La Corte Constitucional admitió una demanda en contra del artículo 30 de la Ley 1430 del 2010, “por medio de la cual se dictan normas tributarias de control y para la competitividad”, y el Decreto 2245 del 2011, “por el cual se establece el Régimen Sancionatorio y el Procedimiento Administrativo Cambiario a seguir por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”. El demandante sostiene que se vulneran los artículos 29; 150, numerales 1, 2 y 10, y 189, numeral 11, de la Constitución Política. En su opinión, el Congreso no puede delegar en el Presidente de la República la modificación del régimen sancionatorio y el procedimiento administrativo cambiario, toda vez que el ejercicio de la prerrogativa de reforma a las leyes le fue asignada por la Constitución al primero, en forma exclusiva y excluyente (Demandante: William Esteban Gómez Molina).