La Sección Segunda del Consejo de Estado reiteró que el ajuste de pensiones y asignaciones de retiro de los miembros de la fuerza pública debe hacerse conforme al índice de precios al consumidor (IPC), en cumplimiento de los artículos 14 y 142 de la Ley 100 de 1993 y teniendo en cuenta que en Sentencia 8464-2005 de mayo del 2007 ya se había establecido que en el caso de los oficiales les resultaba más favorable el reajuste aplicación del IPC, respecto de los años 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. En el caso concreto, extendió los efectos de su jurisprudencia y ordenó el ajuste de las asignaciones de retiro sin perjuicio del término prescriptivo (C. P. Gerardo Arenas Monsalve).