El Consejo de Estado sostuvo que cuando se evidencie dolo o culpa grave del funcionario como factor determinante de la producción del daño antijurídico a cargo de la Nación es procedente la acción de repetición en su contra (artículo 77 del Decreto 01 de 1984). Con estos argumentos, la corporación condenó al excongresista Julio Bernal Acosta por la responsabilidad patrimonial que tuvo que asumir la administración para reparar a una mujer, tras la declaratoria de nulidad de la resolución por medio de la cual se aceptó su renuncia al cargo que ocupaba en el Congreso. La Sala encontró que el exparlamentario presionó a la funcionaria para que esta se apartara por voluntad propia del empleo, a sabiendas de que se encontraba en estado de embarazo; la corporación recordó, a su vez, que el artículo 63 del Código de Procedimiento Civil califica el dolo o la culpa grave como la acción que, por negligencia, deja ver un deseo de quebrantar el orden jurídico (C. P. Stella Conto).