Es aconsejable que el ente investigador garantice el desarrollo de esta diligencia, sin que, en caso contrario, se produzca la inobservancia de garantía alguna.
La responsabilidad en el pago y recaudo de los ingresos que financian las prestaciones derivadas de los riesgos laborales es compartida entre los empleadores y las ARL.
En caso contrario, incurrirían en ejercicio ilegal de la actividad financiera y, eventualmente, en el delito de captación masiva y habitual de dineros.
La Ley 975 del 2005 busca evitar que quienes se dedicaban a esta actividad con fines ajenos a los objetivos de las organizaciones armadas ilegales se aprovechen de los beneficios.
La Sala debe analizar el artículo 1º, según la cual únicamente los máximos responsables de delitos de lesa humanidad cometidos sistemáticamente serán objeto de la acción penal.
Las normas disciplinarias buscan encauzar la conducta de quienes desempeñan funciones públicas, imponiéndoles deberes para lograr el cumplimiento de los cometidos estatales.
El hecho de que los contralores sectoriales no tengan un título profesional en Contaduría no significa que sus conclusiones carezcan de bases técnicas.
Con la entrada en vigencia de Ley 741, es necesario que la solicitud de revocatoria la suscriban los ciudadanos, sin distinción de una condición especial.
Exigir requisitos que no están previstos en la Constitución ni la ley hace nugatorio el derecho de los afiliados a que se les reconozcan sus derechos pensionales.
La interrupción forzada del embarazo se castigaría con prisión de 160 a 324 meses, y la misma pena aplicaría para la prostitución, la esclavitud y el aborto en este contexto.
Para el demandante, el inciso 4º del artículo 91, sobre destinación de divisas, está viciado de inconstitucionalidad, porque el proyecto de ley fue radicado por el Fiscal General de la Nación.
La facultad de hacer efectivo el pago de obligaciones tributarias está limitada en el tiempo y no puede ir en contra del objeto mismo de la prescripción.
Es posible que el funcionario se aparte de la exacta imputación jurídica formulada por la Fiscalía, en la medida que la nueva respete los hechos y verse sobre un delito del mismo género.
Suspender las solicitudes de varias ofertas en el procedimiento de contratación directa para los bienes sometidos a reserva transgrede el principio de selección objetiva.
Los certificados podrían expedirse utilizando medios electrónicos, en las condiciones que establezca el Ministerio del Interior, y tendrían una vigencia de 30 días.
Estos asuntos no pueden estar supeditados a una actuación administrativa, sino que deben ser resueltos únicamente por vía judicial, advirtió la Corte Constitucional.
El Ejecutivo interpretó erróneamente el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, al establecer que esta asignación no podía calcularse como parte del salario.
Se debatirán propuestas para eliminar la prescripción de la acción penal contra las conductas punibles de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Esa disposición va en contravía del principio de celeridad que rige a la tutela, pues abre la puerta para que se amplíe el plazo constitucional previsto para dicha acción.
La Corte Constitucional concluyó que se justifican las diferencias entre los matrimonios y la unión marital de hecho, sin que ello sea violatorio del derecho a la igualdad.
El tribunal requirió al Estado colombiano para adoptar medidas que garanticen la vida e integridad personal de Danilo Rueda, miembro fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.
Las faltas a la ética o el incumplimiento de la normativa que regula el ejercicio profesional del contador público generan graves consecuencias para la comunidad.
Dado que la confesión es un elemento probatorio, debe ser digna de credibilidad y valorarse con los demás medios de prueba, de acuerdo con las reglas de la sana critica.
La retransmisión es la “re-emisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente” y no abarca la comunicación al público de la señal propiamente dicha.
La corporación concedió las medidas cautelares solicitadas por el mandatario en el trámite de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión que lo destituyó.