoras y ante la Superintendencia deben ser evaluados de manera integral.
Se confirmó la sentencia del Tribunal de Nariño que amparó los derechos fundamentales a la consulta previa y a la participación en materia ambiental de varios ciudadanos en contra de la ANLA, Mindefensa y Mininterior.
Se incurre en defecto procedimental por exceso ritual manifiesto al rechazar una demanda por no acreditar la confirmación del recibido de la comunicación en el correo electrónico.
El Consejo Superior de la Judicatura abrió convocatoria para proveer dos cargos, ante el vencimiento del periodo de los magistrados Patricia Salazar y Álvaro García.
La inhabilidad prevista en el artículo 179.8 de la Constitución Política no puede ser leída de manera aislada.
Es improcedente que se restrinja a los aspirantes al cargo a que se inscriban a una sola convocatoria para elección del personero municipal.
Corte protege el derecho a la diversidad étnica y cultural de los indígenas y su libertad de culto.
La Sala de Casación Laboral se apartó del criterio jurisprudencial adoptado en la providencia SU-313 del 2020.
Se reiteró el precedente constitucional relativo a que las leyes anuales de presupuesto tienen un contenido prefigurado en la Constitución y las leyes orgánicas que limita la libertad de configuración legislativa.
Habría asesorado en el estudio de los títulos de una propiedad para constituir una hipoteca sobre el bien como garantía del préstamo que recibió de otro ciudadano.
Es necesario analizar por qué a medida que se avanza en la carrera judicial la proporción de mujeres disminuye.
El Tribunal Constitucional Federal alemán ofrece una valoración constitucional-ambiental de amplio alcance, que exige evitar una visión cortoplacista y antitécnica del fenómeno del calentamiento global.
Los principios que acompañan el ejercicio del ‘ius puniendi’ fijan límites a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Existen razones más que suficientes para morigerar la autonomía del ciudadano que no se quiere vacunar.
La extinción de dominio es una acción directa, porque no requiere el agotamiento de otro procedimiento judicial o administrativo.
Además de ser novedosa y única en cuanto a su objetivo, la obra cuenta con la suficiencia investigativa para permitir una mirada juiciosa a esta figura.
Colombia puede confiar en que las empresas europeas que realicen actividades en su territorio conduzcan sus operaciones en línea con los principales instrumentos sobre este tema.
La Corte Constitucional admitió 21 de las 41 demandas presentadas contra los artículos 78 y 124 de la Ley 2159 del 2021.
Una de las grandes cuestiones por resolver es si hay acción humana en el metaverso.
Esperamos que este año se afiancen principios sólidos de seguridad jurídica en áreas rurales, que, a la fecha, han brillado por su ausencia.
El Mintic realizará las acciones necesarias para proveer el acceso a las telecomunicaciones e impulsar el desarrollo del ecosistema digital.
Se debe considerar la capacidad fiscal de la entidad territorial y que el incremento no supere el límite máximo salarial.
Si el año 2020 giró en torno a la profusa normativa expedida por el Gobierno Nacional para conjurar los efectos adversos generados por la pandemia del covid-19, en el 2021 el Congreso de la República retomó su papel de legislador. En efecto, más de 100 leyes de gran calado fueron expedidas en el año...
Sancionan a jurista con sanción de censura tras hallarlo responsable de incurrir en la falta disciplinaria, al ser designado como curador 'ad litem', ser notificado, sin que se acercara a posesionarse en el cargo.
Lo que se suspende es la forma de prestar el servicio público, en el sentido de entregar al usuario unas cantidades mínimas básicas e indispensables.
Se suprimen 75 cargos y, a su vez, se crean 193, los cuales serán distribuidos por la Dirección General de la entidad en la planta global.
El Departamento Nacional de Planeación definió los requisitos previos a la presentación de la solicitud y los criterios a tener en cuenta.
El otorgamiento del beneficio a uno de los padres no excluye la posibilidad de que se otorgue al otro, siempre y cuando no sean concomitantes.
No hay ninguna razón para que no se propicie y entienda una plena discusión probatoria, como lo ha de exigir la delicadeza del derecho de que se trata.
Derecho a constituir partidos políticos o movimientos políticos.
Interesante pronunciamiento sobre el derecho de acceso a la administración de justicia y el cumplimiento de fallos judiciales en el marco de una acción popular.
Busca consolidar el marco normativo que estructurará la ruta de formalización masiva y acceso a la tierra para campesinos.
El Decreto 1851 del 2021 reconfiguró la planta de personal de la Procuraduría General de la Nación, modificó el régimen de competencias internas y asignó nuevas funciones, amparado en el cumplimiento a una sentencia de la Corte IDH.
Los destinatarios de la “repetición” que prevé el Decreto 1072 del 2015 son los particulares investidos de funciones públicas.
Al expedir un documento que beneficiaba a un trabajador en un proceso disciplinario valiéndose de un cargo que ya no poseía, la profesional incurrió en la falta disciplinaria.
El Gobierno acaba de incrementar la prima que se reconoce para la atención de cada usuario dentro del plan de beneficios en salud, esta se conoce como la unidad de pago por capitación (UPC).
Para la constitución de las reservas requeridas por el FNG se presentará trimestralmente al Ministerio de Hacienda un informe por el valor equivalente al ajuste.
La norma desconocería situaciones que deberían permitir a los sujetos emitir información relacionada con la vida sexual, marital, conyugal o familiar del sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formación sexual.
Aunque una de las partes del negocio dirija el engaño y el otro tan solo se preste con su comportamiento a perfeccionar el artificio se configura el acuerdo simulatorio, la complicidad y auxilio a los intereses del copartícipe produce el efecto de esconder la verdad.
Debe preferir medios de control menos invasivos, que tengan un mínimo de perjuicios, sin vulnerar los derechos mínimos de sus colaboradores.
Para conocer la totalidad de las tarifas definidas por el Emisor puede consultar el archivo adjunto a esta nota.
El Consejo de Estado declaró la nulidad del decreto porque el Gobierno ejerció dos facultades reglamentarias distintas.
El pronunciamiento se da en un escenario de violencia institucional que vulneró los derechos fundamentales de una mujer afrodescendiente en condición de discapacidad cognitiva presunta víctima de violencia sexual.
Independientemente de que los profesionales reciban o no honorarios por parte de sus prohijados, la obligación de actuar con celosa diligencia subsiste y su incumplimiento deriva en falta disciplinaria.
La acción de tutela para la protección del derecho a la consulta previa-improcedencia por cuanto medidas adoptadas por autoridad municipal son de carácter general y no afecta directamente a la comunidad indígena.
La iniciativa hace reformas al Código Penal y otras normas como el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana y el Código de Extinción de Dominio.
El cobro por una entidad territorial requiere de autorización de la respectiva asamblea o concejo, quien determinará costos y beneficios.
Esta conducta es entendida como la dejación voluntaria definitiva y no transitoria de los deberes y responsabilidades que exige el empleo del cual es titular el servidor estatal.
Concejales de Bogotá presentaron la acción contra el parágrafo transitorio del artículo 6 y la totalidad del artículo 14 de la Ley 2116 del 2021.
Los tributos adoptados por las entidades territoriales solamente pueden ser aquellos que la ley ha creado.
Es preciso que se dé estricto cumplimiento a la Ley 581 del 2000, con la cual se reglamenta la efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público.
Recuerdan el deber que tienen las autoridades públicas de adelantar y resolver las actuaciones a su cargo de forma diligente y oportuna.
Un hombre se vio afectado por la emergencia ambiental que se desencadenó por la obstrucción de los túneles de la presa del megaproyecto Hidroituango y la consecuente creciente del río Cauca.
La Corte Constitucional ordenó a la UGPP el reconocimiento, liquidación y pago de la pensión de sobreviviente a un hijo en condición de discapacidad cognitiva.
El régimen podrá consistir en el otorgamiento, temporal, de dispensas, suspensiones, licencias, permisos o cualquier otro mecanismo de flexibilización.
Se cumplieron los requisitos formales para su expedición en sus fases previa gubernamental, trámite ante el Congreso de la República, sanción presidencial y envío a la Corte Constitucional.
El agente incumplió el deber de custodiar el inventario entregado para el desarrollo de la agencia comercial, así como la constitución de las garantías reales para salvaguardar su indemnidad.
Se configura una especial relación de sujeción entre el extranjero y el Estado en los traslados por protección como en la detención con fines de proceso migratorio.
Los proyectos de fortalecimiento de seguridad ciudadana y el de Bogotá Región son tramitados con mensaje de urgencia por el Gobierno.
A las personas que pertenecieron a organizaciones armadas que enfrenten las fuerzas del Estado y se acogieron al mencionado instrumento de desmovilización no les aplica “privilegio del combatiente”, pues no es un conflicto armado internacional.
La Fiscalía usó de manera masiva la medida de aseguramiento de detención preventiva como un instrumento de control del orden público en el marco del conflicto armado.
La notificación personal se entiende surtida transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr al día siguiente de la notificación.
Dos acciones de tutela pretendían que se permitiera acceder a visitas íntimas en los establecimientos de reclusión, en las condiciones preexistentes a la pandemia.
El Presidente de la República había formulado objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia al proyecto de ley “por medio del cual se reglamenta la actividad del entrenador deportivo”.
Héctor Riveros obtuvo 22 votos; Luis Manuel Lasso, 16 y hubo un voto en blanco.
La condecoración es una distinción creada para resaltar la importancia de la labor que para la democracia desempeñan los magistrados, jueces y empleados judiciales.
Se crea un trámite incidental para que los jueces de familia tasen los perjuicios, determinen la existencia y entidad del daño causado y ordenar las reparaciones que en derecho correspondan, con plenas garantías de defensa y contradicción para las partes.
De igual manera, el presidente Duque anunció que el subsidio de transporte se fijó en $ 117.172.
La grabación de una llamada telefónica entre el quejoso y el disciplinado que no cuenta con autorización o consentimiento no es válida como prueba en el proceso disciplinario.
Materias que son expresión del poder punitivo o sancionador del Estado no pueden ser objeto de regulación mediante decretos administrativos que se expidan por el gobierno con sujeción a las normas generales contenidas en la ley marco de aduanas dictada por el congreso de la republica con fundamento...
Se modifica el documento "Restricciones en la nómina y en la contratación estatal con ocasión de las elecciones a la Presidencia, Vicepresidencia y Congreso de la República".
El alto tribunal concluyó que la norma acusada vulneró el principio de igualdad en perjuicio de las comunidades NARP, y que han debido ser incluidas como destinatarias de la exoneración.
La implementación de la política tiene un costo indicativo estimado de $ 123.633 millones.
Este caso no solo evidencia irregularidades y vulneración a la normativa vigente, sino que demuestra que de haberse aplicado lo establecido en el ordenamiento jurídico, el resultado habría sido diferente.
Colpensiones había concluido que no era una mujer para efectos pensionales y no tenía derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, pues no tenía los 62 años exigibles a los hombres.
Han pasado 450 días desde la presentación de la acción sin que haya sido estudiada de fondo. 450 días en los que más de 450.000 mujeres podrían haber acudido a procedimientos inseguros.
Los defectos atribuidos al sistema se centran en aspectos que emergen de la implementación y no del sistema en sí mismo. ¿Qué esperar en el futuro del proceso penal colombiano?
Se adiciona el Capítulo 3 al Título 14 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 del 2015, único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional, con el fin de crear la Misión.
No están solamente en riesgo las garantías electorales y los derechos fundamentales vinculados a la próxima contienda política, sino la preservación de la supremacía e integridad de la Constitución.
La Corte Constitucional protegió el derecho a la defensa técnica y a la doble conformidad de un ciudadano que no conoció las posibilidades de impugnar su condena.
Tal vez, el legado más significativo de cara al avance institucional del mandato Barco fue su decidido impulso a la Asamblea Nacional Constituyente.
El principio del ‘onus probandi’ nos dice que la culpa médica no se presume y, por lo tanto, debe ser probada por el demandante.
Celebramos esta decisión en la que la Corte Constitucional demuestra su compromiso con los derechos de las mujeres y que, además, es un referente para que otros países.
La propia conciencia no es solo el primer juez de la propia conducta, sino el mejor juez de todos, pues resulta imposible engañarse a sí mismo.
En este articulado se detalla la estructura orgánica y objetivos del ministerio, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.
Minjusticia expidió un decreto que modifica el artículo 9 del Decreto 2266 de 1969, con el cual da cumplimiento a lo ordenado en una sentencia del Consejo de Estado.
Mi cábala sobre el incremento es que nuevamente será unificado y estará por el orden del 7 %.
Se tuvo que determinar si una tutela sometida a revisión configuró la figura de la temeridad o de la cosa juzgada constitucional, en razón a que los jueces que conocieron de la acción de amparo afirmaron que el actor ya había recurrido a este escenario judicial.
El regreso a clases presenciales es una medida necesaria para proteger el derecho a la educación de los menores y de otros derechos conexos como la salud, la alimentación, la vida digna, el desarrollo y la integridad personal.
Ante la dicotomía presentada por la remisión de los correos electrónicos es necesario atender el derecho sustancial del ciudadano por encima del procesal.
Es urgente la modificación de los currículos académicos, incluyendo módulos sobre el uso de tecnologías, la necesidad de un segundo y tercer idioma, al igual que la programación.
Es el único medio que permite que pueda surtirse un proceso penal en contra de los responsables de estos delitos.
Sostener que los árbitros no comprometen la responsabilidad del Estado implica desconocer la función de la administración de justicia.
Este procedimiento de compra de acciones en el mercado secundario, iniciado por el comprador y realizado a través de la Bolsa de Valores de Colombia, requiere de una serie de pasos para que finalmente se cristalice.
El presidente de Colombia, Iván Duque, recibió de manos del Rey Felipe VI de España el premio World Peace & Liberty Award, de la World Jurist Association.
Se enfocará en la promoción del Estado de Derecho como instrumento para el desarrollo de las naciones, ofreciendo una visión integral de grandes asuntos que preocupan a la sociedad y al mundo jurídico.
Excepción de inconstitucionalidad no es exclusiva de las autoridades judiciales, sino de toda autoridad que evidencie conflictos con postulados constitucionales.
La norma hace referencia a lo recibido al inicio de la gestión, durante el desarrollo o como producto de la misma y que no se entregue de manera oportuna.
El Ministerio del Trabajo expidió un decreto para determinar la garantía la continuidad de los derechos individuales o colectivos adquiridos en acto administrativo o acuerdo colectivo.
Servicios e insumos de salud se deben garantizar de manera continua, oportuna, permanente y eficiente, sin barreras administrativas.
La lectura realizada a la columna del profesor Diego López Medina me devolvió a repasar algunas anotaciones de Kelsen en el libro ‘¿Qué es la justicia?’.
Para dar cumplimiento al fallo que declaró inexequible el régimen pensional de congresistas y magistrados no es necesario el consentimiento del beneficiario.
Los criterios y principios que debe observar el juzgador cuando determina, gradúa y tasa la sanción cumplen un papel preponderante.
La Fiscalía no acreditó más allá de toda duda que el procesado tenía capacidad económica o ingresos para cumplir.
Tras reconocer que los huéspedes vieron afectada su intimidad, se concluyó que no era procedente excluir las pruebas de observación.
Solo ante razones justificadas y debidamente sustentadas ante el afiliado es posible modificar la información contenida en la historia laboral.
Según la demandante, se destinan los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines distintos a ella.
Según la demanda, siendo una regulación un asunto de naturaleza intrínsecamente restrictiva y delimitativa, deberá ostentar rango de ley.
El articulado detalla la estructura orgánica y objetivos de la cartera de Ciencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 150 de la Constitución.
El incremento que decrete el Gobierno permitirá mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores que perciben esta prima.
Es necesario verificar si hay plazas disponibles para reubicación y, en caso contrario, asegurarse de que estas personas sean las últimas desvinculadas.
Limitación en el tiempo para iniciar la acción es coherente con lo establecido para la caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
Javier Cremades García, presidente de la Asociación Mundial de Juristas, habla sobre el próximo Congreso Mundial de Derecho, que se realizará en Barranquilla, los días 2 y 3 de diciembre.
El periodo de facturación o consumo no siempre coincide con la fecha o mes en que se realiza la expedición de la factura.
Falta de información y buen consejo de las AFP también afecta el derecho de libre elección de régimen pensional.
La Sección Primera actualmente tiene a su cargo una demanda que persigue la nulidad de dicho acto administrativo.
El pasado 10 de octubre, se cumplieron 200 años de la liberación de Cartagena, el último baluarte del imperio español de lo que entonces se llamaba República de Colombia.
La directiva presidencial que envenena el nombramiento de árbitros en controversias del orden nacional en las que intervenga una entidad pública resultó peor que la enfermedad.
Ni las cajas de compensación integran la administración pública, ni los recursos que administran son presupuestales.
Si el Presidente hubiera objetado el artículo, la integridad de la ley no habría entrado en vigencia y no tendríamos presupuesto para el próximo año.
La gravedad del virus y la necesidad de contribuir con su mitigación pueden ser el sustento para que el Derecho regule la obligación laboral de aportar el carné de vacunación.
Esta decisión brinda una nueva oportunidad para estudiar el valor que la Corte IDH da a los programas nacionales de reparación.
Es necesario trazar y poner en marcha proyectos que tengan solidez en el tiempo y garantías legales de realización presente y futura.
Se reitera que está prohibido cualquier tipo de discriminación y las acciones en ese sentido deben ser sancionadas disciplinariamente.
Esta guía hace precisiones sobre la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ya que esta restricción fue modificada por la Ley 2159 del 2021.
La Academia Colombiana de Jurisprudencia realizó un debate titulado Las fronteras del juez: entre la creación y la interpretación del derecho.
No se probó en el proceso cuáles fueron las actuaciones de las autoridades que vulneraron las garantías de los demandantes.
Según la Corte, los postulados del instrumento cuestionado son compatibles con los mandatos constitucionales y valiosas herramientas.
La norma demandada hace menos estrictas las causales de inhabilidad de los diputados, frente a las causales de inhabilidad previstas para los congresistas.
El actual modelo que emplea el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá para la elección de árbitros nacionales cuenta con criterios de calificación estrictos.
No hay impedimento para que quienes continúen asegurados y cotizando accedan a una pensión que cubra un riesgo distinto al reconocido.
Se acreditó que la demandada estaba incursa en la causal de inhabilidad consagrada en el artículo 95.3 de la Ley 136 de 1994.
La disposición cuestionada desconoce la autonomía de los entes territoriales para administrar sus recursos.
Consejo de Estado absuelve a la Nación por homicidio de un civil y desplazamiento de su grupo familiar.
Es necesario que todas las áreas comunes sean accesibles y ejercer una vigilancia preventiva en el otorgamiento de licencias de construcción.
Los demandantes plantean que no existe cosa juzgada constitucional respecto de la Sentencia C-355, y que la evolución de la jurisprudencia constitucional nacional e internacional permite ir más allá de las tres causales previstas.
El ordenamiento jurídico colombiano encuentra una relación directamente proporcional entre el nacimiento de nuevos fenómenos económicos o supuestos de hecho que no habían sido contemplados con antelación y la necesidad de establecer reglas que ordenen dichas situaciones.
Colombia Compra Eficiente anunció la puesta en marcha, a partir del 1º de diciembre del 2021, de una herramienta interactiva para hacerle seguimiento constante a la ejecución de los recursos públicos.
Se hace necesario dar aplicación a la excepción contemplada en el parágrafo 2 del artículo 2 de la Ley 1609 de 2013, estableciendo como fecha de vigencia de la resolución el día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial.
Estas instancias tendrán su sede principal en las capitales de los departamentos, sin embargo, podrán desplazarse y adelantar actuaciones en toda el área de jurisdicción.
En el fallo se resaltan las reglas y subreglas que han robustecido el criterio hermenéutico de esa condición, a través de las sentencias SU-442/16 y SU-556/19.
¿Es posible ordenar inaplicar una norma que no existe?, ¿se puede ordenar la suspensión de los efectos de un proyecto de ley?, ¿puede un juez impedir al Presidente sancionar un proyecto de ley?
Según algunos magistrados, el amparo invocado ha debido concederse y proteger el derecho al debido proceso.
El texto advierte que la disposición modifica únicamente el inciso primero del parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 del 2005.
Luego de haber sido negada una medida cautelar, es posible concederla si han ocurrido hechos sobrevinientes que ameriten la intervención.
Pueden acudir ante la Fiscalía cuando crean que deben denunciar hechos médicos que presuntamente constituyan delitos.
La libre competencia económica es un derecho que supone responsabilidades y la empresa tiene una función social que implica obligaciones.
No hay contexto que permita referirse en términos desobligantes a un juez de la República, afectando su buen nombre o reputación.
Cuando hay un cambio de sistema procesal por renuncia o por adquisición del fuero constitucional durante la etapa de investigación conservará validez todo lo actuado y se parte de la base que hay equivalencia funcional.
Albert Louis Sachs, juez fundador de la Corte Constitucional de Sudáfrica de 1994 al 2009, analiza el posible fallo histórico que la Corte Constitucional de Colombia expedirá sobre el aborto.
A juicio de los demandantes, se indujo a error al ente territorial al conducirlo a firmar el acto sin una coordinación previa entre entidades.
Según la abogada Laura Castillo Garay, si bien en Colombia existe una conducta penal que sanciona el ofrecimiento engañoso de productos y servicios, su inaplicabilidad hace necesaria una reforma legislativa.
