La expedición de una norma que señala que se deben entender en su sentido natural los términos no definidos en la reglamentación de compras y contrataciones a cargo del Estado no implica que se excluya de ella la interpretación del juez, sostuvo el Consejo de Estado al negar la suspensión provisional del artículo 3º del Decreto 1510 del 2013 (inciso 1º). Teniendo en cuenta esta concepción, la Sala aclaró que disposiciones de esta naturaleza no pueden generar modificaciones o suponer derogaciones tácitas de las reglas de tramitación y decisión de procesos regidos por el CPACA o el Código General del Proceso. A su juicio, no se trata de un método exclusivo y excluyente de interpretación de estos conceptos, pues, además, el principio de integración normativa permite que en este escenario tengan cabida la Constitución Política, el Código Civil y el régimen de contratación estatal (C. P. Jaime Orlando Santofimio).