La Corte Constitucional declaró exequibles algunos apartes normativos que regulan los beneficios del impuesto a la renta para la equidad (Cree) y su destinación (artículos 24 y 25 parciales de la Ley 1607 del 2012). En ese sentido, declaró como ajustado a la Carta Política que los recursos recaudados sean destinados a la financiación de programas sociales en favor de la población más vulnerable, lo mismo para el descuento en la tarifa a los empleadores, en aras de la generación de nuevos puestos de trabajo. Pese a que coincidía con esta postura, en su concepto, la Procuraduría había solicitado declarar inexequible la norma que permite incorporar y apropiar en el año siguiente los recursos del Cree que en la respectiva vigencia fiscal no fueron ejecutados, como lo consagra el artículo 28.