En el 2021, el Legislativo retomó su protagonismo

Si el año 2020 giró en torno a la profusa normativa expedida por el Gobierno Nacional para conjurar los efectos adversos generados por la pandemia del covid-19, en el 2021 el Congreso de la República retomó su papel de legislador. En efecto, más de 100 leyes de gran calado fueron expedidas en el año calendario.

Grandes debates jurídicos también se dieron en torno a la reglamentación de la cadena perpetua y el fallo que declaró su inexequibilidad, a las decisiones sobre la eutanasia y a la exigencia de la vacunación para asistir a eventos y sitios públicos, entre otros.

Dos aniversarios de gran importancia fueron conmemorados en el país: los 30 años de la Constitución Política y los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta.

De otro lado, se emitieron las primeras decisiones por parte de tribunales en relación con uno de los peores escándalos de corrupción en la historia judicial del país: el “cartel de la toga”. En agosto, la Corte Suprema de Justicia condenó a 9 años y 8 meses de prisión al exmagistrado Gustavo Malo, mientras que, en diciembre, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a 16 años de prisión al exmagistrado Francisco Ricaurte.

Finalmente, en octubre, la Superintendencia de Industria y Comercio declaró la notoriedad de la marca ÁMBITO JURÍDICO LEGIS para identificar diferentes publicaciones especializadas en materia jurídica. Sin duda, esta decisión se convierte en un voto de confianza para seguir siendo, en el 2022, el medio líder en cubrimiento de noticias de interés para nuestros lectores.

La gran producción de leyes suscitó múltiples debates

 

El 2021 se caracterizó por ser un año de gran producción normativa: en total, fueron expedidas 106 leyes. Muchas de esas nuevas normas dieron pie a grandes debates, como la que estableció la imprescriptibilidad de la acción penal frente a delitos sexuales cometidos contra menores, la que prohibió el castigo físico como método correctivo, la que creó el Registro de deudores alimentarios morosos y la que hizo realidad un nuevo Código Electoral.

Otras, a su vez, cumplieron con el trámite legislativo con el objetivo de convertirse en una herramienta para contribuir con la reactivación económica del país, como ocurrió con la ley que fija el marco para repotenciar las zonas francas, la que regula la transición energética y la que fortalece el emprendimiento.

Sin embargo, el Legislativo también se ocupó de asuntos como la reforma las comisarías de familia y a los consultorios jurídicos, la regulación de nuevos delitos contra el medioambiente y los requisitos mínimos para retomar la aspersión aérea, así como la incorporación del acceso a internet a los servicios públicos de telecomunicaciones de carácter esencial y los parámetros para fomentar entornos alimentarios saludables.

 

Fortalecen la perspectiva de género

 

Las altas cortes fortalecieron el parámetro jurisprudencial que obliga a los jueces a fallar con perspectiva de género. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, fijó los requisitos para juzgar las controversias que involucran las prerrogativas de parejas con orientación sexual o identidad de género diversas.

Su homóloga, la Sala Penal, al estudiar un caso de presunto acceso carnal violento, recordó los elementos con los que las autoridades judiciales deben adelantar los procesos de este tipo, para evitar caer en prejuicios y estereotipos que revictimizan a las mujeres.

Y, finalmente, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, por primera vez, aplicó la referida perspectiva, de manera integral, al absolver a una fiscal que, en primera instancia, había sido sancionada.

La caída de la prisión perpetua revisable

 

Los cuestionamientos producidos alrededor de la reforma constitucional que suprimió la prohibición de la pena de prisión perpetua a quienes atentan contra la vida y la libertad sexual de los menores (A, L. 01/20), calificada por muchos de ineficaz, se avivaron con la expedición de su ley reglamentaria (Ley 2098/21).

Por eso, había una gran expectativa por el fallo de la Corte Constitucional, como resultado de las múltiples demandas que se instauraron ante esa corporación, el cual, finalmente, se produjo en septiembre del 2021, con una decisión esperada por los expertos: la declaración de inexequibilidad (Sentencia C-294/21).

Allí, el alto tribunal advirtió que esa sanción configura un retroceso en materia de humanización de las penas, en la política criminal y en la garantía de la resocialización, además de una trasgresión a un eje definitorio de la Constitución Política.

Adoptan protocolo de protestas y asistencia militar

Como resultado de la mesa de trabajo creada para definir el Estatuto de reacción, uso y verificación de la fuerza legítima del Estado, el 5 de enero del 2021, fue expedido el Decreto 003.

Si bien allí quedó trazada la hoja de ruta para la actuación de las autoridades en la conservación del orden en las manifestaciones públicas, el Gobierno, pocos meses después, habilitó a los alcaldes del país a solicitar la asistencia de las Fuerzas Militares para el restablecimiento del orden público durante el paro nacional (Decreto 575/21).

La polémica medida llegó a instancias judiciales, producto de las acciones que instauraron varios ciudadanos y que condujeron a la suspensión provisional de la norma. No obstante, tal decisión fue revocada, por encontrarse en estudio una demanda de nulidad en su contra.

La ampliación de la eutanasia y su regulación

 

Exigir como condición, para acceder a la eutanasia, que se trate de un paciente terminal puede llevar a una persona a sufrir un trato inhumano, cruel y degradante. Con este argumento, la Corte Constitucional amplió los eventos en los que el derecho a morir dignamente puede materializarse mediante la realización del polémico procedimiento. Todo esto, luego de reiterar el exhorto al Congreso de la República, para que regule el tema.

Y es que, a la fecha, de los 18 proyectos que han iniciado el trámite legislativo, ninguno ha logrado convertirse en ley. Sin embargo, el Ministerio de Salud ha procurado establecer, vía administrativa, las reglas que rigen el proceso para hacer efectivo el derecho: la norma más reciente es la Resolución 971 del 2021.

Reviven las circunscripciones transitorias especiales para la paz

 

Tras un largo recorrido, fue promulgado el acto legislativo que crea las 16 curules especiales para la paz (A. L. 02/21).

En efecto, el proyecto de reforma, que finalmente se materializará en las próximas elecciones, fue declarado “hundido”, en noviembre del 2017, luego de que se anunciara que no había obtenido las mayorías necesarias al votar el informe de conciliación.

Sin embargo, la Corte Constitucional revivió las circunscripciones, para otorgar espacio dentro del Congreso a las víctimas del conflicto armado (Sentencia SU-150/21). A partir de allí, han sido adoptadas las medidas necesarias para la actualización del censo electoral y para la inscripción de candidatos, entre otras.

Modulación e inexequibilidad del Piso de Protección Social

 

El Piso de Protección Social, adoptado en el artículo 193 del Plan Nacional de Desarrollo, fue centro de las discusiones durante el 2021. Aunque en febrero inició su operación, a mitad de año, la Corte Constitucional profirió dos decisiones que incidieron en el programa liderado por el Gobierno Nacional. En la primera, lo declaró inexequible, con efectos diferidos a partir del 20 de junio del 2023, mientras que, en la segunda, declaró su exequibilidad condicionada, aplicable durante la vigencia de las disposiciones.  

Reforma al CPACA

 

Cuatro ejes temáticos resumen la reforma al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). El primero distribuye las competencias entre el Consejo de Estado, los tribunales y los juzgados administrativos del circuito.

El segundo pretende fortalecer la función unificadora del Consejo de Estado, como tribunal de cierre, mientras que el tercero procura adoptar medidas para agilizar los procesos contenciosos, mediante el uso de las TIC. Y, por último, se resalta la nueva regulación para el aporte, la solicitud y la práctica de la prueba pericial.

Regulan el trabajo en casa y el trabajo remoto

 

Durante el 2021, el trabajo en casa y el trabajo remoto, finalmente, fueron regulados. La primera modalidad quedó prevista en la Ley 2088, para situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, en medio de una relación laboral, legal y reglamentaria con el Estado o con el sector privado. La segunda, establecida en la Ley 2121, permite ejecutar un contrato de trabajo, a través de diferentes tecnologías, siempre que se puedan ejercer las funciones contratadas de manera remota.

Medidas para la reactivación económica

 

Varias normas fueron expedidas una vez inició el segundo semestre del 2021, todas ellas encaminadas a hacer posible la fase de reactivación económica segura, adoptada a través del Decreto 580. El paquete de medidas incluyó al Decreto 579, proferido para lograr una mayor pluralidad de oferentes en los procedimientos de selección de la Administración, así como el Decreto 596, con el que se modificó lo relacionado con los acuerdos de recuperación y saneamiento de cartera agropecuaria y alivio a deudores del sector.

Las modificaciones al Código Disciplinario

 

El 2022 inicia con un debate que viene del año pasado: la reforma adoptada al Código General Disciplinario (Ley 1952/19), para cumplir con lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al condenar a Colombia por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta a Gustavo Petro.

La norma, además de conceder facultades jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, para vigilar la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas y de los elegidos popularmente, modifica diversas materias, como la doble instancia y la doble conformidad.

Se expide la Ley de Inversión Social

Septiembre inició con un nuevo conjunto de medidas de política fiscal, aprobado en tiempo récord por el Congreso de la República, las cuales están orientadas, según el Gobierno, a fortalecer el gasto social y a contribuir con la reactivación económica, con la generación del empleo y con la estabilidad fiscal del país. La nueva reforma tributaria, denominada Ley de Inversión Social, busca recaudar 15,2 billones de pesos, que, de acuerdo con el presidente Iván Duque, permitirán beneficiar a 29 millones de colombianos.

Nuevas decisiones sobre compañeros permanentes

Varios pronunciamientos proferidos a lo largo del 2021 refuerzan los derechos de los compañeros permanentes y la similitud del régimen que de su unión surge con el del matrimonio. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, advirtió que, una vez cesa la convivencia matrimonial o de hecho, ninguno de los cónyuges tiene legitimación para beneficiarse de los bienes que no ha contribuido a formar. La Corte Constitucional, a su vez, eliminó una barrera impuesta al cónyuge casado y separado que pretende la adopción de un menor con un nuevo compañero permanente.

Freno a la contratación por servicios

 

La importancia jurídica que surge alrededor del tema de la primacía de la realidad sobre las formas condujo a que el Consejo de Estado unificara su jurisprudencia con relación a la temporalidad del contrato de prestación de servicios; la delimitación del término de solución de continuidad en los contratos estatales de esta naturaleza que ocultan la existencia de una relación laboral que se declara, a efectos de determinar la prescripción de derechos, y la improcedencia de la devolución de los aportes a la Seguridad Social en Salud efectuados por el contratista.

Indagatoria e imputación

 

La Corte Constitucional concluyó una discusión sobre la que el país estaba atento: la tutela instaurada por el expresidente Álvaro Uribe contra un juzgado, en el contexto del proceso que se le adelanta por su presunta participación en el caso de falsos testigos. Precisamente, en esa oportunidad, la corporación aseguró que, ante un cambio de sistema procesal, por renuncia o por adquisición del fuero constitucional durante la etapa de investigación, conserva validez todo lo actuado y existe equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación.

Sanción por no entregar dineros

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial puso fin a la interpretación restrictiva que venía siendo aplicada al determinar si un abogado había incurrido en la falta a la honradez, consistente en no entregar los dineros, los documentos o los bienes, a quien corresponda, recibidos en virtud de la gestión profesional. Un nuevo fallo de unificación recoge la postura que permitió absolver a varios inculpados que retuvieron dineros y, además, explica cuándo un profesional del Derecho materializa la conducta disciplinable.

Reparto de la acción de tutela

Con el objetivo de proteger la seguridad jurídica y garantizar la satisfacción del interés general, el Ministerio de Justicia expidió la norma que modifica algunos artículos del Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho (DUR 1069/15), referentes a las reglas de reparto de la acción de tutela. De los ajustes realizados, se resalta la determinación encaminada a que las tutelas dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado.

Ley de “borrón y cuenta nueva”

Tras la revisión previa de constitucionalidad y la sanción presidencial, la modificación a la Ley Estatutaria de Hábeas Data empezó a regir desde el pasado mes de octubre. La norma, conocida como “de borrón y cuenta nueva”, consagra, entre otras, una amnistía, por una única vez, para quienes se pongan al día en los primeros 12 meses de vigencia o ya lo hayan hecho, así como la eliminación del reporte negativo inmediato, en algunos casos.

Pronunciamientos sobre justicia digital

La implementación de la justicia digital fue consolidándose durante el 2021. Y aunque persiste la discusión en torno a la conveniencia de retornar a la presencialidad total, las altas cortes han venido despejando dudas sobre la aplicación del Decreto Legislativo 806 del 2020. Así ha ocurrido gracias a las acciones de tutela que en varios tipos de procesos se han presentado, en temas como la regla de notificación personal y el rechazo de recursos por ser enviados minutos más tarde de las horas de cierre, entre otros.

 

Listo Estatuto Temporal de Protección para Migrantes

A comienzos de año, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió el Decreto 216 del 2021, mediante el cual adoptó el “Estatuto temporal de protección para migrantes venezolanos bajo el régimen de protección temporal”, mecanismo jurídico que está compuesto por el Registro Único de Migrantes Venezolanos y el Permiso por Protección Temporal. De conformidad con esa norma, los beneficios allí adoptados cobijan a los venezolanos que estén en el territorio colombiano de manera regular.

Depuración normativa deja sin vigencia 465 leyes y 143 decretos

Con el fin de fortalecer el principio constitucional de seguridad jurídica, 465 leyes y 143 decretos perdieron vigencia expresa como consecuencia de la expedición de la Ley 2085 del 2021, por medio de la cual se ejerció la figura de la depuración normativa. El Gobierno aplicó criterios como la obsolescencia, la contravención al régimen constitucional actual, la derogatoria orgánica, el cumplimiento del objetivo normativo y la vigencia temporal, entre otros, para retirar del ordenamiento dichas disposiciones.

 

Nueva postura sobre la materialización del tráfico de estupefacientes

En relación con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (C. P., art. 376), un fallo de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que es necesario diferenciar si la persona portadora de la sustancia tiene la condición de mero consumidor o si el comportamiento objeto de juzgamiento está relacionado con su tráfico, pues solamente en este último evento es tolerable una respuesta punitiva por parte del Estado.

 

Régimen de responsabilidad de los administradores no se rige por culpa tripartita

A través de un pronunciamiento de mediados del año, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoció que la Ley 222 de 1995 introdujo importantes novedades para dar respuesta adecuada a los problemas propios de una sociedad, a los deberes que se le imponen a los administradores y a las acciones con las que cuentan los que lleguen a ver lesionados sus derechos con sus gestiones o desatenciones. En tal sentido, el fallo aclaró los alcances del parámetro del “buen hombre de negocios”.

 

Licencia de paternidad se amplía a dos semanas

Por medio de la Ley 2114 del 2021, se amplió la licencia de paternidad, se creó la licencia parental compartida y la licencia parental flexible de tiempo parcial. En consecuencia, el padre tendrá derecho a dos semanas de licencia remunerada de paternidad, la cual aplica por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante. El soporte válido para el otorgamiento de la licencia será el registro civil de nacimiento.

 

Corte IDH declaró la responsabilidad de Colombia por caso Jineth Bedoya

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad de Colombia por la violación de los derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la honra, a la dignidad y a la libertad de pensamiento y expresión de la periodista Jineth Bedoya Lima. La decisión es resultado de los hechos ocurridos el 25 de mayo del 2000, cuando Bedoya fue interceptada y secuestrada en las puertas de la cárcel La Modelo por paramilitares y luego sometida a tratos vejatorios y violentos.

 

Gobierno establece medidas de vacunación para asistir a eventos

Ante la persistencia de situaciones de riesgo originadas por el covid-19 y que, según el Ministerio de Salud, deben ser atendidas con medidas específicas, el Gobierno Nacional expidió varios decretos con el objeto de regular el alcance de la exigibilidad del carné de vacunación, para la asistencia a lugares y eventos públicos y privados. En ese sentido, determinó que, desde el 16 de noviembre, los mayores de 18 años debían exhibir el documento para ingresar a bares, cines, restaurantes y discotecas, entre otros. Luego, la medida se hizo obligatoria con dos dosis y se extendió a los mayores de 12 años.

En firme, fallo con responsabilidad fiscal en el caso Hidroituango

Gran controversia generó en el país el fallo con responsabilidad fiscal que emitió la Contraloría General de la República, por 4,3 billones de pesos, en contra de 26 funcionarios y contratistas, como consecuencia del daño al patrimonio del Estado producto de las mayores inversiones realizadas en el proyecto Hidroituango. La decisión, que, a título de culpa grave, se profirió en septiembre, fue confirmada en diciembre. Finalmente, se llegó a un acuerdo para el desembolso del dinero por parte de varias aseguradoras.