El fiscal Eduardo Montealegre le pidió a la Corte Constitucional que declare inexequible parte del artículo 3º del Acto Legislativo 1 del 2012, que señala que los delitos de genocidio y de lesa humanidad cometidos sistemáticamente no pueden ser considerados como conexos a punibles de carácter político. Para el jefe del ente investigador, es contrario a la Constitución vedar de por vida a quienes incurran en tales actuaciones de la posibilidad de ejercer funciones públicas. En su criterio, esta disposición cercena la libertad de configuración del legislador para definir las actuaciones conexas al delito político, llevando al traste con la posibilidad de dar una salida negociada al conflicto.