Por no desvirtuar la presunción de legalidad del numeral 4º del artículo 27 del Decreto 4760 del 2005, que reglamenta parcialmente la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005), el Consejo de Estado negó la nulidad solicitada. Esta norma señala como requisito para la concesión y tasación de la rebaja de pena contenida en el artículo 70 de la ley que el condenado haya cooperado con la justicia. A juicio del alto tribunal, la citada disposición no resulta contraria a la garantía constitucional de no ser obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes, consagrada en el artículo 33 de la Constitución. La decisión del Consejo de Estado corresponde a la demanda presentada por un ciudadano ante la Corte Constitucional en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, que fue remitida por esa corporación al máximo tribunal de lo contencioso administrativo, e interpretada por la Sección Primera como de nulidad simple (C.P. Guillermo Vargas Ayala).