El Consejo de Estado decretó la nulidad de los apartes normativos mediante los cuales el Gobierno reglamentó el pago de la prima especial a la cual tuvieron derecho los congresistas entre los años 1994 y el 2007. Según su conclusión, estas disposiciones disminuyeron el salario de los legisladores y demás servidores cobijados con el mismo régimen, toda vez que lo que se hizo fue despojar de su condición salarial al 30 % de la asignación básica mensual de los parlamentarios. En criterio del alto tribunal, el Ejecutivo interpretó erróneamente el alcance del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, que da origen a esta asignación, al establecer que no podía ser calculada como parte del salario. Esto obedece, dice la Sala, a que los beneficiarios terminaron privándose de los efectos prestacionales de estos dineros. Esto, agrega, en detrimento de lo dispuesto por el artículo 2º de la Ley 4ª de 1992, que en su literal a) precisa que, en ningún caso, los legisladores pueden sufrir la disminución de sus salarios y prestaciones sociales (Conjuez ponente: María Carolina Rodríguez).