El parágrafo del artículo 89 del plan nacional de desarrollo del periodo 2010-2014 (Ley 1450 del 2011) trasgrede los artículos 2º, 4º, 136, 158, 189, 339 y 374 de la Carta Política, así lo advierte una acción pública de inconstitucionalidad admitida el pasado 12 de mayo. En opinión del demandante, el Congreso de la República desbordó sus competencias al otorgarle a la Superintendencia de Puertos y Transporte (Supertransporte) la facultad para reglamentar los sistemas de seguridad documental que deben implementar sus vigilados, ya que sustituyó el Presidente de la República en su potestad reglamentaria, la cual es intransferible (demandante: Emilse Rico Coba).