Al considerar que el Gobierno siguió los lineamientos establecidos por el artículo 60 de la Constitución para enajenar su participación accionaria en Isagén, el Consejo de Estado revocó la suspensión del Decreto 1609 del 2013. En su criterio, dicho mandato, que obliga a la administración a democratizar la titularidad de las acciones, da lugar a la privatización de bienes estatales. Además, dice, no se afecta el patrimonio público, en tanto se trata del cambio de un bien fiscal por uno público. Finalmente, la Sala resaltó que el Ministerio de Hacienda aportó pruebas suficientes que demuestran que la decisión está basada en estudios relacionados con la valorización de las acciones de Isagén. La Sección Cuarta revocó así la decisión de la Sección Primera, que había decretado la medida cautelar (C. P. Carmen Teresa Ortiz).