El protocolo adoptado por la Fiscalía General de la Nación en la Resolución 10, del 7 de enero del 2022, sistematiza los procedimientos y actuaciones del ente acusador para la verificación de capturas, aprehensiones y traslados de personas durante el desarrollo de actos de protesta social, especialmente en el sentido de priorizar el control constitucional y de legalidad de capturas en flagrancia.

Esta resolución se dirige a todos los servidores que conozcan de las capturas, aprehensiones o traslados de personas, así como aquellas que asuman conocimiento de investigaciones para verificar presuntos excesos de la fuerza pública eventos de protesta. También se dirige a los servidores de la entidad que hagan parte de los espacios interinstitucionales de coordinación, especialmente con la Procuraduría General de la Nación y la Policía Nacional. (Lea: revocan fallo de tutela que suspendió decreto de asistencia militar en protestas)

Marco legal

El marco legal de actuación del protocolo es investigar los hechos que presente características de un delito y que lleguen a su conocimiento. Así mismo, se recuerda que el control constitucional del acto de captura es competencia de los jueces de control de garantías, por lo que entonces corresponde a la Fiscalía presentar solicitudes de captura ante la autoridad judicial y también la legalización de capturas en flagrancia.

Como la Fiscalía General de la Nación no cumple funciones relacionadas con los traslados por protección, ante cualquier hecho que demuestre las características de un delito asociado a actos de protesta social el ente activará sus funciones de investigación y acusación.