El Consejo de Estado sostuvo que desatender las obligaciones que el artículo 9º de la Ley 48 de 1990 le impone al servicio de reclutamiento y movilización para definir la situación militar de los colombianos puede ser violatorio de derechos fundamentales a la educación y al trabajo. Ello porque de este proceso puede depender el acceso del ciudadano al mundo laboral y a la educación superior. En el caso concreto, la desatención de estos deberes por parte de la demandada estaba impidiendo que el tutelante obtuviera un título profesional. La Sala ordenó definir la situación militar del accionante, amparando sus derechos al debido proceso, la educación y al trabajo (C. P. Alfonso Vargas).